Ahora, más que nunca, se necesitan políticas de pleno empleo
Artículos de Opinión | Vicenç Navarro | 15-09-2012 |
En un
momento en que el desempleo es la mayor característica de los mercados
laborales de la mayoría de países a los dos lados del Atlántico Norte, es
sorprendente (aunque predecible) que nadie hable de la necesidad de desarrollar
políticas de pleno empleo. Parece como si la crisis económica y financiera
hubiera eliminado completamente cualquier inquietud sobre la necesidad de que
el Estado (que incluye tanto el central como el autonómico y el municipal)
intervenga en la economía para producir ocupación y alcanzar el pleno empleo.
Nadie habla, ni en los círculos financieros y económicos ni en los mayores
fórums mediáticos y políticos del país, de la necesidad de políticas que
produzcan pleno empleo. De lo que sí se habla, en cambio, es de facilitar la
destrucción de empleo a partir de reformas laborales que permiten mayor
flexibilidad laboral y facilitan el despido. De esta manera, el Estado está
aprobando leyes que facilitan tal despido, a la vez que está destruyendo empleo
público (en teoría para reducir el gasto público y con ello reducir el déficit
público).
Esta
situación, repito de nuevo, es predecible. Aclaro esto porque en los debates de
política económica se habla con excesiva frecuencia de que los resultados de la
aplicación de tales políticas públicas, que están logrando resultados opuestos
a lo que en teoría persiguen (todas las reformas laborales realizadas durante
la crisis se presentaron retóricamente como necesarias para disminuir el
desempleo), se deben a la incompetencia de las autoridades públicas o a su
insuficiencia, argumento este último repetido por los economistas neoliberales
que dominan los medios de mayor difusión en España, que proponen reformas y
recortes todavía más radicales.
No es
incompetencia (sin negar que ella también exista), sino diseño. Estas políticas
estaban destinadas a incrementar el desempleo, en parte para forzar el descenso
del salario. Y así lo han estado consiguiendo. Lo último que tales autoridades
públicas desean es crear empleo y todavía menos alcanzar pleno empleo. Uno de
los economistas más brillantes que hubo en el siglo XX, Michal Kalecki, lo
escribió muy claro en un libro que significativamente lleva el título de
‘Aspectos Políticos del Pleno Empleo’. Fue de los pocos economistas que analizó
las políticas económicas dentro del contexto político que las determinan. La
ausencia de este tipo de análisis explica que hoy se centre el debate en Europa
sobre la viabilidad del euro, asumiendo que el euro puede desaparecer por
propia lógica económica, sin percatarse de que la creación, existencia y
mantenimiento de tal moneda respondieron a las coordenadas de poder existentes en
Europa y, muy en especial, al capital financiero alemán, para el cual el euro
le está siendo sumamente beneficioso, utilizando sus instrumentos, como el
Banco Central Europeo, para alcanzar sus objetivos (ver mi artículo “El euro no
tiene problemas, las clases populares sí”. Público 24.08.12). Y uno de sus
objetivos ha sido controlar la inflación, a costa del crecimiento de desempleo.
El elevado desempleo existe porque así ha estado diseñado en un proyecto
altamente exitoso pues están consiguiendo lo que querían.
Y el hecho
de que no se hable de políticas de pleno empleo en los mayores círculos
mediáticos del país (y por lo tanto tampoco en los mayores fórums políticos) se
debe precisamente al enorme poder que el capital financiero (la Banca, las
compañías de seguros y las empresas financieras de alto riesgo, entre otras,
definidas y analizadas por Juan Torres y por mí en nuestro libro “Los Amos del
Mundo” de próxima publicación) tiene sobre las instituciones llamadas
representativas. El control de la inflación a través de las políticas de
austeridad, incluyendo reducción de salarios y gasto público, creación de
desempleo (disminuyendo así la demanda y el crecimiento económico) es el
objetivo del proyecto neoliberal presentado como el único posible. De ahí que
el desempleo aumentara y el crecimiento de la economía productiva disminuyera
en el promedio de los países de la Eurozona, a partir del establecimiento del
euro. El único crecimiento era el facilitado por las burbujas financieras
especulativas, como pasó en España.
A aquellos
lectores que duden de la existencia de tal proyecto, les aconsejo que miren los
datos. El crecimiento español se debió a las burbujas estimuladas por el
capital financiero alemán y español (que empobreció enormemente al país,
absorbiendo recursos que deberían haberse invertido en actividades más
productivas y necesarias), creando empleo de bajo coste y baja productividad. Y
todo ello ocurrió con la participación y complicidad de las estructuras de
gobierno de la Eurozona (incluido el Banco Central Europeo, el Consejo Europeo
y la Comisión Europea) y de los sucesivos gobiernos españoles. Detrás de este
entramado político estaban los amos del mundo, es decir, el capital financiero.
¿Qué debería
hacerse?
En realidad,
la respuesta es muy fácil. Recuperar las políticas de pleno empleo, mediante
(como ocurrió en situaciones históricas anteriores en países en depresión) la
creación de empleo financiado públicamente en infraestructuras sociales (sólo
un adulto de cada diez trabaja en los servicios públicos del Estado del
Bienestar en España, comparado con uno de cada cuatro, en el caso de Suecia),
creando cinco millones de nuevos puestos de trabajo, en muchas áreas
productivas como los sectores verdes -tanto en mantenimiento como en creación
de nuevas formas de energía- con lo que deberían crearse otros nuevos cinco
millones de puestos de trabajo.
Estos gastos
podrían financiarse fácilmente, asegurándose de que los ingresos al Estado
alcancen los porcentajes del PIB que tienen los países más avanzados económica
y socialmente, como los países nórdicos de Europa (en España es el 35%, en
Suecia es el 51%), sin que el mayor incremento impositivo recayera en la
ciudadanía normal y corriente. En realidad, la mayor aportación debería venir
del causante de la crisis actual, es decir, el capital financiero. No es cierto
que la Banca no tenga liquidez. La tiene, y mucha. Lo que ocurre es que la
tiene guardada, entre otros lugares, en el Banco Central Europeo. El BCE ha prestado
desde finales del año pasado a unos intereses bajísimos (menos del 1%) un
billón de euros (sí, ha leído bien, un billón de euros) a la Banca europea. De
esta cantidad, la mitad (500.000 millones de euros) a la Banca española e
italiana. Y la Banca española depositó gran parte de estos fondos en el BCE,
sin utilizarlos para cumplir su función social, que es la provisión de crédito.
Hoy la Banca española es enormemente parasitaria: está absorbiendo dinero
público tanto del BCE como del Estado español, sin que ello se refleje en
incremento del crédito.
Sería, por
lo tanto, lógico que el Estado nacionalizara la Banca y/o permitiera la
existencia de la Banca privada sólo con la condición de que ofreciera crédito a
unos intereses regulados públicamente que garantizaran su accesibilidad y
disponibilidad. Y, sobre todo, que se gravara masivamente, intentando reducir
su tamaño y eliminar su comportamiento especulativo, centrándose en su función
social, que es la única que justifica su existencia.
Mi amigo
Robert Pollin, Catedrático de Economía de la Universidad de Massachussets,
acaba de publicar un libro, ‘Back to Full Employment’, de la editorial MIT, que
detalla como la inversión en actividades productivas de los fondos depositados
por la banca privada en el Banco Central Estadounidense, el Federal Reserve
Board, (1,6 billones de dólares) podría convertirse en uno de los mayores
fondos para crear empleo. También recomienda que los préstamos del Estado
Federal a la Banca se condicionen a la capacidad productiva de empleo por parte
de sus actividades financieras. Y debería también gravarse masivamente todas
las transacciones financieras que conducen a actividades especulativas. Incluso
Gran Bretaña, sede de la City, grava los bonos públicos (0.155) y los derivados
(0.005). Todo ello podría y debería ocurrir sin que se requiriera gran
inversión pública, pues sería forzar a la Banca a que pagara a la sociedad,
compensando por el enorme daño que ha creado. Que no se consideren estas
propuestas razonables se debe al excesivo poder que los ”amos del mundo” tienen
sobre el BCE y sobre las autoridades públicas.
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