Castilla-La
Mancha prevé cubrir sólo el 0,6 % de su presupuesto de ingresos con la venta de
montes públicos.
España |
Tercera Información | 19-02-2013 |
Ecologistas
en Acción considera que la cifra que se espera ingresar es ridícula en
comparación con el daño ambiental, social y económico que provocaría la venta y
que ello demuestra que la medida no persigue otra cosa que beneficiar a unos
pocos privilegiados con influencia y mucho dinero.
Según consta
en Ley 10/2012, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2013, el Gobierno Regional espera
recaudar 45,6 millones de euros por la venta de terrenos no urbanos.
Esta partida
aprobada en las Cortes en diciembre pasado esconde el monto que la Junta prevé
conseguir por la venta de montes de utilidad pública, así como por otros
terrenos rústicos de titularidad autonómica pero también de gran valor
ambiental.
Resulta que
los planes que en principio se negaron y luego se matizaron desde la
Presidencia y la Consejería de Agricultura figuran, negro sobre blanco, en los
Presupuestos Generales y nadie, tampoco la oposición, había reparado en ello.
Esta
partida, aunque pudiera parecer elevada, es sin embargo, ridícula desde el
punto de vista de su trascendencia financiera. Los ingresos que espera
conseguir la Junta con terrenos de gran valor ambiental y social representan
apenas el 0,6 por ciento de los ingresos totales que se reflejan los
presupuestos de 2013. Una cantidad testimonial sobre el total de 7.440 millones
de euros de ingresos previstos en el conjunto de los presupuestos.
Para Ecologistas
en Acción estas cifras revelan que la enajenación de los montes de titularidad
pública no tiene una trascendencia económica significativa, sino que lo que se
pretende con la medida es poner a disposición de unas pocas personas con dinero
e influencia bienes públicos a precios muy ventajosos.
La opaca
gestión de la venta de terrenos públicos está poniendo en riesgo un patrimonio
natural que abarca casi 171.000 hectáreas de montes de utilidad pública y cerca
de 50.000 hectáreas de otros terrenos de titularidad pública que cumplen
importantes funciones sociales y medioambientales. Entre estos últimos figuran
las parcelas de reemplazo procedentes de permutas de vías pecuarias y numerosas
fincas con monte natural o repoblado.
Ecologistas
en Acción insiste en exigir transparencia a la Junta en todo este proceso pero,
sobre todo, que abandone la idea de la venta masiva de terrenos con altos
valores naturales, una medida que transgrediría la actual legislación de montes
y que cada resulta más evidente que se hace para beneficiar a unos pocos
privilegiados.
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