El
Ayuntamiento de Madrid ha presentado un calendario exprés de revisión del
planeamiento de la ciudad para seguir adelante con desarrollos ilegales y
anulados por el Tribunal Supremo.
Documentos
adjuntos
Calendario de revisión del PGOU 1985 (PDF – 73.6
KB)
España |
Tercera Información | 24-02-2013 |
A juicio de
Ecologistas en Acción, la inviable hoja de ruta podría ser una forma de ganar
tiempo confundiendo a los afectados para evitar reclamaciones por
responsabilidad patrimonial de la administración.
El
“calendario para la aprobación del documento de revisión parcial del Plan
General de 1985”, parece un intento de esquivar las sentencias del Supremo.
Este tribunal declaró nulos 22 ámbitos de suelo urbanizable del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid de 1997, en los que se pretendían construir
135.000 viviendas. Por consiguiente, en esos ámbitos está vigente el anterior
PGOU, de 1985, que es el que ahora pretende “revisar parcialmente” el
Ayuntamiento. Según la hoja de ruta se pretende llevar a cabo todo el
procedimiento de Revisión del PGOU (algo que suele tardar un mínimo de cinco
años) en apenas seis meses.
Para lograr
esta revisión en un tiempo récord sin precedentes, se pretenden forzar los
plazos y las garantías legales exigidos en este tipo de procedimientos,
mermando gravemente la participación ciudadana y la correcta evaluación
ambiental, entre otras cosas. Además, el hecho de que ya esté en marcha desde
el pasado año el proceso de revisión del PGOU de 1997, introduce serias dudas
sobre la compatibilidad de dos revisiones simultáneas y paralelas del Plan
General, una situación absurda y no prevista en la legislación vigente.
Incluso en
el caso de que se llegara a aprobar definitivamente esta “revisión parcial” del
PGOU de 1985 en los plazos establecidos en la hoja de ruta, esto no supondría
más que una nueva huida hacia delante para seguir eludiendo el cumplimiento de
la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2007. Es decir, estaríamos
ante una nueva subsanación similar a la realizada en 2008 y que el Tribunal
Supremo anuló mediante sentencia el 28 de septiembre de 2012. La razón es que
el Ayuntamiento se niega a entrar en el fondo de la sentencia, tratándola como
un simple problema de defecto de forma. En realidad la sentencia exige una
motivación real de la pérdida de valores naturales para reclasificar el suelo
protegido. Esa motivación no se conseguirá tramitando un nuevo Plan General en
seis meses con informes “ad hoc” o hechos a medida.
Por todo
ello, a juicio de Ecologistas en Acción, la motivación real del Ayuntamiento al
presentar esta inviable ‘hoja de ruta’ podría tener más que ver con calmar los
ánimos de personas afectadas, cooperativas y juntas de compensación. Se pueden
generar falsas expectativas de una pronta resolución de sus problemas, para
evitar que éstos reclamen por responsabilidad patrimonial a la administración.
Hay que recordar que existe un plazo de un año, desde la notificación de la
sentencia, para realizar estas reclamaciones. Este plazo vencería el próximo
mes de octubre.
De seguir
adelante con sus planes, el Ayuntamiento dirigido por Ana Botella podría
ocasionar aún más perjuicios a las personas afectadas, continuando así con la
reiterada temeridad e incompetencia del anterior alcalde y actual Ministro de
Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, máximo responsable de la actuación municipal
y, por tanto, del problema social generado.
Ecologistas
en Acción ha solicitado reuniones con la Concejala Delegada de Urbanismo del
Ayuntamiento y con el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Comunidad de Madrid para tratar esta cuestión, sin que hasta el momento
se haya recibido respuesta. En todo caso, esta organización permanecerá
vigilante para exigir el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo y
denunciará cualquier acto de las administraciones públicas que pretenda seguir
incumpliéndolas. Así se ha hecho con un reciente intento de subastar una
parcela de Valdebebas el pasado 31 de enero, que el Ayuntamiento pretendía
vender como urbanizable residencial cuando tales características están
anuladas. Tras las denuncias ante la Agencia Tributaria de Madrid la subasta
fue suspendida.
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