R. L. A
CORUÑA | Actualizado 24 Febrero 2013 - 02:00 h.
Un grupo de
stop desahucios permanecía ayer delante del portal de la casa de aurelia rey,
en padre feijoo pedro puig
En una
semana en la que el intento de desahucio de Aurelia Rey centró gran parte de la
actualidad local, el portavoz municipal, Julio Flores, anunció ayer, tras la
celebración de una junta de gobierno, la decisión del Ayuntamiento de sumarse
al Fondo Social de Viviendas para Afectados por Desahucios, para ofrecer pisos
en régimen de alquiler a personas que se encuentren “en una situación de
especial vulnerabilidad social”.
El fondo
forma parte de un proyecto creado por la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), que cuenta con 6.000 inmuebles destinados al alquiler por
toda España. Las viviendas fueron aportados por las propias entidades
financieras, y a las mismas podrán acceder, según explicó ayer Flores, aquellas
personas que hayan sido desahuciadas de su primera casa a partir del 1 de enero
de 2008.
La junta de
gobierno de ayer aprobó la adhesión del Ayuntamiento al convenio de la FEMP,
que establece que los pisos se destinarán solo a familias cuyo desalojo se haya
producido como consecuencia de una demanda de ejecución iniciada por la misma
entidad de crédito que constituye el fondo social de viviendas. El gobierno
local será el encargado de realizar los informes en los que se evaluarán las
solicitudes.
Los pisos
están destinados a familias numerosas; monoparentales con dos o más hijos; con
un menor de hasta tres años; con un miembro con una discapacidad declarada
superior al 33%; cuando el deudor hipotecario desalojado se encuentre en
situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por paro, y familias
donde exista alguna víctima de violencia de género. El conjunto de los ingresos
de la unidad familiar no podrá superar los límites de tres veces el Iprem
(1.597 euros), y no podrán disponer de otra vivienda en propiedad o de un
derecho de usufructo. Los contratos de arrendamiento serán por dos años, y la
renta oscilará entre 150 y 400 euros al mes.
La decisión
adoptada por el gobierno local fue criticada unas horas después por el BNG, que
acusó al Ayuntamiento de “porse do lado das entidades bancarias para darlle
saída ao seu parque inmobiliario por conta das persoas desafiuzadas”.
Programas
sociales
Además del
proyecto de la FEMP, en la junta de gobierno de ayer se aprobaron dos
convocatorias para la selección de entidades sin ánimo de lucro que se
encarguen de la realización de sendos programas sociales dentro del Urbana: uno
diseñado para la organización de acciones que faciliten la incorporación de la
mujer al mercado laboral, y otra para un proyecto de contenido social dirigido
a inmigrantes.
Fuente: www.elidealgallego.com
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