EL DERECHOA LA ASISTENCIA SANITARIA, LA SANIDAD UNIVERSAL
Artículos de
Opinión | Jerónimo González | 17-09-2012 |
Gracias al
Real Decreto Ley 16/2012, definitivamente hemos podido dilucidar que es lo que
más se parece a un inepto presidente del gobierno español que decía ser de
izquierdas: un nefasto presidente del mismo que se declara de derechas.
De lo que
cada día adolece más esta pseudo-democracia nuestra, es de demócratas. Así,
estos hombres y mujeres que hemos colocado en los vértices de poder, se
permiten, bajo el paraguas del absurdo reconocimiento de su líder "la
realidad me ha impedido cumplir mi programa electoral", además de
reconocer y aceptar desconocer la realidad, o más bien vivir fuera de ella a la
hora de programar o legislar sus políticas, hacer de este desconocimiento la
herramienta y justificación para poder alterar todo lo que predicaron en
campaña, provocando sin duda alguna, la mayor malversación y prevaricación que
se puede hacer de la soberanía popular, que les recuerdo, es la nuestra.
Y si no la
están prostituyendo, nuestra soberanía, y volviendo al tema que nos ocupaba,
que alguien responda a estas dos preguntas, la segunda más importante que la
primera:
1. ¿habrá
algún no votante del PP de acuerdo con el decreto que propugna la no asistencia
sanitaria a quien esté despojado de una tarjeta sanitaria?
2. ¿habrá
algún votante del PP de acuerdo en privar de la asistencia sanitaria, a los
posiblemente más desfavorecidos de nuestra sociedad o mal llamados
"inmigrantes ilegales"?
No nos
confundamos, alguno habrá, esta claro, pero no me cabe la menor duda de que
incluso la mayoría de los adeptos al PP, no están en absoluto de acuerdo con
esta mediocre e insolidaria medida, así como tampoco lo estarán con la
socialización de las perdidas de la banca cuando sus ganancias estaban bien
privatizadas, ni con la subida del IVA habiendo prometido y justificado no
hacerlo, ni con la creación de bancos tóxicos que limpien la irresponsable,
negligente y según los casos, fraudulenta o delictiva conducta de sus políticos
(en muchos casos sobrantes o ex-cargos de otras instituciones) al cargo de sus
politizadas cajas de ahorros, bancos, agencias públicas y un sin fin de
etcéteras más...
Decía
anteriormente mal llamados "inmigrantes ilegales" por el adjetivo de
"ilegal", el cual en mi opinión se acerca más a significar que
despojar a cualquier persona de su derecho a la sanidad, es una violación de su
derecho a la salud, incluso de su derecho a la vida, ambos protegidos por la
Declaración Universal y el convenio para la protección de los Derechos Humanos
y Libertades Fundamentales. Supongo que de cada caso de desatención sanitaria,
habrá de conocer la Corte de Estrasburgo como máxima autoridad judicial para la
garantía de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en toda Europa.
En esta
atmósfera de desesperación económica y social, y de devaluación total de los
valores, de lo poco que podíamos estar orgullosos, además de los Iniestas,
Xavis y demás, era de nuestra Sanidad Universal, aunque esta tuviera sus
defectos y sirviese a algunos cretinos para aprovecharse de la misma.
Y este
orgullo que creo sentíamos por esta "universalidad de la sanidad"
tiene su razón de ser en la propia idiosincrasia de este país, o zona, con o
sin identidad propia, llámenlo como quieran, y esta idiosincracia refleja
claramente que España es humanista, y humanitaria, y los españoles, en general,
no xenófobos, ni gentes que acepten que sus políticos, en este caso su
política, Dña. Ana Mato, pretendan diferenciar en base a una tarjeta sanitaria,
ciudadanos de primera, con derecho a ir a su centro de salud más cercano, y
ciudadanos sin tarjeta, o de segunda, sin uno de los más básicos de todos los
derechos.
Supongo que
esta señora, y su seguro extenso gabinete, no han tenido la oportunidad de
leer, quizás ni de conocer, el artículo 25 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, que viene a establecer la protección universal de todas las
personas sin distinción y la obligatoriedad de la atención sanitaria.
Además de
atender a la Declaración Universal de Derechos Humanos, debemos hacer mínimo
otras dos reflexiones, una para ellos, nuestros gobernantes y otra para
nosotros, los votantes, y ambas emanan del primero de los artículos de nuestra
Constitución, ley magna y suprema a todas las demás leyes, decretos ley, etc.
de estos que nos gobiernan, y de los anteriores que nos gobernaron:
Art. 1.1
"España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo político".
Y esta
insolidaria medida o ley, o real decreto ley, o lo que sea, no es social, ni
propugna como valor supremo la igualdad de todos, y por supuesto no es
democrática, porque democrático es lo que queremos casi todos, y esta privación
de derechos básicos y fundamentales a algunas personas, estoy seguro no la
queremos casi ninguno.
Art. 1.2
"La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los
poderes del Estado".
Pues eso, lo
dicho, esta es la reflexión que es para nosotros, los votantes.
Tampoco
deberíamos de olvidar que en este país, diariamente emigran más personas fuera,
que inmigran dentro, y estos son muchos de nuestros hijos. Y estos jóvenes
dentro de unos años, aun siendo españoles, vivirán fuera de España, y tendrán
parejas e hijos, y algunos estarán trabajando, y por tanto tendrán permisos de
trabajo, de residencia y demás vainas para poder considerarse integrados, pero
quizás haya algunos otros, que por la razón que sea no tengan trabajo, y por
tanto quizás adolezcan de papeles, permisos o tarjetas sanitarias, y esperemos
que allá donde se encuentren, estos documentos no sean los que determinen si
tendrán o no, ellos o sus hijos, nuestros nietos, derecho a recibir atención
sanitaria.
No estamos
hablando de inmigración, de si el estado del bienestar actual es sostenible o
no, ni de crisis, ni de despilfarros, ni incluso de ahorro. Estamos hablando de
personas, de Derechos Humanos, de derechos básicos e inalienables. Estamos
hablando de la dignidad, que cada vez está más claro, o se tiene, o no se
tiene.
Cuando en un
estado, no todos los que cohabitan son iguales, no hay estado, hay otra cosa.
Suficiente distinción soportamos ya, entre los que gozan de determinados
privilegios, el resto y los realmente desfavorecidos, como para además determinar
criterios como la nacionalidad, para determinar quien tiene garantizados los
derechos más básicos, como el derecho a que te intenten curar cuando estés
realmente enfermo.
Aunque la
siempre ejemplar Comunidad Autónoma Valenciana ya se haya atrevido a presionar
a sus facultativos con la prohibición expresa de atención a quien no posea la
tarjeta sanitaria, es posible que aun así la propia ineficacia de la medida la
haga impracticable en la realidad, debido fundamentalmente a la lealtad que el
personal sanitario suele presentar, antes que con la autoridad sanitaria, con
sus pacientes.
Hay que
atender sanitariamente a todo el mundo por una cuestión ética, pero también hay
que hacerlo por una condición legal, así el Código Penal tipifica como delito
"la negación de auxilio" o asistencia.
Por otro
lado, "...Trataré a todos los que soliciten mis servicios" dice el
código deontológico o juramento hipocrático de los médicos, y no "trataré
a todos los que tengan la tarjeta sanitaria".
En mi
opinión, es la propia Dña. Ana Mato y su gabinete los que pueden estar
incurriendo en un delito, y no solo por pretender privar a los "sin
tarjeta" del Derecho Humano a la Salud, sino por desprotejer aun más si
cabe, a un colectivo, el de los inmigrantes irregulares, especialmente
vulnerable, lo cual ocasiona, un grave riesgo de Salud Pública, al provocar por
omisión de control, una mayor proliferación de enfermedades infecciosas o al
provocar la saturación del servicio de urgencias por poner dos simples
ejemplos.
Por todo esto,
y sobre todo por ser obvio, ético, legítimo, solidario y democrático, seguro
que nuestros gobernantes lo único que se van a encontrar es a un personal
sanitario que objete de conciencia ante esta medida, o simplemente la
desobedezca, y a unos usuarios nacionales, como a ellos les gusta llamarnos,
del servicio publico de sanidad, que impediremos en cualquiera de nuestros
hospitales o centros de salud cualquier intento de desatención médica a
cualquier persona por el hecho de no obrar en su poder una tarjeta sanitaria. Y
será igualmente muy importante que todos tengamos claro, que si de esta medida
se ocasionara cualquier riesgo grave para la salud de cualquier persona, o
incluso la muerte de alguna de ellas, por falta de atención o miedo a acudir a
buscarla, hay unos políticos que han malversado la soberanía popular que se les
entregó, y que el simple hecho de que esta medida esté revestida de un proceso
legislativo o amparada y legitimada en una victoria electoral o en una
situación de asfixia económica, no les exime de responsabilidad, y en la medida
en que nos sea posible deberíamos hacer que pagaran por ella.
Fuente: http://tercerainformacion.es/
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