Artículos de
Opinión | Juan del Barrio | 15-02-2013 |
El
Arzobispado navarro ha inmatriculado desde 1998 y 2007 más de 1200 bienes del
patrimonio de la comunidad apoyándose en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria
-procedimiento abreviado- que permite al diocesano registrar lo que consideren
de su propiedad sin necesidad de presentar títulos de propiedad que lo
acrediten. Esta fiebre registradora -que le ha convertido en la primera
inmobiliaria navarra- se dio especialmente con el Arzobispo Sebastián, aunque
desde entonces no ha cesado. Cuando se registra es para poder vender, alquilar,
hipotecar o cobrar por ver.
Tres son las
explicaciones del Arzobispado con las que justifica tal proceder
antievangélico: Que esos bienes pertenecen a la Iglesia desde tiempo
inmemorial. Que fueron levantados por el pueblo de Dios. Y que las
inmatriculaciones se han hecho legalmente. Aunque no son totalmente inciertas
dichas afirmaciones, trataré de explicar lo que no dicen y ocultan.
Si a la
Iglesia pertenecen todos los creyentes, no se entiende que la administración de
los bienes y en este caso las inmatriculaciones, se hayan realizado por parte
de la Jerarquía navarra con nocturnidad y alevosía a espaldas de la comunidad
católica, de los propios párrocos y de los Ayuntamientos.
La Jerarquía
Eclesiástica local responde ante la Conferencia Episcopal Española y esta a su
vez ante el Vaticano, un estado extranjero. Por tanto, los bienes registrados
en Navarra en última instancia pertenecen a Roma. Nadie puede asegurarnos que
la venta de parte de ese patrimonio no se haya gastado en procesos judiciales e
indemnizaciones por pederastia que a la Iglesia le han costado 2.000 millones
de dólares en todo el mundo.
Recordemos
que la mayoría de los bienes registrados fueron levantados por el vecindario o
sus instituciones dentro Antiguo Régimen, siguiendo con esa práctica
posteriormente. Ese se caracterizaba por ser feudal, confesional y carente de
libertades democráticas que garantizasen la libertad de credo o laicidad. Ser
católico no era una elección voluntaria, sino una obligación impuesta. Por
tanto, ese patrimonio que levantó “el pueblo de Dios” no se puede asegurar que
lo hiciesen solamente los católicos y tampoco que fuera voluntariamente.
Algunos
templos y cementerios los construyeron dentro de sus propiedades los ricos
hombres y la nobleza para conseguir beneficios económicos. Estos contrataban y
pagaban a los clérigos para que oficiasen misas, bautizos, bodas… Ese
patrimonio fue pasando a sus descendientes y en algunos casos vendido a los
pueblos. Los Monasterios y Catedrales fueron construidos y mantenidos por las
monarquías locales y en la actualdad por el Gobierno de Navarra en nuestra
comunidad, naturalmente con los impuestos recaudados al vecindario. Los templos
parroquiales fueron levantados y mantenidos por el vecindario de las
parroquias, que eran agrupaciones vecinales encargadas del gobierno local,
incluido también el religioso (todavía se conserva esa denominación en
Galicia). Así construían y mantenían fuentes, lavaderos, frontones… como
levantaban y administraban los templos con el diezmo y la primicia que cobraban
en especie a los parroquianos. Posteriormente fueron los Ayuntamientos que
sucedieron a las parroquias en la administración, los que siguieron haciendo
dicha labor de gobierno hasta nuestros días. El pago del diezmo y la primicia
no siempre se hacía de buena gana y al que se negaba se les presionaba con no
entregarle el lote vecinal de leña o la parte del comunal correspondiente.
Los templos
parroquiales desde su construcción fueron infraestructuras vecinales que además
del culto albergaban batzarres vecinales y municipales, almacenaban documentos
del Registro, hacían de cementerio, sus campanas tocaban en caso de incendio y
también servían de defensa en momentos de ataques externos, por tanto las
iglesias además de impartir el culto, hacían de infraestructuras.
Las
inmatriculaciones por parte del Arzobispado han sido “legales”, pero ¿de donde
le viene esa cacareada legalidad a la Iglesia española? Tirando de la historia
vemos que fue la República francesa la primera que hizo una verdadera
separación entre la Iglesia y el Estado. En España la primera República limitó los
privilegios feudales de la Iglesia. Posteriormente hubo periodos de avances y
retrocesos por los diferentes gobiernos y no fue hasta la segunda República a
partir de 1933 cuando se llevó adelante las reformas que la sociedad demandaba:
la libertad de conciencia y culto en ruptura con el anterior Antiguo Régimen.
Esta eliminó el presupuesto para el clero y culto, disolvió las órdenes
religiosas convirtiendo sus bienes en propiedades públicas, les prohibió la
enseñanza, expulsó y expropió a los Jesuitas, profundizando en un estado laico
al margen de cualquier creencia religiosa.
El golpe de
estado franquista del 36 contra la República legalmente constituida, fue
apoyado por la Iglesia a nivel económico, legitimándolo ética y moralmente,
arengando desde los púlpitos a participar en la guerra y en algunos casos con
participación directa. El dictador Franco recompensó a la Iglesia por su apoyo
y servicios con la promulgación de la Ley Hipotecaria de 1946. Con esa
legalidad surgida de una evidente ilegalidad, les permitió inmatricular todo
tipo de bienes -no de culto- que no estuviesen registrados. No se conoce la
cuantía de estos pero debieron ser numerosos con un valor incalculable.
Posteriormente en 1998, el ínclito Aznaz reformó el Reglamento Hipotecario ampliando
las inmatriculaciones a los edificios de culto, con lo que se cierra el ciclo
“legal”, o más bien ilegal de usurpación del patrimonio por parte de la Iglesia
Católica. A esto habría que añadir el sostenimiento de la Dictadura franquista
durante cuarenta años por parte de la Iglesia. Las hemerotecas testimonian el
Nacional Catolicismo y guardan documentos de los obispos españoles saludando
brazo en alto y también paseando al dictador bajo palio. Todo esto
contradiciendo la doctrina de su fundador, Jesús de Nazaret.
No se puede
considerar constitucional el que en un estado aconfesional como es el español,
una ley ponga al diocesano al mismo nivel que a los representantes de las
instituciones democráticamente elegidas y les permita inmatricular bienes sin
demostrar su pertenencia. Todo ese patrimonio usurpado “legalmente” debería
revertir a sus verdaderos propietarios, el pueblo llano que los levantó y
conservó y a sus representantes legales, los Ayuntamientos y el Gobierno de
Navarra.
La iglesia
católica española es inmensamente rica, contrastando con la pobreza y humildad
del Jesús de Nazaret. Posee innumerables inmuebles rústicos y urbanos (algunos
de los cuales fruto de expolios), bienes mobiliarios, artísticos y suntuarios
de todo tipo. El Estado le permite injustificadamente la opacidad de sus
cuentas, así como de las operaciones y transacciones económicas y, además, vive
en un paraíso fiscal presuntamente ilegal. Todo esto debería cambiar con la
eliminación del vigente Concordato.
*Juan del
Barrio Miembro de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro
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