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vecinas y vecinos de Zorrozaurre denunciaron, mediante una carta, las
humillaciones a las que agentes de la Ertzaintza habían sometido a personas que
viven en una fábrica abandonada los pasados 17 y 18 de enero.
España |
Tercera Información | 07-02-2013 |
Sos Racismo
presentó el pasado martes y queja ante el Ararteko solicitando que se
investiguen los hechos.
Según
denuncian, en plena ola de frío y lluvia, los agentes arrancaron puertas y
ventanas, agujerearon las endebles paredes para que entrase el frío,
arrojaron sus pertenencias al suelo y rompieron sus objetos personales,
voltearon los camastros, esparcieron crema de afeitar, champú y hasta lo que
quedaba de comida en una cazuela por los colchones donde duermen, sacaron a la
calle y tiraron a un charco las mantas y ropa dejándoles sin nada seco, estamparon
contra el suelo las teles viejas y las improvisadas neveras y amenazaron con
seguir haciendo lo mismo hasta que se fueran.
De acuerdo
con la información publicada por Deia el 30 de enero, el Departamento de
Seguridad del Gobierno Vasco reconocía haber realizado las incursiones en el
lugar donde estas personas viven. Se califica este tipo de actuaciones de
rutinaria.
Según las
mismas fuentes, los agentes no contaban con autorización judicial ni la
actuación respondía a los supuestos permitidos por la Constitución para la
entrada y registro en domicilio.[1]
foto de
google maps y tras la intervención del 18 de enero
[1] El 15 de
octubre de 2012 el Ararteko expresaba sus conclusiones respecto a una redada
conjunta de policía municipal y policia nacional que ocurría el 15 de junio de
2011 en Zorrozaurre. El Ararteko consideró que el dispositivo policial no fue
adecuado por: Las meras sospechas de que las personas con determinados perfiles
étnicos y raciales fueran responsables de la realización de ilícitos penales o
administrativos no son base suficiente para realizar una redada y proceder a la
detención de personas. El pabellón en el que se alojaban era su domicilio sin
que conste que hubiera autorización judicial para el desalojo o concurrieran
otros requisitos.
El desalojo
forzoso de personas que se encuentran en situación de exclusión social grave
sin un alojamiento adecuado debe desarrollarse teniendo en cuenta los
principios de un Estado Social y de Derecho y los compromisos internacionales
asumidos en materia de derechos humanos y sociales.
Este tipo de
actuación no casa con la política de inmigración que están desarrollando las
instituciones vascas, incluido el Ayuntamiento de Bilbao
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