Según un
informe de la secretaría confederal de Política Social de CCOO, en el que
analiza los principales efectos de las reformas impuestas en el 2012 por el
Gobierno del Partido Popular a través de los Reales Decreto Ley 20/2011, de 30
de diciembre, y 20/2012, de 13 de julio, ambas reformas legislativas buscan la
reducción del gasto público destinado a la financiación del Sistema de
Dependencia y el debilitamiento de su naturaleza pública".
España |
Tercera Información | 09-02-2013 |
Para CCOO, el Gobierno pretende
reducir el número de beneficiarios y la intensidad de las prestaciones a las
que tienen derecho los beneficiarios. Asimismo, busca transferir al
beneficiario la responsabilidad de financiar la parte de gasto público que el
Gobierno ha reducido, a través de un mayor copago, y modificar el concepto de
Red pública y oferta pública de servicios sustituyéndolo por el de Red de
servicios de financiación pública.
"Los
resultados han sido claros, al aprobarse el retraso en las fechas en las que
los dependientes moderados deberían estar atendidos por el Sistema de
Dependencia, algo más de 271.000 dependientes moderados han visto como el
acceso a las prestaciones se retrasa, como muy pronto, hasta julio de
2015", señala Rosana Costa, secretaria confederal de Política Social de
CCOO.
"Pese a
que el Gobierno justificó esta moratoria con el argumento de que era una oportunidad
para concentrar esfuerzos en mejorar la atención de las personas que se
encontraban en "lista de espera", con derecho reconocido pero sin
prestación efectiva, esta medida ha sido también claramente un fracaso. La
lista de espera tan sólo se ha reducido en 1 de cada 5 personas que se
encontraba en ella, y actualmente continúan en ella más de 230.000
dependientes. Además, el número de personas atendidas con una prestación del
Sistema de Dependencia se viene reduciendo desde agosto, el que tenían una prestación
780.536 personas y se ha pasado a 770.494 en diciembre de 2012. Señal
inequívoca del proceso de desmantelamiento que sufre el Sistema de
Dependencia", añade.
Otro de los
argumentos esgrimidos por el Gobierno para justificar las reformas ha sido el
de ayudar a poner en marcha una oferta de servicios que fuese asumible en
términos de coste para las Administraciones públicas y con ello, contribuir a
incrementar la atención en base a este tipo de prestaciones. Sin embargo, los
datos muestran que el número de beneficiarios atendidos mediante prestaciones
económicas de cuidado familiar no han dejado de situarse en el entrono del 45%
del total.
Por otro
lado, los servicios profesionales han visto reducida su oferta, especialmente
intenso ha sido el recorte impuesto en el número de horas de atención de Ayuda
a domicilio, que se ha reducido en una horquilla de entre -20% hasta -60%,
dependiendo de los grados de dependencia. Esta reducción en la intensidad de
los servicios supondrá una evidente pérdida de empleo, ya que se aplicará no
sólo a los nuevos beneficiarios sino también a los que ya tenían reconocida una
prestación, y que ahora verán reducida el número de horas de atención.
El informe
de CCOO añade que la reforma se completa con un intento de transferir a los
beneficiarios la responsabilidad de asumir la parte de financiación que las
administraciones públicas han dejado de realizar, por la vía del incremento del
copago que pasa en todos los servicios hasta el 90% del coste del servicio.
A su vez, se
refuerza la prestación vinculada a un servicio como herramienta que permite
aflorar el "copago familiar", ya que son éstas las que con esta
prestación se ven obligadas a compensar el déficit tarifario que actualmente
tienen los ciertos públicos al tener que financiar el diferencial entre una
prestación económica relativamente escasa y el importe final que el proveedor
privado del servicio establece por la compra del servicio.
Por último,
la secretaría confederal de Política social de CCOO alerta de la intención del
Gobierno, aunque no ha hecho ninguna propuesta formal y explícita al respecto,
de incluir en distintas normas de desarrollo referencias que apuntan su
intención de modificar el concepto de Red pública y oferta pública de servicios
establecido en la Ley de Dependencia y sustituirlo por el de "Red de
servicios de financiación pública". Con ello pretende modificar el régimen
de responsabilidades que las administraciones públicas deben mantener respecto
de las prestaciones que ofrece el Sistema de Dependencia y se reduce
enormemente su capacidad de intervención, control, y supervisión.
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