EL PERSONAL SANITARIO AFRONTARÁ SANCIONES PENALES POR
OCULTAR ERRORES
Entre 400 y 1.200 personas murieron por
negligencias “espantosas” en cuatro años
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La fundadora de Cura el NHS, con el informe de Staffordshire.- TAL COHEN (EFE).
El primer
ministro británico, David Cameron, ha pedido hoy disculpas públicas por las
negligencias “verdaderamente espantosas” que se tradujeron en la muerte
innecesaria de centenares de pacientes en uno de los hospitales públicos del
Reino Unido. Su comparecencia ante la Cámara de los Comunes se ha producido
poco después de la difusión de las conclusiones de una investigación sobre el
maltrato sistemático a los pacientes de un centro sanitario de Staffordshire
(centro de Inglaterra), privados en algunos casos incluso de agua y alimentos,
y que se tradujo en una inusual y altísima tasa de bajas mortales entre 2005 y
2008.
El personal
del servicio de sanidad pública (NHS, en sus siglas inglesas), es decir, los
médicos, enfermeras y gestores, deberá afrontar sanciones penales si encubren
sus errores o los de sus colegas en el trato que dispensan al paciente, según
las recomendaciones de la investigación dirigida por el abogado especialista en
negligencias médicas Robert Francis. Las cifras de mortalidad registradas por
el hospital en aquel periodo superaron las previsiones estadísticas entre 400 y
1.200 personas y, si bien resulta imposible establecer que habrían sobrevivido
con mejor atención y tratamiento, sí se ha confirmado que cuando menos fueron
víctimas de una gestión que primaba “la consecución de objetivos económicos por
encima de la calidad del servicio”.
Sonia
Burnhill perdió a su marido en el hospital de Staffordshire en 2009. /
Christopher Furlong (Getty)
El escándalo
mayúsculo, que saltó a la palestra en 2009, ha sido objeto desde entonces de
cinco investigaciones que se saldaron con una crítica a los patéticos
estándares hospitalarios, el abandono voluntario de algunos de sus gestores y
ninguna sanción expresa. Y ello a pesar del tremendo relato de los horrores de
cómo las recepcionistas determinaban quién era o no aceptado para su ingreso, de
la falta de formación de las enfermeras para usar los equipos o la
inexperiencia de algunos médicos a los que se encomendaron pacientes en estado
crítico. Tanta era la dejadez, que a veces la bandeja con el almuerzo o la cena
era depositada fuera del alcance del paciente que yacía en la cama.
La presión
de los familiares de esos pacientes maltratados, exigiendo un examen en
profundidad del sistema para buscar soluciones y dirimir responsabilidades, ha
forzado esta última encuesta oficial que el Partido Conservador prometió en su
programa electoral y Cameron hizo efectiva en cuanto ocupó Downing Street. Su
resultado, sin embargo, conforma un catálogo de nada menos que 290 recomendaciones
que se resumiría en el establecimiento de un código más férreo de conducta, el
reforzamiento de los controles del personal y, como explicó el primer ministro,
la creación de un cuerpo de inspectores para velar por unos centros sanitarios
“limpios seguros y en los que se cuide a los pacientes, no de meros espacios de
gestión burocrática”. Se apunta a los errores de gestión, desde los máximos
responsables hasta la base, pero no habrá mayores consecuencias más allá de la
severa censura.
Si bien es
cierto que el caso no puede imputarse directa o únicamente a la mengua de los
recursos económicos que el NHS viene encajando en los últimos años —porque el
trato inhumano a aquellos pacientes carece de toda justificación— también debe
subrayarse que ese contexto idílico que ambiciona Cameron aparece muy difícil
en los actuales tiempos de recortes drásticos. Las recomendaciones con las que
se ha saldado el veredicto sobre el hospital de Staffordshire, y que el
Gobierno quiere aplicar en todos los centros del sistema, suponen un alivio
para los responsables del Departamento de Sanidad, que temían la demanda de
otra costosa reforma del NHS que finalmente no deberá ejecutarse. Porque esa
declaración de buenas intenciones que contiene la enésima investigación del
caso no se centra en la exigencia de un personal cualificado y suficiente
numéricamente (lo cual significa inversión en la sanidad pública), sino que
pone el acento en el comportamiento individual de cada trabajador
independientemente de las condiciones laborales. Y estas, a tenor del gasto
sanitario del próximo presupuesto del Gobierno, no parecen nada halagüeñas.
Fuente: www.elpais.com
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