CONTROL
PARLAMENTARIO AL GOBIERNO, UNA PRÁCTICA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Un reglamento anticuado y la perversidad de
la mayoría absoluta hacen muy difícil llevar a cabo la esencia de una sociedad
democrática
JUAN ANTONIO
BLAY Madrid 05/02/2013 07:30 Actualizado: 05/02/2013 07:50
Jesús Posada, Presidente del Congreso de los DiputadosCongreso
de los diputados
Legislatura
tras legislatura, de forma reiterada, se denuncia el paulatino anquilosamiento
de los mecanismos parlamentarios en las dos cámaras, tanto en el Congreso de
los Diputados como en el Senado. Son denuncias razonadas y, sobre todo,
contrastadas en la práctica del día a día; las carencias son especialmente
llamativas en lo que constituye la esencia del parlamentarismo: el control al
Gobierno de turno. Este estado de cosas se agrava cuando existe una mayoría
absoluta, como en la actual legislatura.
"Para
el parlamentarismo, no cabe duda, que las épocas de mayorías absolutas dan
menos posibilidades de movimientos que cuando no las hay". Son las palabras
del presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, en una de las respuestas
de la entrevista publicada en Público el pasado día 29 de diciembre. En la
misma conversación Posada, persona de larga experiencia parlamentaria,
reconocía la necesidad de cambiar el reglamento del Congreso ( la norma que
regula la actividad parlamentaria hasta sus últimos detalles), pero lo
consideraba difícil. Una iniciativa en la que fracasó estrepitosamente uno de
sus predecesores, el socialista Manuel Marín.
El
presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, reconocía la necesidad
de cambiar el reglamento del Congreso.
Con todo,
esta situación se agrava cuando se trata de que el poder parlamentario
aborde un asunto de importancia marcado por la actualidad. Sin ir más
lejos, las sospechas de financiación irregular que se ciernen sobre las cuentas
del PP y que abarcan a la cúpula de la formación conservadora, incluido el
propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a raíz de la publicación de los
papeles de Bárcenas, el gerente-tesorero del partido entre 1989 y 2009.
La incapacidad
de las dos cámaras para asumir con diligencia debates que están en boca de la
ciudadanía y en los medios de comunicación, independientemente de los
contenidos, es sin duda el punto más débil de la actual pauta de trabajo del
parlamentarismo español. En privado, diputados de todo el arco parlamentario
reconocen esta evidencia. Incluso algunos, desde la llegada de la crisis
económica, admiten que tienen serias dificultades para justificar su trabajo
ante los ciudadanos en sus circunscripciones o incluso entre sus
correligionarios.
En las
últimas legislaturas los ejemplos acumulados son incontables. Pero
incluso cuando hay cuestiones candentes, como los desahucios por impagos de
hipotecas, la iniciativa política más voluntarista se estrella contra la
pesada mecánica parlamentaria que fija el reglamento: elaboración de la
iniciativa, búsqueda de alianzas, firmas de portavoces, convocatoria de la mesa
de la comisión correspondiente, fijación del calendario de tramitación, plazos
para enmiendas, ampliación de esos plazos, petición de dictámenes, etcétera, un
largo etcétera.
Ese pesado
camino llega a ser exasperante cuando cualquier trámite tropieza con los huecos
de actividad parlamentaria - un proceso electoral en una comunidad como las
recientes en Galicia, Euskadi o Cataluña, paraliza el Congreso durante una
semana - o las llamadas vacaciones parlamentarias. La Constitución
establece que los periodos de sesiones se celebrarán entre febrero y junio y
entre septiembre y diciembre; esto hace que los meses de enero, julio y agosto
sean considerados inhábiles para la actividad cotidiana de ambas cámaras.
En la
legislatura anterior y en esta, marcadas por la crisis y la presión social, los
meses de enero y julio, incluso agosto, se han "rellenado" con
comisiones y plenos de carácter extraordinario con el fin de dar sensación de
continuidad al trabajo parlamentario. Pese a ello, entre la sesión de control
del último pleno antes de fin de año, el 19 de diciembre, y el próximo
ordinario, el 13 de febrero, transcurrirán 54 días. En medio, apenas un
pleno con sesión de control - decidida a última hora por razones estéticas
antes que políticas -, el pasado miércoles día 30. Aún así, pasaron 40 días
entre el de diciembre y este último.
"La
tarea de control al Gobierno, el que sea, se convierte en un trabajo arduo,
cuesta arriba"
"La
tarea de control al Gobierno, el que sea, se convierte en un trabajo arduo,
cuesta arriba", admite una parlamentaria con varias legislaturas a
cuestas. La respuesta a una sencilla pregunta por escrito al Gobierno formulada
por un diputado suele postergarse más allá del plazo establecido. Otros
trámites son extraordinariamente complejos: por ejemplo, los relacionados
con asuntos considerados sensibles o los llamados secretos de Estado. La
convocatoria de la comisión correspondiente "se hace de higos a
brevas", en palabras de otro parlamentario con conocimiento de causa.
Desde la
legislatura constituyente, en 1977, hasta hoy en día ha habido 14 comisiones
de investigación, una modalidad que levanta ampollas en el Gobierno de
turno y el grupo parlamentario que le da soporte. La última fue la que
investigó los atentados del 11-M de 2004; la anterior, sobre Gescartera, en
2001. En la pasada legislatura no hubo ninguna comisión de investigación. El
periodo más prolífico para esta modalidad fue en la V Legislatura cuando en
menos de dos años, entre 1994 y 1996, hubo tres comisiones de investigación:
Roldán, Mariano Rubio (ambas llegaron a coincidir brevemente) e Interhorce.
En la actual legislatura el grupo parlamentario popular ya se ha opuesto
frontalmente a varias peticiones.
De cualquier
modo, el déficit de control parlamentario más grave se da en el modo en que
se supervisa la gestión de los miembros del Gobierno, especialmente al
presidente. Las preguntas de los miércoles, tres al mes, han de presentarse
previamente la semana anterior; solo puede cambiarse una pregunta (el lunes
anterior a la sesión de control) si hace referencia a un asunto decidido
en la reunión del Consejo de Ministros de ese viernes. De esa manera Rajoy y
sus ministros disponen entre cuatro y cinco días para que sus asesores les
preparen las respuestas.
Rajoy y sus
ministros disponen entre cuatro y cinco días para que sus asesores les preparen
las respuestas.
Es
impensable plantear una pregunta o formular una interpelación urgente - otra de
las modalidades cuyo formato es más amplio que el de las preguntas - en
"caliente". "Es como jugar con las cartas marcadas",
comenta irónicamente un parlamentario de un grupo minoritario, cuyo turno para
preguntar al presidente del Gobierno o a un ministro tarda varios meses. El
reparto de preguntas al jefe del Ejecutivo o los ministros se hace por riguroso
orden de importancia numérica de los diferentes grupos parlamentarios. Cada
miércoles, el número de preguntas o interpelaciones están tasadas, hay
"numerus clausus".
Otro de los
aspectos que resta frescura a los debates de control es la rigidez de los
tiempos. Las
preguntas de los miércoles están tasadas al segundo. Pregunta y respuesta suman
cinco minutos, dos y medio para cada uno de los dos intervinientes que
los pueden repartir en dos turnos: pregunta, respuesta, réplica y contra
réplica. El Gobierno es quien termina, claro. En el Senado este trámite se
alarga hasta los siete minutos por interviniente.
"Es un
corsé que acartona los debates, se tiende más a trasladar una frase para los
titulares de prensa que hacer una crítica consistente a una gestión
determinada", razona otra parlamentaria, ahora en la oposición pero que
sabe lo que es apoyar a un Gobierno. "Es un círculo vicioso del que
nadie quiere salir", añade. El ex presidente de la Cámara baja Manuel
Marín, con referentes europeos, intentó modernizar la mecánica parlamentaria y
los usos y costumbres, pero no lo logró. Al final no hubo compromiso serio por
parte de su bancada, la socialista, y la de la oposición, los populares que hoy
están en el poder.
"Es un
círculo vicioso del que nadie quiere salir"
En el fondo,
la reforma del reglamento que propuso no era de ningún modo revolucionaria pero
suponía la entrada de aire fresco. El reglamento vigente, con modificaciones
puntuales, data de comienzos de 1982. Acaba de cumplir, pues, 31 años. Al
menos, Marín logró sustituir el telegrama por el mensaje de texto y el
correo electrónico para enviar las convocatorias de reuniones, comisiones y
plenos a sus señorías. No es cosa menor, el telegrama estuvo vigente casi
siglo y medio.
Fuente: www.publico.es
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