El Gobierno argumenta que desconoce las
causas de los arrestos para evitar que los homosexuales que padecieron la ley
de Peligrosidad Social puedan ser resarcidos
PATRICIA
CAMPELO Madrid 09/02/2013 08:00 Actualizado: 09/02/2013 11:26
Federico Armenteros, Elianne y Carla Antonelli,
presentan el recurso contra la denegación de la indemnización.
Cuando en
2010 el Ministerio del Interior certificó que Enrique García Ruiz -Elianne
de nombre artístico- había ingresado seis veces en la cárcel de Carabanchel entre 1970 y 1973, éste no
podía entender que el propio Ministerio asegurara desconocer las causas de sus
arrestos.
Pero así
sucedió, y ese desconocimiento fue el argumento esgrimido por la Administración
para denegarle la indemnización fijada por el Estado para compensar a
homosexuales que padecieron cárcel y represión durante el franquismo.
Estas ayudas se reconocieron en la Ley de Presupuestos Generales de 2009.
Elianne presentó su solicitud en 2010. Poco después, la administración hizo
constar sus seis ingresos penitenciarios pero, al mismo tiempo, alegó que
"no quedaba probada" la motivación de los mismos. Y le denegaron la
indemnización en septiembre de ese mismo año.
Ahora,
Elianne ha recurrido esa respuesta negativa adjuntando pruebas que evidencian
el motivo de las detenciones: su apariencia de transexual. La ley de
Peligrosidad Social permitía privar de libertad a gays y travestis por el
mero hecho de serlo o parecerlo. En el recurso, presentado a finales de enero,
ha incluido sus carnés de profesional del espectáculo en los que era reconocida
como Elianne, junto con fotografías con su aspecto de mujer y un reportaje
publicado en la revista Interviú en 1982 sobre agresiones policiales
a travestis y transexuales. El artículo incluye una entrevista a Elianne,
que por entonces trabajaba como vedette del madrileño Gay Club y fue
víctima de uno de esos ataques.
En 1970,
Elianne se travestía, lo que para el régimen era sinónimo de "peligro
social"
"Cada
vez que me llevaban a la cárcel no me daban ningún documento, ni al entrar ni
al salir; tampoco tuve nunca un juicio", asevera la víctima. En 1970, año
del primer ingreso en prisión, Elianne paseaba por las calles con aspecto de
transexual, algo que le catalogaba de "peligro social". Después de
cada arresto, le conducían al llamado Palomar, la quinta galería de la
cárcel de Carabanchel, donde se encerraba a homosexuales y transexuales.
"Conocí
a Elianne con pecho, maquillaje, plumas y actuando en un escenario; eso no es
algo que se haga de un día para otro", defiende su amiga Carla
Antonelli, diputada del PSOE en la asamblea de Madrid y reconocida
activista del colectivo LGTB [lesbianas, gays, transexuales y bisexuales].
"En este caso, Interior se ha pillado los dedos al certificar sus
estancias en prisión pero no los motivos; ¿acaso ha extraviado esa
documentación?", se pregunta. "Algo tendrán cuando me han certificado
por escrito las fechas de los seis ingresos y salidas de Carabanchel",
remacha Elianne.
El hecho de
que la administración encargada de custodiar los archivos penitenciarios
reconozca las estancias carcelarias de Elianne, pero no los motivos, abre la
posibilidad de denunciar al Estado por un posible extravío de documentación.
"Han desaparecido misteriosamente los motivos de sus ingresos, y eso
ocasiona un perjuicio a Elianne, por lo que si le vuelven a denegar la
indemnización presentaremos una demanda contra Interior por no haber
custodiado esos datos", avanza Antonelli. "La dictadura ha sido el
periodo en el que más informes se hacían de todo; te perseguían para ver si
eras sospechosos de ir contra el régimen, todo quedaba registrado", añade.
"Por ello, si pensamos mal, Interior podría haber escondidos esos archivos
para no indemnizar a las víctimas", reflexiona la diputada socialista.
111 indemnizados de 100.000 afectados
El Gobierno
del Partido Popular impuso en la Ley de Presupuestos Generales para 2013 una fecha límite para solicitar las indemnizaciones
con las que el Estado lleva, desde 2009, resarciendo a gays represaliados por
el franquismo. A partir del próximo 30 de diciembre ya no se podrán requerir
estas compensaciones, por lo que el Ejecutivo conservador invitó a que las
personas afectadas presenten su solicitud aunque no tengan localizada la
documentación acreditativa. El Gobierno aseguró que la comisión ministerial encargada
de las indemnizaciones se dirige a los archivos históricos y otros organismos
para recabar esos datos. Asimismo, señaló que se han resuelto 111 expedientes
favorablemente.
La ley de
Peligrosidad Social aprobada en 1970 permitía la privación de libertad por la
mera apariencia homosexual
"Las
investigaciones realizadas por historiadores cifran en 100.000 los afectados;
la mayoría no tiene ni un solo documento que pruebe su tiempo en prisión;
tampoco tienen acceso a la información ni saben bien por dónde moverse; además,
ahora ya no hay tiempo para recabar esos datos", subraya Federico
Armenteros, de la Fundación 26 de diciembre. "Es el Estado quien tiene
toda esa información, pero ya vemos como está actuando en casos como el de
Elianne, donde directamente le deniegan la indemnización alegando que desconoce
las causas de sus arrestos pero sí reconoce que fue encarcelado", recalca.
Los ex
presos sociales, al igual que los ex presos políticos, se topan con un muro
legal a la hora de tratar de acceder a sus expedientes carcelarios. La
administración no les permite ver sus fichas bajo el amparo de la Ley de
Protección de Datos. "He intentado buscar mi expediente pero solo dejan
acceder a estos datos a investigadores para fines estadísticos", explica
Elianne.
Las víctimas
pueden recibir 4.000 euros si fueron encarceladas entre uno y seis meses;
8.000, si el periodo fue superior al medio año e inferior a tres; 12.000, por
tres años o más de cárcel; y 2.400 euros adicionales por trienio a partir del
primero.
"Los motivos
de sus ingresos en la cárcel de Carabanchel han desaparecido
misteriosamente"
En el caso
de Elianne, sus seis estancias suman cinco meses y medio, por lo que podría
obtener 4.000 euros. Esa cantidad, según asegura, no repara la vergüenza,
el miedo ni el desplazamiento -se marchó a Barcelona ante el acoso policial que
vivía en Madrid-, pero reconoce sentir aliviado el dolor de esa herida gracias
al apoyo encontrado a lo largo de su litigio con el Estado.
"Sigo
con nervios y dolores de cabeza, pero me siento arropada por el colectivo LGTB;
necesitaba hablar y liberar mi caso, con el que llevo más de tres años sin
obtener repuestas coherentes", asegura Elianne, cuyo aspecto masculino se
debe a la interrupción que tuvo que hacer del tratamiento de hormonas por
cuestiones familiares.
Residencia de mayores para gays represaliados
Al margen de
las indemnizaciones, desde la Fundación 26 de diciembre plantean otras fórmulas
para dignificar la vida de un colectivo que ha sido especialmente vapuleado.
"Queremos que el Ministerio apoye un proyecto de residencia de mayores
para que estas personas, muchas de ellas con graves problemas, puedan llevar
una vida digna al menos al final de sus días", concreta Armenteros.
Las personas
afectadas pueden dirigirse a la Comisión de Indemnizaciones a Ex Presos
Sociales, dependiente del Ministerio de Economía. Avenida General Perón, 38
(Madrid). Tel: 900 50 30 55.
Fuente: www.publico.es
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