La
Subdelegación del Gobierno en León sanciona a las personas identificadas el 14N
por “gran alteración del orden público
y de la pacífica convivencia ciudadana”.
España |
Tercera Información | 14-02-2013 |
Durante el
14 de noviembre en la ciudad de León, varios militantes de los Colectivos de
Jóvenes Comunistas (CJC), del Partido Comunista de los Pueblos de España
(PCPE), de la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) y del Partido
Comunista de España (PCE), mientras ejercían su legítimo derecho a la huelga
junto a otros compañeros del movimiento estudiantil organizado (AEU) que
participaban en las convocatorias de los sindicatos, fueron identificados por
las fuerzas policiales siendo confiscadas diversas banderas, alegando que
pudieran ser “utilizadas como armas”.
Tres meses
después la Subdelegación del Gobierno en León impone a todas las personas
identificadas en ese momento una sanción administrativa por supuesta “gran
alteración del orden público y de la pacífica convivencia ciudadana”,
cuando ni siquiera fue éste el motivo de la identificación, según explican las
organizaciones.
“Este hecho
sólo es un ejemplo más de la represión que la clase dominante desata contra la
clase obrera y los sectores populares. Ya no sólo lesionan gravemente los
derechos de los trabajadores, sino que cuando estos luchan y se organizan su
respuesta es aterrorizar, calumniar, criminalizar y reprimir”, señalan las
organizaciones comunistas.
Desde los
CJC, el PCPE, la UJCE y el PCE “denunciamos este hecho y exigimos la retirada
inmediata de las sanciones. Así mismo animamos a que la clase obrera y los
sectores populares no se dejen llevar por el miedo, porque precisamente con el
miedo al despido, a la miseria, a la represión intentan evitar la lucha. Porque
saben que la lucha es el único camino para defender esos derechos conquistados
que día a día nos quieren arrebatar.”
Lea a
continuación parte del comunicado conjunto:
La clase
obrera se enfrenta hoy a un contexto de destrucción de derechos sociales y
laborales en todos los ámbitos. La reforma laboral realizada en marzo de 2012
ha traído graves consecuencias como la reducción de salarios, la desaparición o
debilitamiento de los convenios colectivos, el abaratamiento de los despidos…
Esto se suma
a los continuos recortes en derechos sociales como en la educación o la
sanidad. Como respuesta a estos ataques los trabajadores y las capas populares
respondieron de manera masiva el pasado 14 de noviembre con la convocatoria de
una huelga general.
Ante esta
profundización de la crisis, la oligarquía utiliza ahora más que nunca los
mecanismos de represión y evidencia el carácter de clase del Estado,
constatándose con el aumento de las sanciones arbitrarias, las desmedidas
acciones policiales contra trabajadores y las detenciones durante las jornadas
de lucha para evitar la elevación de la combatividad de los trabajadores y
trabajadoras. Así mismo ocurrió en esta jornada de huelga.
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