Martes, 29 de enero de 2013
La actualidad manda. Así que vamos al grano. Como recordareis desde hace
años venimos actualizando el listado de causas judiciales en los que andan
imputados los genoveses originales y genuinos. No es tarea fácil pero a base de
constancia, memoria y documentos de referencia, una vez más para todos vosotros
hemos seleccionado las 15 principales. Unas son más conocidas que otras y la
mayor parte tienen en común una extraña mezcla entre ladrillos, constructores,
contratos públicos, PGOU, tesoreros, financiación irregular, comisiones a
granel y al fondo del pasillo, Ginebra y sus Bancos.
Las causas seleccionadas están siendo juzgadas en el Tribunal Supremo,
Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana así como
en varios juzgados de instrucción de diferentes municipios. Las hay de todo
tipo y condición y se extienden por todos los ámbitos territoriales. El número de imputados tan solo de los
casos aquí seleccionados ascienden a más de 300
A estos efectos y en un primer recuento provisional las causas afectan a
decenas de ex alcaldes y ex concejales en municipios repartidos en 6 CCAA, a
cerca de una veintena de diputados y ex diputados autonómicos, a decenas de
Altos Cargos de varios gobiernos regionales, a ex diputados, ex senadores y ex
eurodiputados.
Desde el punto de vista de responsables orgánicos del Partido Popular son
numerosos los miembros imputados que pertenecen o han pertenecido a Ejecutivas
regionales, provinciales y locales. Es
especialmente curioso y no menos relevante el hecho que estén imputados varios
Tesoreros regionales y un ex Tesorero nacional vinculados a causas abiertas
que afectan directamente a la financiación del PP, tanto en sus cuentas
nacionales como regionales.
Para completar el cuadro, se encuentran imputados asimismo decenas de
empresarios, asesores fiscales y testaferros varios que forman parte activa de
las diferentes tramas aquí relatadas que en honor a la verdad aunque
representan a diferentes sectores empresariales, predominan los provenientes
del sector de la construcción.
Y para todos aquellos que conocen el Código Penal decirles que en estas 15
causas se dan cita una rica y variada tipología de delitos presuntamente
cometidos: Cohecho pasivo y activo, prevaricación, malversación de fondos
públicos, soborno, financiación irregular, delitos electorales varios, blanqueo
de capitales, etc.
Por el volumen del material que se acumula hemos optado por hacer una doble
entrega y así evitar que no se os atragante la paciencia y el escaso humor que
nos va quedando. Aquí os van las primeras 8 causas:
1) CASO GÜRTEL
La causa iniciada en el año 2007 y conocida por la opinión pública en
febrero del año 2009, se encuentra repartida entre el Tribunal Supremo,
Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana y en la Audiencia Nacional,
tras ser devuelta por TSJ de la Comunidad de Madrid. Hay abiertas 7 causas.
Según lo hasta ahora investigado “ existen indicios suficientes de que los
imputados, en unión de otros, establecieron un conglomerado de empresas para
nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular en algunos
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, principalmente de las Comunidades de
Madrid y Valencia, para obtener un beneficio propio".
Están imputados decenas de dirigentes nacionales, regionales, provinciales
y locales del Partido Popular que unidos a empresarios, abogados y asesores
fiscales hacen que el número total
supere la cifra de 100. El último de los imputados en abandonar la prisión
en junio 2012, ha sido Francisco Correa, tras tres años y cuatro meses en
prisión preventiva
Tribunal Supremo
1. Se encuentra pendiente de resolver el recurso que la acusación
particular ha interpuesto contra la sentencia de un jurado popular por la que se
declaraba no culpable de cohecho impropio a Francisco Camps, ex Presidente de
la Generalitad y ex Presidente de PP en la C. Valenciana y Ricardo Costa, ex
Secretario General del PP en esa misma Comunidad. La fiscalía ha renunciado a
presentar recurso. Por una causa similar han sido condenados por el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al pago de una multa de 9.600
euros al exvicepresidente del Consell, Víctor Campos, y al ex jefe de gabinete
de la Consejería de Turismo y ex jefe de Protocolo de la Diputación de
Valencia, Rafael Betoret. En sendas sentencias, la Sala de lo Civil y Penal
condena también a Campos y Betoret a sufragar las costas procesales y acuerda
el comiso de las prendas de vestir recibidas o, en su defecto, de su valor
"en la cuantía de las mismas establecidas en los hechos probados".
Audiencia Nacional
El caso está siendo instruido por el titular interino del Juzgado nº 5,
Pablo Ruz tras declararse incompetente el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid al perder la condición de aforados varios de los imputados que habían
sido diputados en la Asamblea de Madrid.
Por el momento las actuaciones más relevantes han sido las siguientes:
2. Bárcenas, Merino y Galeote. La Sección IV de la
Audiencia Nacional en marzo del 2012 acepta los recursos del acusación
particular, abogacía del estado y ministerio fiscal y decide anular un auto del
juez Pedreira del Tribunal de Justicia de Madrid que acordaba el sobreseimiento
provisional y archivo de la causa respecto a Luis Bárcenas, ex senador, ex
gerente y ex tesorero nacional del PP, Jesús Merino, ex diputado y ex miembro
de la dirección del GPP, entonces dirigido por Soraya Sáenz de Santamaría y
Ricardo Galeote, ex concejal de Estepona. Tanto el abogado de Bárcenas como los
abogados del PP, personado en la causa, se opusieron a los recursos para que se
retomara la causa. La Sala ordena que se continúe el procedimiento contra los
tres, por lo que retoman su condición de imputados por cohecho, fraude fiscal y
blanqueo de capitales. La Sala argumenta que la decisión de archivo que tomó el
juez Antonio Pedreira no era "ni urgente ni inaplazable". El origen
de la causa está en que sus nombres y cantidades recibidas aparecen en la
contabilidad B de la red de Francisco Correa. En enero del 2013 el juez Ruz
dicta varios autos tras recibir una primera información de la Comisión
Rogatoria enviada a Suiza. Según se desprende de estos autos quedaría
acreditado que Bárcenas tenía sociedades a su nombre en paraísos fiscales y que
disponía, al menos, de una cuenta en Suiza en la entidad Dresner Bank, situada
en Ginebra. La cuenta está a nombre de una sociedad panameña denominada
Sinequanon, cuyo titular es Bárcenas. En la cuenta llegó a tener un saldo de 22
millones de euros, aunque la cantidad media que guardaban era de 15 millones de
euros. Suiza ha aportado los extractos de esta cuenta entre los años 2005 y
2009.
3. Rosalía Iglesias, mujer de Luis
Bárcenas, vuelve a ser imputada. El 20 de abril, el juez Ruz le atribuye un
supuesto delito contra la Hacienda Pública. La implicación se basa en un
informe de Hacienda de junio de 2006 que detectó un supuesto fraude fiscal
cometido por ella al ingresar en su cuenta corriente más de 500.000 euros en
billetes de 500 el 19 de enero de 2006. Esa cantidad, según aseguró la esposa
de Bárcenas a los inspectores, corresponderían a la venta de un bien propio. La
Agencia Tributaria asegura que la esposa del ex tesorero del PP no ha podido
acreditar hasta el momento cuál fue el bien que vendió ni a quién, ni ha aportado
los documentos que acreditarían su compra a finales de los años ochenta.
4. El juez Ruz el 18 de mayo retoma la
instrucción del sumario remitido por el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad de Madrid (632 tomos con aproximadamente 265.000 páginas) en los que
figuran algo más de 60 imputados, en su mayoría acusados de delitos
relacionados con cohecho, prevaricación, malversación y financiación irregular
del PP a través de Fundaciones, etc. El juez reclama a la Administración
regional la documentación de 317 actos celebrados entre 2004 y 2006 para
comprobar si se han producido sobrecostes y comisiones. Entre los imputados por
este sumario destacan varios dirigentes del Partido Popular en la CA: Alberto
López Viejo, ex Diputado regional y ex consejero de Deportes del gobierno de
Esperanza Aguirre; Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y gerente del
Mercado Puerta de Toledo; Arturo González Panero y Juan Siguero ex alcaldes de
Boadilla del Monte; Jesús Sepúlveda, ex Alcalde de Pozuelo; Ginés López, ex
Alcalde de Arganda; Benjamín Martín Vasco, ex diputado autonómico; Alfonso
Bosch Tejedor ex diputado autonómico; Juan Carlos Clemente Aguado ex vice
consejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid.
5. Contratos Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA). Están imputados Ángel López de la Mota, ex empleado
en la sede nacional del PP durante la etapa de Álvarez Cascos como Secretario
General del PP y ex director de Comunicación del organismo y José María
Gabarri. La policía les acusa de que a cambio de obtener contratos mientras
Francisco Álvarez-Cascos, ocupó el Ministerio de Fomento, percibieron más de
85.000 euros en comisiones en un período en el que las empresas de Correa
obtuvieron contratos por 2,4 millones de euros. El juez Ruz considera que López
de la Mota y Gabarri habrían participado en la elaboración de los pliegos de
condiciones de los concursos supuestamente amañados que favorecieron a Special
Events y FCS Travel Group (ambas de Correa).
Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana
6. Caso Fitur. Tras inhibirse el
juez Pedreira, instructor del caso en el TSJ de la Comunidad de Madrid, se abre
una causa en el TSJ de la C. Valenciana por considerar que hay indicios de
financiación irregular a favor del PP en las elecciones autonómicas de 2007 y
la campaña de las generales de 2008. Se trata de una pieza separada que ha
investigado las adjudicaciones por seis millones de euros a la red de Francisco
Correa del pabellón de la Generalitat en la feria turística Fitur entre los años
2005 y 2009. Se trataría de facturas pagadas a la trama Gürtel por trabajos
efectuados realmente para el PP valenciano en el marco de las campañas
electorales de 2007 (autonómicas, en las que salió elegido presidente Francisco
Camps) y en las generales del 2008 (en las que salió derrotado Mariano Rajoy).
Por los actos electorales del PP, Orange Market percibió en 2007 un total de
3,3 millones de euros, de los que 2,5 fueron en dinero B e incluidos en una
cuenta que la trama llamaba "Barcelona". Entre los imputados se
encuentran:
Dirección nacional PP: Luis Bárcenas. Ex
tesorero del PP estatal. Por delito electoral previsto en el Art. 149 de la
LOREG
Direccional regional PP. Por delito electoral
previsto en el Art. 149 de la LOREG: Ricardo Costa (ex secretario general del
PPCV y diputado autonómico), David Serra (vicesecretario de Organización del
PPCV y diputado autonómico), Yolanda García (tesorera del PPCV y diputada
autonómica), Cristina Ibáñez (administradora electoral y gerente desde 1995) y
Cristóbal Páez, Administrador general del PP en las elecciones generales
celebradas en 2008.
Altos cargos Administración regional: Por delitos contra
la Administración, cohecho y prevaricación en la adjudicación a la trama de
contratos de Fitur por importe de seis millones de euros: Vicente Rambla,
exvicepresidente del Gobierno y diputado autonómico, Milagrosa Martínez
(exconsejera, expresidenta de las Cortes Valencianas y diputada autonómica ) ,
Angélica Such, ex consellera de Turismo y actual secretaria primera de la Mesa
del Parlamento regional, Rafael Betoret, exjefe de gabinete en Turismo, ya
condenado en el caso de los trajes, Jorge Guarro, jefe del servicio de
Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo, Isaac Vidal, que fue jefe de
área de Mercados y Comunicación en la misma agencia y la coordinadora de
ferias, Ana Grau.
Empresarios: Todos los imputados y
sus 9 empresas pertenecen al sector de la construcción. Enrique Ortiz
(implicado también en el caso Brugal), Sedesa (propiedad de la familia del
presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino), Lubasa, Facsa, Piaf,
Pavimentos del Suroeste, Constructora Hormigones, Martínez. Rafael Martínez
Berna- alias El Cantante- directivo del grupo Vallalba Este empresario presidió
hasta hace unos meses la patronal de Alicante. Alegando razones personales hace
unos meses presentó su dimisión.
Propietarios y gestores de las mercantiles Orange Market, SL, Boomerandrive
SL, Easy Concept Comunicación SL (antes, Down Town Consulting SL), Rialgreen
SL,TCM SL; Servimadrid Integral SL: Francisco Correa, alias Don Vito. Álvaro
Pérez, alias El Bigotes, Pablo Crespo, ex Secretario de Organización PP de
Galicia y los empleados, Cándido Herrero Martínez, José Luis Izquierdo, Felisa
Isabel Jordán y Mónica Magariños
El 16 de enero 2013, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de
calificación de los hechos previo a la apertura del juicio oral. Entre las
penas que solicita destacan las siguientes:
11 años de prisión para Milagrosa Martínez, alias La Perla, ex Consejera de
Turismo, ex Presidenta de las Cortes Valencianas, actual diputada autonómica y
alcaldesa de Novelda (Alicante). La fiscalía acusa a Martínez de los delitos
continuados de prevaricación administrativa y malversación de caudales
públicos, así como de un delito de cohecho. Junto a la pena de prisión, pide
para ella 34 años de inhabilitación (16 de ellos, absoluta). Según la fiscalía,
Martínez recibió un reloj de la marca Hublot por importe de 2.400 euros que
Francisco Correa adquirió en el establecimiento Joyería Suárez, sita en la
calle Serrano número 63 de Madrid.
11 años de prisión y 38 de inhabilitación para Rafael Betoret, ex jefe de
gabinete de Martínez.
10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación a
Angélica Such, ex Consejera de Turismo y diputada autonómica.
Al Vicepresidente Rambla y diputado autonómico se solicita el
sobreseimiento provisional de por no haber quedado debidamente acreditada su
participación en los hechos, aunque sigue imputado, en la pieza separada del
mismo caso que indaga la supuesta financiación ilegal del PP valenciano en las
campañas electorales de 2007 y 2008.
Para los responsables de la red de empresas de la trama, el fiscal solicita
un total de 10 años de prisión para Francisco Correa por delitos continuados,
como autor o cooperador necesario, de tráfico de influencias, malversación de
caudales públicos y cohecho. Y 11 años y medio de cárcel para Álvaro Pérez y
Pablo Crespo porque a los delitos atribuidos a Correa se suma el de
falsificación de documento oficial.
7. Visita
de Benedicto XVI a Valencia en el año 2006. Esta causa en un primer momento fue
instruida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
(TSJCV). Posteriormente, desde marzo hasta junio del 2012 el caso pasó a la Audiencia
Nacional, en concreto al juzgado nº 5 que dirige el juez Ruz y desde junio del
2012, tras un auto del Tribunal Supremo, está siendo instruido nuevamente por
el TSJCV. En la actualidad son 11 los imputados a los que se les atribuyen los
delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo
de capitales y delitos contra la hacienda pública por el IRPF correspondiente a
2006 de las personas que percibieron fondos derivados de esta contratación y el
Impuesto de Sociedades e IVA que Teconsa dejó de abonar ese año. Entre estos
los imputados se encuentra Pedro García , ex director de la Radio Televisión
Valenciana (RTVV), Pablo Crespo, ex Secretario de Organización del PP en
Galicia, el ex vicepresidente de Repsol, Ramón Blanco Balín, amigo personal del
ex Presidente Aznar y Jacobo Gordon, ex socio y amigo de Alejandro Agag. Los
tres últimos constan como administradores de la sociedad Castaño Corporate, una
de las empresas a las que fue a parar parte del dinero sin que hicieran nada a
cambio. Según el informe de la Fiscalía Anticorrupción que motivó estas
imputaciones, el ex director general de la RTVV habría percibido
"reiteradas dádivas en forma de prendas de vestir, vehículos y entrega de
fondos en metálico" del entorno de Francisco Correa que "al menos
parcialmente" estarían vinculadas con "la contratación
irregular" de RTVV con algunas de sus empresas. Los trabajos fueron
subcontratados después a "empresas pantalla": Apogee, Impacto
Producciones, Sirius Show Equipement, Wild Electronic Design, Castaño Corporate
y Free Consulting, que habrían girado facturas supuestamente falsas por valor
de 1.242.690 euros.
2. FINANCIACION
IRREGULAR DEL PP EN LA C.A DE BALEARES
En octubre del 2012, el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach y
el juez José Castro, que son los mismos que investigan el caso Urdangarín, tras
casi dos años de instrucción declarada secreta tienen indicios de delito en la
actuación del Gobierno de Jaume Matas (2003-2007) en relación a la adjudicación
irregular de contratos públicos a la empresa Over Marketing y Comunicación
(Over Mc). Con parte del dinero adjudicado a esa firma, el Partido Popular de
Baleares pudo financiarse para la campaña electoral.
Los hechos descubiertos por la investigación judicial están dando lugar a
varias imputaciones de ex altos cargos del Gobierno de Matas —entre ellos tres
de sus consejeros—, así como de varios empresarios. Una primera estimación fija
en tres millones de euros el dinero manejado en contratos públicos bajo
sospecha. La investigación comenzó en 2010, tras unos registros a sedes de
organismos del Gobierno de Baleares y de distintas oficinas y almacenes de
compañías de publicidad. El núcleo de la investigación se centra en las
adjudicaciones a la firma Over Marketing y Comunicación (Over Mc), presidida
por el publicista Daniel Mercado, que fue el encargado de gestionar las
campañas de imagen y estrategia de Jaume Matas para las elecciones de 2007 y
antes en 2003. Según las investigaciones cuando Matas retornó al gobierno regional
en 2003, tras ser ministro de Medio Ambiente con José María Aznar, la mayoría
de las 13 consejerías del Gobierno balear y muchos Ayuntamientos del PP pasaron
a contratar trabajos con Over MC. La acusación acumula pruebas de que mediante
este mecanismo se financió indirectamente con fondos públicos una parte de las
campañas electorales del PP. Por su parte Mercado en sede judicial ha admitido
su participación en los hechos investigados. Asimismo ha admitido que también
ha colaborado con varios gobiernos regionales del PP: Madrid, Castilla y León y
Valencia.
En las carpetas halladas durante el registro en la empresa de publicidad se
encuentran apuntes que no distinguen entre el cliente PP y las instituciones:
“Campaña 2007 Baleares, Ibsalut, Manacor, noticias varias, PP, Menorca”. A
semejanza con el operativo del caso Gürtel, el método de contrataciones
institucionales paralelas a trabajos para el PP incluye obsequios documentados
para altos cargos y sus esposas. En la causa existen listados de regalos de gran
lujo, su precio y el nombre de los beneficiarios. En el sumario constan decenas
de expedientes sospechosos, desde contratos de menos de 12.000 euros hasta uno
de 1,09 millones para ferias turísticas. Existen facturas fragmentadas así como
obsequios a autoridades y anotaciones de manejos de fondos clandestinos.
Entre los imputados se encuentran:
Pere Rotger. Se ha visto obligado
a dimitir como Presidente del Parlamento regional- mantiene su escaño- tras
confirmar el juez José Castro su imputación. Rotger está implicado en la
adjudicación de un contrato supuestamente amañado de 20.000 euros con Over en
la época en la que era alcalde de Inca (2007-2011). Según el juez Castro, hay
indicios de haber cometido los delitos de prevaricación, fraude a la Administración
y malversación de caudales públicos.
José María Rodríguez. Ex Consejero de
Interior con Jaume Matas y secretario general del PP balear. Hasta julio del
2012 ha sido el Delegado del Gobierno de Mariano Rajoy en esta C.A. Fue durante
su etapa como Consejero cuando se efectuaron contrataciones oficiales con
OverMC.
Antonio López Robles. Ex gerente del PP en
Baleares. Sospechoso de haber manejado dinero opaco y traficado con facturas
ficticias para que hoteleros sufragasen, en 2003, gastos de las campañas
electorales de Matas. Al menos, 5 empresas turísticas abonaron pagos
fragmentados por unos 30.000 euros.
Mabel Cabrer. Ha dimitido como
Portavoz del PP en el Parlamento regional. Ex Consejera
Antoni Juaneda. Tras conocerse su
imputación ha dimitido Director insular del Gobierno de Rajoy en Menorca.
Otros imputados relevantes son el actual alcalde de Inca, Rafael Torres;
Encarnación Padilla, cuñada del ex presidente Matas y ex directora general de
Innovación Tecnológica, y Javier Rodrigo de Santos, ex gerente de Urbanismo del
Ayuntamiento de Palma y coordinador de la campaña electoral del PP en 2003, que
cumple prisión condenado por malversar dinero público y por abuso de menores.
3) CASO BANKIA
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu instruye una causa contra
una treintena de ex miembros del Consejo de Administración de Bankia y de su
matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA). Están acusados de cometer un
delito de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales,
administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.
Entre los consejeros de Bankia están Rodrigo Rato Figaredo (ex ministro de
Economía en el Gobierno de Aznar), José Luis Olivas (ex presidente de Bancaja,
ex presidente interino de la Comunidad Valenciana por el PP), José Manuel
Fernández Norniella (ex presidente del Consejo Superior de Cámaras),
Entre los consejeros de Banco Financiero y de Ahorro (BFA) : Ángel Acebes
(ex ministro de Justicia y ex secretario general del PP); José Rafael García-Fuster
(ex concejal del Ayuntamiento de Valencia y ex senador territorial por el PP);
Agustín González González, ( Presidente de la Diputación Provincial de Ávila );
Mercedes de la Merced (Ex concejal del Ayuntamiento de Madrid y ex eurodiputada
por el PP), Jesús Pedroche ( ex presidente de la Asamblea de Madrid),
Estanislao Rodríguez Ponga (ex secretario de Estado de Hacienda), Mercedes
Rojo-Izquierdo (ex asesora técnica del Gabinete de la presidenta de la
Comunidad de Madrid), Ricardo Romero de Tejada (ex secretario general del PP de
Madrid),
4) CASO BRUGAL
Hay abiertas tres causas:
PGOU de Alicante
Contrata de la basura de Orihuela
Soborno al ex presidente de la
Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll para adjudicar la planta de basura
del Plan Zonal de La Vega Baja.
El número de imputados supera la treintena. Se investigan delitos de
soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos
públicos. La investigación comenzó en el 2006, realizándose seis detenciones en
mayo del 2007, tres de las cuales terminaron en condenas de cárcel. En julio
del 2010 se retomó el caso con nuevos implicados. Entre los imputados se
encuentran:
José Joaquín Ripoll, ex Presidente del
Partido Popular de Alicante y ex Presidente de la Diputación provincial. En la
actualidad es Presidente del Puerto de Alicante
Ex alcaldes del PP de Orihuela Mónica
Lorente, José Manuel Medina y Francisco García Ortuño y seis ex concejales más
del PP.
Sonia Castedo, actual Alcaldesa de
Alicante y Diputada autonómica y el ex alcalde de esa ciudad Luis Díaz Alperi,
también diputado regional. En octubre del 2012, el Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) de la Comunidad Valenciana ha imputado a los dos alcaldes por los
supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de
información derivados del amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de
la ciudad en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz. La policía, el
fiscal anticorrupción y el instructor mantienen que Castedo y Díaz Alperi redactaron
el PGOU siguiendo los "deseos" del constructor Ortiz y a cambio de
dádivas. En el caso de Alperi, un viaje en un jet privado a Creta; y en el de
Castedo, unas vacaciones en Andorra y un coche de la marca Mini. Según el juez,
Castedo y Alperi adaptaron seis PAIS a los intereses de Ortiz. Y destaca que,
sobre la base de información secreta, Ortiz acaparó suelo protegido para
permutarlo por urbano. La policía cifró este pelotazo en 120 millones. Hay
igualmente varios empresarios y funcionarios imputados, entre ellos, el
redactor del PGOU, Jesús Quesada, y el abogado urbanista José Luis Castedo
hermano de la regidora Castelo. También directivos de Bancaja y de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo.
5) CASO EMARSA
Se investiga un agujero económico de al menos 17 millones de euros por el
Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia tras numerosas irregularidades
cometidas entre los años 2004 y 2010 en la extinta Entidad Metropolitana de
Aguas Residuales Sociedad Anónima.
Esta era una empresa instrumental creada por el Ayuntamiento de Valencia y
otros 17 municipios cercanos dedicada a depurar el caudal de las cloacas antes
de liberarlo al mar, destinarlo al riego o a alimentar el parque natural de
L'Albufera. Gestionaba la planta de Pinedo, la mayor de la Comunidad Valenciana
y una de las más grandes de España. Emarsa dependía, a su vez, de la Emshi, la
Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, en la que están representados
diversos Ayuntamientos y que controla, en la práctica, el Consistorio de
Valencia. Se financiaba con el canon de saneamiento que los vecinos de Valencia
y de otros 18 pueblos cercanos pagan con la factura del agua. La aportación
directa de fondos a Emarsa, sin embargo, la hacía en su mayor parte la
Generalitat a través de su empresa Epsar (Entidad Pública de Saneamiento de
Aguas Residuales). Epsar estaba adscrita en la época investigada a Medio
Ambiente. Dependió por tanto de los consejeros Rafael Blasco, Esteban González
Pons, José Ramón García Antón y Juan Cotino. Según la Agencia Tributaria Emarsa
defraudó 2,4 millones de euros a Hacienda entre los años 2006 y 2009.Hasta el
momento hay 27 imputados. La alcaldesa de Valencia Rita Barberá se ha visto
reiteradamente citada por testigos e imputados que la atribuyen aceptar
costosos regalos a cargo de la entidad
6) CASO FABRA
El origen del caso se remonta al año 2003 cuando Vicente Vilar, un
empresario de productos fitosanitarios, acusó a Carlos Fabra, por entonces
Presidente de la Diputación Provincial de Castellón y Presidente del PP en esa
misma provincia de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores
políticos. La investigación desembocó en su imputación por varios delitos
contra la Administración pública (tráfico de influencias y cohecho) y por 4
fraudes fiscales, tras detectar un incremento patrimonial no justificado. El
caso estuvo parado durante años por los sucesivos cambios de jueces y fiscales.
En el año 2010 la Audiencia de Castellón declaró prescritos cuatro de los cinco
fraudes fiscales que se le imputaban. Sin embargo, el 1 de Diciembre del pasado
año el Tribunal Supremo ordenó que Fabra fuera juzgado por todos los delitos
fiscales que se le imputaban y no solo por uno, revocando así la decisión de la
Audiencia provincial de Castellón.
Sin embargo, la sección Primera de la Audiencia Provincial, la que preside
el propio presidente del tribunal, Carlos Domínguez, que mantiene una fluida
relación con el principal imputado Carlos Fabra, ha decidido devolver el caso
al juzgado de Nules a través de un auto dictado de oficio, sin que nadie se lo
pidiese. En su auto alega que el delito de cohecho que se le imputaba a Fabra
no existe. La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que la recurriría ante el
Supremo. También lo hará la acusación popular, primero ante la propia Audiencia
y luego ante el Supremo. El titular del Juzgado número 1 de Nules le ha
impuesto una fianza de 4,2 millones. Según los peritos de Hacienda, el entonces
matrimonio Fabra defraudó 1,2 millones. La Fiscalía Anticorrupción ha
solicitado 13 años de prisión, dos por cada uno de los cuatro fraudes, cuatro
por el cohecho y uno por el tráfico de influencias. Por su parte, la acusación
eleva su petición de prisión hasta los 20 años. Además de Carlos Fabra están
imputados su ex esposa, María Amparo Fernández; el empresario denunciante
Vicente Vilar y su ex esposa. A la primera se le ha impuesto una fianzas de 1,7
millones y a Vilar y a Vives, 800.000. Por último, la Audiencia de Castellón ha
decidido admitir la imputación de un nuevo dirigente del PP. Se trata del
exdiputado y exsenador Miguel Prim, sobre el que el tribunal sostiene que
"pudo haber cometido comportamientos que podrían ser constitutivos de un
delito de tráfico de influencias, siquiera en grado de tentativa".
PD. La 2ª entrega
está al caer
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