Sevilla, en
julio de 1936. | Efe
- Defensa esconde sin razón 100.000 documentos sobre la Guerra Civil
- Preston, Viñas y un centenar de historiadores piden transparencia
Eduardo del
Campo | Sevilla
Actualizado lunes
06/05/2013 09:23 horas
¿Le gustaría
que los historiadores de la Guerra Civil le explicaran a fondo los desembarcos
nazis en el Protectorado español de Marruecos, los campos de concentración, los
batallones de soldados trabajadores (esclavos del franquismo), las deserciones,
los sabotajes o la evolución de la armada republicana y la nacional? ¿Le
interesaría conocer los incidentes ocurridos en aguas españolas con barcos de
guerra ingleses, alemanes e italianos durante la Segunda Guerra Mundial y qué
ocurrió con sus náufragos? ¿Querría saber en profundidad la política de
armamento durante la dictadura, los planes de defensa en tiempos de la
Guerra Fría o los detalles de la traumática guerra del Ifni? Pues no puede. No
puede ni el simple ciudadano, y tampoco pueden los mejores historiadores del
siglo XX español.
Por
increíble que parezca en comparación con las políticas de otros países respecto
a sus archivos militares, como en Estados Unidos, donde los secretos disponen de
plazos de caducidad, 77 años después del estallido de la guerra española hay
miles y miles de documentos datados entre 1936 y 1968 (la cifra total no la
sabemos) que siguen inaccesibles a la opinión pública pese a que su
desclasificación no constituiría ya ningún riesgo para la seguridad del Estado.
Más de un centenar de prestigiosos historiadores y documentalistas como Paul
Preston, Ángel Viñas o Francisco Espinosa, y algunos juristas como Carlos
Jiménez Villarejo, reclaman al Gobierno del PP de Mariano Rajoy que ponga en
práctica su compromiso de palabra con la "transparencia" y permita el
acceso público a unos 10.000 documentos militares ahora declarados como
secretos, confidenciales, reservados y muy reservados, que abarcan la
Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial y buena parte de la dictadura
franquista. Dicen que dado el tiempo transcurrido y su interés, ya no hay
justificación alguna para que sigan ocultos.
El
historiador Francisco Espinosa Maestre, uno de los promotores junto a Manuel
Álvaro Dueñas y Mirta Núñez Díaz-Balart de la iniciativa a la que se han
adherido colegas de toda España, explica a ELMUNDO.es que la socialista
Carme Chacón, cuando era ministra de Defensa, promovió la primera
desclasificación masiva de documentos castrenses antiguos y solicitó para
ello una revisión exhaustiva para determinar cuáles podían salir a la luz. Los
propios militares, dice el historiador desde su casa de Sevilla, señalaron en
un informe a la ministra las secciones documentales que ya no entrañaba riesgo
divulgar.
Pero ocurrió
que al entrar el Gobierno de Rodríguez Zapatero en funciones en otoño de 2011,
Chacón no elevó al Consejo de Ministros su propuesta para cancelar la condición
secreta de esos papeles, o, si lo hizo, esta propuesta no fue aprobada. La propuesta
de desclasificación masiva, dice Espinosa, pasó a manos de Pedro Morenés al
asumir el mando el PP, pero éste la ha 'congelado'. Espinosa cuenta que se
enteraron de la iniciativa de Chacón 'a posteriori', a raíz de un artículo del
periodista Antonio Rodríguez, que en la revista 'Tiempo' informó el 15 de
febrero de 2012 del plan que la ministra (que habría recibido el informe en
octubre de 2011, ya en funciones) había pasado a su sucesor. La revista divulgó
el anexo que habría manejado la ministra con la relación de archivos militares,
contenido genérico de los documentos, grado de secreto y hasta qué año se
podrían desclasificar (hasta 1939, 1940, 1968 o sin límite posterior, según
los casos). Son papeles que custodian el Estado Mayor de la Defensa, el
Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y la Armada.
Silencio administrativo
Al comprobar
que pasaba el tiempo y la apertura no se producía, los historiadores iniciaron
una batalla jurídica con el Ministerio de Defensa, ya en manos el PP, para
reclamarle copia de la propuesta de Chacón y el informe que venía con el anexo,
que era lo único que se había filtrado. Defensa, en un escrito del
pasado 14 de diciembre de su subdirector general de Recursos e Información
Administrativa, negó la mayor y les respondió que no les iba a dar copia alguna
porque la propuesta de la exministra, simplemente, no existe.
Los
historiadores volvieron a la carga con la ayuda de la abogada Eva
Moraga, especialista en acceso público a la información, y presentaron un
recurso de alzada, que el Ministerio desestimó en un escrito de su secretario
general técnico, David Santos Sánchez, fechado el pasado 5 de enero, en el que
les recordaba que, en todo caso, al margen de la 'inexistencia' de la propuesta
de Chacón, la información histórica aludida es "documentación excluida del
derecho de acceso a archivos y registros".
Una batalla
perdida. Pero la 'guerra' sigue. Les queda a este grupo de historiadores
la opción de presentar un concurso recurso administrativo para lograr abrir los
'búnkeres' documentales de Defensa, pero Espinosa explica que de momento
prefieren pedir el apoyo de los partidos y de la opinión pública y renunciar a
abrir un pleito. La experiencia les dice que se 'castiga' a los que recurren a
esa vía: si pierden el caso, les pueden condenar a pagar costas muy cuantiosas,
lo que desincentiva la lucha judicial por la transparencia de la
Administración, lamenta el promotor de la campaña.
¿Son estos
'10.000 papeles' los últimos secretos de la Guerra Civil, del rol de España en la
Segunda Guerra Mundial o de las Fuerzas Armadas bajo el franquismo?
"No", responde, "no son los últimos. Hay otros reductos, además
de documentos desaparecidos. El Archivo General Militar es accesible desde
mediados de los años 90, pero al ver lo que hay te das cuenta de lo que falta,
de lo que alguien quitó. En el Alto Estado Mayor hay fondos sin abrir. Y lo más
grave es que no sabemos lo que hay. En España no hay transparencia
informativa. Hay una oscuridad enorme".
Espinosa
Maestre, en nombre de sus colegas, insiste en pedir a Defensa que les abra sus
archivos. "Que nos diga al menos qué están manteniendo en secreto.
Se debería aplicar la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 [incluido el
patrimonio documental y bibliográfico], que establece el libre acceso a los
documentos transcurridos 50 años. Por lo menos los que llegan hasta el año
1962. Pero el Gobierno aplica la Ley de Secretos Oficiales, que data del
franquismo, de 1968".
Sostiene que
desclasificar esos papeles no costaría dinero ni esfuerzo porque "el
trabajo ya está hecho" de la época de Chacón, cuando "se gastaron un
dinero en revisar esa masa documental y extraer lo que se puede
desclasificar". Y reclama al Gobierno que aproveche la Ley de Transparencia
que está preparando y democratice el acceso a información histórica cuyo
secreto ya carece de razón. Si no, seguirán a la carga. "Nos toman por
gilipollas", se queja.
Ahí hay una mina
Pero como no
lo son, los historiadores tienen en la cabeza lo que se esconde en el 'búnker'.
El anexo que supuestamente manejó la exministra Chacón con la relación somera
de los papeles militares secretos que se podrían ya divulgar, en general los
anteriores a 1968, indica sugerentes contenidos. "Es un material de primer
orden", subraya Francisco Espinosa, aunque precisa que su valor no lo
pueden determinar hasta que sabuesos de la Historia como él le puedan
meter el diente. Por ejemplo, el Cuartel General del Estado Mayor de la
Defensa, en Madrid, guarda, según el listado, "proyectos y programas para
la construcción de armamento, materiales y equipamiento de las Fuerzas
Armadas" o "Planes de contingencia para hacer frente a posibles
amenazas para la Defensa Nacional".
En el
Ejército de Tierra, su Archivo General Militar de Madrid conserva documentos de
la Guerra Civil ahora secretos, como el "bando declarando estado de
guerra", o sobre "justicia militar, descripciones geográficas y
topográficas, detención de extranjeros, censura". Su Archivo General
Militar de Ávila oculta datos sobre "campos de concentración, batallones
de soldados trabajadores, arrestos, denuncias, deserciones, sospechosos,
sabotajes", además de movimientos de tropas, entre otros temas secretos.
El Archivo
Intermedio Militar Sur, en Sevilla, mantiene fuera del alcance público papeles
de la guerra como sentencias de tribunales castrenses u órdenes militares. El
Archivo Intermedio Militar de Baleares es una mina para conocer la "rebelión
militar" y el "espionaje" entre 1936 y 1939. Su homólogo de
Ceuta alberga en la sombra información histórica sobre "convenios y
tratados con Francia y Marruecos, desembarcos alemanes, gastos de
armamento" o "protegidos y agentes franceses".
Además de
los centros mencionados, hay más documentos susceptibles de desclasificación del
Ejército de Tierra en el Archivo Intermedio Militar Pirenaico, el Archivo
Intermedio Militar Noroeste y el Archivo Intermedio Militar de Canarias.
Por parte de la Armada, en el Archivo General de la Marina, el Archivo Central
del Cuartel General, los archivos navales de El Ferrol, San Fernando, Cartagena
y Canarias, y en el Archivo General de la Administración. Y por parte del
Ejército del Aire, los secretos que podrían caducar se guardan en el Archivo
Histórico del Ejército del Aire y el Archivo Intermedio del Cuartel General del
Ejército del Aire. La opacidad del Estado mantiene aún el siglo XX español
lleno de agujeros negros. Aquí están.
Fuente: www.elmundo.es
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