El texto propone adelantar en 18 años la
entrada en vigor del llamado ‘factor de sostenibilidad’.
Se apuesta por ligar la prestación a la
esperanza de vida
Fuente:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. / EL PAÍS
Los expertos
ya han deshojado la margarita de la gran reforma de pensiones: la definición
del factor de sostenibilidad. Y se decantan por una aplicación
inmediata, ya el año que viene, 18 años antes de lo previsto por la reforma de
2011. El informe que estudiarán mañana lunes en su última reunión la docena de
sabios designados por el Gobierno para aconsejarle postula una doble vía de
ajuste: una, que afecta a los pensionistas presentes y a los futuros, vincula
la actualización anual de las prestaciones a la evolución de los ingresos y los
gastos del sistema, y acaba con la actual relación directa entre esa
actualización y el índice de precios; otra, ya para los futuros jubilados, liga
el cálculo de sus pensiones a la esperanza de vida.
Después de
un mes de trabajo, la mayoría del grupo —es muy probable que el lunes haya dos
o tres votos discrepantes— se decanta por una aplicación inmediata del factor
de sostenibilidad. No obstante, el texto escrito por el presidente del grupo,
Víctor Pérez-Díaz, de 29 páginas y fechado el 24 mayo, al que ha tenido acceso
este diario, abre la puerta a otros dos escenarios: una implantación progresiva
entre 2014 y 2019 y su aplicación en 2019. Pero la postura del grupo de
expertos está clara. “El Comité se pronuncia a favor de una aplicación
temprana”, aclara el texto “aún provisional”, porque, como explica en otro
apartado, “conviene aplicarlo lo más pronto posible”.
Con este
documento no definitivo —algo que puede observarse en las múltiples
advertencias y sugerencias del texto— los expertos se sitúan en línea con las
exigencias de Bruselas, donde exigen que el factor de sostenibilidad entre en
vigor antes de 2032 y creen que la reforma de pensiones de 2011, aunque bien
orientada, es insuficiente. Lo que no hacen los expertos es recomendar un
adelanto de la llegada de la edad legal de jubilación (ahora previsto en 2027)
como en algún momento ha pedido la Comisión Europea. Pero sí que se establecen
importantes mecanismos de ajuste y contención de gasto, que probablemente se
traducirán en pensiones menores en el futuro.
- Ya está jubilado. El documento provisional propone acabar con la vinculación entre pensiones e IPC. Desde los 90, se garantiza que las pensiones no pierden poder adquisitivo. Solo en 2011 y 2012 se ha incumplido este precepto. Ahora se estudia que las prestaciones evolucionen según una fórmula basada en la marcha de los ingresos y los gastos. En coyunturas económicas como la actual se traducirá en pérdidas de poder adquisitivo.
- Va a jubilarse pronto. La edad de referencia seguirá entre los 65 y los 67 años, según el tiempo cotizado. No obstante, se propone que la cuantía inicial de la pensión esté ligada a la esperanza de vida al jubilarse. La fórmula ofrecida persigue que la cantidad total a cobrar por un jubilado en 2014 sea la misma que otro que se retire años después, con iguales cotizaciones. Eso se traduce en una reducción paralela de la pensión. La actualización anual será similar a la de los ya jubilados.
- Aún falta mucho para jubilarse. La fórmula de cálculo de la pensión será la misma que en el caso anterior. Para la actualización anual, los expertos no proponen ninguna cautela si el resultado de la fórmula implica caídas de pensiones. Se deduce que sí contemplan esa posibilidad para las pensiones futuras.
Uno de los
objetivos del factor de sostenibilidad, dice reiteradamente el documento, es
“el equilibrio presupuestario del sistema”. Para lograrlo, propone acabar con el
vínculo directo que ahora mantienen las pensiones con el IPC. Aquí radica una
novedad muy importante sobre otras reformas de pensiones: afecta a los ya
jubilados. En sustitución, se apuesta por actualizar las pensiones cada año “en
función de una ratio entre ingresos y gastos”. Para suavizar los vaivenes
anuales y que esto no provoque grandes oscilaciones, los expertos sugieren que
se tomen los ingresos y los gastos de 11 años (los cinco pasados, el vigente y
las previsiones de los cinco posteriores).
A pesar de
esta prevención, puede darse la circunstancia de que la aplicación estricta de
la fórmula suponga caídas nominales de pensiones (que una prestación mensual de
1.000 euros tuviera que reducirse, por ejemplo a 990) y no solo pérdidas de
poder adquisitivo. En este punto, el informe discrimina entre los pensionistas
presentes y los futuros. Para los primeros recomienda que se prohíba esta
posibilidad y que mantendrá “su valor nominal”. Para los segundos, diferencia
entre “los que están próximos a jubilarse”, a los que “cabe aplicarles un
razonamiento similar” al de los pensionistas actuales, y “los que están
relativamente alejados de su jubilación”, de los que no dice nada. Se puede
inferir, por tanto, que se abre así la puerta a bajadas de pensiones en el
futuro.
El otro
mecanismo de contención de gasto, aunque a más largo plazo, es el que apuesta
por vincular la pensión con la esperanza de vida al jubilarse. Aquí el grupo de
expertos no propone cambios sobre parámetros como los años necesarios para tener
derecho a una pensión contributiva (15 años), el periodo de cálculo (16 años
este ejercicio) o la edad legal de jubilación. La apuesta en este punto es que
quien se retire, por ejemplo, en 2014 momento tiene que cobrar durante toda su
jubilación lo mismo que quien se jubile en 2019 con las mismas bases de
cotización.
La deducción
en este punto es sencilla: sabiendo que, como norma general, cada vez se vive
durante más tiempo (la esperanza de vida suele aumentar cada año en unos 50
días), la normal es que la pensión inicial media de los jubilados en el futuro
sea más baja. Y así lo admite el informe. Para compensar, el texto propone que
se incentive el retraso voluntario de la jubilación.
Este doble
ajuste se traducirá en una reducción de pensiones en el medio plazo. Los mismos
expertos lo admiten en su informe cuando calculan —en base a unos escenarios de
crecimiento anual medio entre el 1,5% y el 2,75% en los próximos años— que para
un pensionista actual que esté cobrando 1.000 hoy cobraría, una vez se
descuenta el IPC, entre 939 y 949 euros, en 2020. Más optimistas son respecto a
los jubilados futuros, pues creen que se mantendrá entre los 998 y los 1.008
euros.
El capítulo
al que los expertos apenas le dedican espacio es al de aumentar los ingresos.
No descartan la posibilidad. Admiten de que se puedan subir las cotizaciones o
dotar al sistema de pensiones con otras vías de financiación. Sin embargo, sí
que rechazan que de la aplicación del factor de sostenibilidad resulte un
aumento automático de cotizaciones. “Las empresas se verían dificultadas por
una incertidumbre añadida”, zanja.
Fuente: www.elpais.com
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