Memoria
Histórica | Comisión de la Verdad | 27-05-2013 |
El derecho a
la verdad, la justicia y la reparación es un derecho humano de las víctimas,
especialmente de aquellas que lo han sido como resultado de los crímenes de genocidio,
guerra y lesa humanidad, de las que fueron eliminadas, secuestradas, ejecutadas
extrajudicialmente mediante juicios sumarísimos injustos, torturadas,
exiliadas, desaparecidas, sustraídas a sus familias naturales por mecanismos y
métodos diseñados por los aparatos de poder organizados desde el Estado o fuera
del mismo, pero con su apoyo y reconocimiento.
En España,
todos esos delitos fueron cometidos por la cruel dictadura franquista que nació
de una sublevación militar en 1936, Contra el régimen legítimo de la República
apoyada por el fascismo y el nazismo europeo.
Hoy, la
lista de sus atrocidades todavía sigue incompleta, lo mismo que el derecho de
las víctimas de esos crímenes a la verdad, la justicia y la reparación.
Los
cadáveres de al menos 120.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y
la posterior represión franquista, que convierten a España en el segundopaís en
número de fosas comunes,esperan justicia en miles de fosas y cunetas de toda la
geografía española.
Esperan
justicia los niños robados y sus familias; 30.000 niños secuestrados por la
dictadura, a los que cambiaron sus nombres en el Registro Civil y entregaron en
adopción a familias adictas al régimen. Práctica que siguió sucediendo hasta
entrada la democracia. Justicia esperan las mujeres que fueron doblemente
víctimas por sus ideas y su condición de ser mujer.
Justicia
siguen esperando las decenas, centenares de miles de víctimas detenidas,
torturadas, perseguidas, exiliadas, ejecutadas en juicios sumarísimos,
sometidas a trabajos forzosos, guerrilleros etc. Una justicia que, todavía hoy,
35 años después de la desaparición del franquismo, el Estado y los tribunales
les siguen negando una y otra vez.
La primera
iniciativa de las víctimas que ha tenido trascendencia ante la justicia
española, fue la presentación de varias denuncias y querellas por víctimas y
asociaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos y de la memoria
histórica, sindicatos y otros organismos, en 2006 ante la Audiencia Nacional.
El 16 de octubre de 2008, el juez, al que le se asignó la causa, la admitió a
trámite y ordenó que se investigaran los supuestos crímenes de lesa humanidad
cometidos durante la época franquista, ordenando que se identificara a los
responsables y ordenando varias exhumaciones y la formación de una comisión de
expertos, entre otras medidas.
Paradójicamente,
el Tribunal Supremo, en contra de su propia doctrina en otros casos, no sólo
paralizó la investigación, sino que ordeno el procesamiento del juez que la
había iniciado.
La sentencia
de 27 de febrero de 2012 dictada por este tribunal en la causa contra el Juez,
al que absolvió, supuso un atropello a los derechos de las víctimas y a su
resarcimiento por vía judicial de la Verdad, Justicia y Reparación. Esta
sentencia establece que no cabe investigar penalmente los crímenes del
franquismo y afirma que los delitos están amnistiados y han prescrito, además
de considerar que a esos crímenes no se les puede aplicar los principios del
Derecho Penal internacional.
Con esa
resolución, el tribunal confirmó la impunidad total de la que hasta ahora
habían disfrutado los responsables de crímenes internacionales contra los
derechos humanos cometidos durante la Guerra Civil y la posterior represión
franquista. Ha sido una renuncia explícita a la investigación y sanción de
estos crímenes, así como a la búsqueda de la verdad.
Al mismo
tiempo, el gobierno Rajoy ha resuelto vaciar de contenido la insuficiente ley
de la Memoria Histórica, a la vez que ha empezado a recortar los derechos y
libertades que tan caros fueron de conquistar como respuesta al malestar social
provocado por la crisis económica, mientras ampara los homenajes al dictador.
No podemos
ni debemos aceptar que se consoliden estos retrocesos después de los avances
logrados en muchos años de lucha en común.
La verdad
sobre los crímenes franquistas es un derecho y un instrumento imprescindible
para la consolidación de la democracia española, pero también para que las
generaciones venideras, que tienen el derecho y el deber de conocer la verdad,
conozcan y se formen en los valores de la libertad, la justicia y la
convivencia.
La causa de
las víctimas y de la memoria democrática está en peligro. Porello, en el
Encuentro estatal de Asociaciones de la Memoria Democrática y de Víctimas del Franquismo,
celebrado el pasado 29 de septiembre en Madrid, decidió constituirse en
Plataforma por la Comisión de la Verdad.
La
reclamación de una “Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo” se
sustenta en el derecho internacional, en las comisiones de Argentina, Chile o
Sudáfrica, entre otros países; y en las resoluciones y recomendaciones de
Naciones Unidas (Comité de Derechos humanos, Grupo de trabajo sobre
desapariciones forzadas, Comité contra la tortura) y del Consejo de Europa
sobre nuestro país. Unas recomendaciones que han sido desoídas e incumplidas
sistemáticamente por la justicia y las autoridades españolas.
En esta
nueva etapa creemos que la Comisión de la Verdad es la principal respuesta de
las Asociaciones a la legítima aspiración a saber lo que sucedió, cómo y por
qué, y para seguir exigiendo verdad, justicia y reparación. Igualmente
seguiremos apoyando otras iniciativas como la querella en Argentina y las
acciones de víctimas y asociaciones ante organismos internacionales.
Esta plataforma
pretende promover y desarrollar la petición de una Comisión de la Verdad como
un movimiento unitario, una acción colectiva que, respetando la autonomía e
idiosincrasia de cada asociación, nos permita dar todos juntos una batalla
jurídica, política e institucional en España y ante las instituciones
internacionales.
Entre todos,
asociaciones, y ciudadanos comprometidos con la democracia, tenemos que dotar
de vida a la Comisión de la Verdad. Se trata de levantar un edificio jurídico,
político y ético sobre los crímenes cometidos por la dictadura franquista.
Aspiramos a
una Comisión de la Verdad, constituida con garantías sobre los principios del
derecho internacional, integrada por personalidades independientes, nacionales
e internacionales de reconocido prestigio democrático, y aceptada por las
instituciones y el Estado que establezca definitivamente la verdad sobre el
horror del franquismo y los derechos de las víctimas.
Hoy, en
plena crisis económica, política y social es más necesario que nunca defender
la democracia y las libertades, y eso será difícil mientras no haya verdad,
justicia y reparación.
Propuestas
de la plataforma de la “Comisión de la Verdad sobre los crímenes del
franquismo”:
1º.- Exigir
en el Parlamento y Senado, como cámaras de representación popular la condena
del ilegal golpe militar contra la República y de la dictadura franquista como
ilegítima e ilegal. Así mismo exigirles que pidan perdón por los crímenes
cometidos por el Estado.
2º.-
Derogación de cualquier legislación que suponga o pueda interpretarse como “Ley
de punto final”, a los efectos de los principios de Justicia Universal.
Aplicación plena del derecho y los tratados internacionales que declaran la
imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Anulación de los juicios
y sentencias dictadas por los tribunales franquistas.
3º.-
Necesidad de la creación de una fiscalía especializada en las actuaciones
criminales del franquismo.
4º.-
Exigencia a los poderes públicos de las siguientes cuestiones:
Investigación
sobre los desaparecidos y exhumación de los restos de las víctimas por cuenta
del Estado.
Reparación a
las víctimas vivas (familiares de los desaparecidos) en tanto que no se han
resuelto estos crímenes.
Completar el
Mapa de fosas y reconocimiento de lugares de memoria y censo de víctimas.
Rehabilitación
de los exiliados y depurados por la represión.
Investigación
y esclarecimiento del robo de niños.
Devolución
de los patrimonios expoliados por el franquismo.
Supresión de
la simbología franquista.
Tipificación
como delito de la exaltación de la dictadura franquista y de aquellas
iniciativas que supongan apología del franquismo.
Reconocimiento
y esclarecimiento del trabajo forzoso durante la época franquista.
Restablecimiento
de la Oficina Estatal de atención a las víctimas y familiares del franquismo
con personal especializado y presupuesto suficiente.
Derogación
de toda la legislación y disposición legales que impiden o limitan el acceso a
la documentación y archivos del periodo franquista 1936-1978 (Guardia Civil,
Policía, Presidencia del gobierno, Defensa, Iglesia etc).
5º.- Incluir
en los contenidos educativos de todos los niveles de la enseñanza el
conocimiento de nuestra historia democrática y la de todos los referentes de
defensa de las libertades y los derechos humanos en el pasado y hasta nuestros
días.
En Twitter: @ComisionVerdad_
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