Los documentos incautados en la Guerra
Civil regresaron a la comunidad catalana en 2006
Traslado de
cajas con los ‘papeles de Salamanca’, en el año 2006. / BERNARDO PÉREZ
Se acabó el
litigio por los papeles de Salamanca. El Tribunal Constitucional ha dado
la puntilla definitiva a uno de los asuntos que más polémica despertó a
propósito de algo de apariencia tan inocente como unos documentos. En una
sentencia del pasado 31 de enero de la que ha sido ponente el magistrado Pablo
Pérez Tremps, se desestima el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta
de Castilla y León contra varios artículos de la ley de 2005, que
contemplaba la restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos
incautados con motivo de la Guerra Civil, y que durante la dictadura franquista
fueron depositados en Salamanca. Esta documentación, en el momento de la
devolución, estaba custodiada en el Archivo de la Guerra Civil. La misma ley
recurrida contemplaba la conversión de este archivo en el Centro Documental de
la Memoria Histórica, como así ocurrió.
El alto tribunal considera que la norma perseguía
"una finalidad razonable" y "no se muestra desprovista de todo
fundamento". Aunque pueda discreparse de la solución planteada, el fallo
concluye que no puede calificarse de "arbitraria la transferencia de la
documentación ope legis [de pleno derecho] a Cataluña frente al
restablecimiento de un procedimiento distinto para el resto de las Comunidades
Autónomas".
El
Ayuntamiento de Salamanca, cuyo alcalde es Alfonso Fernández Mañueco, también secretario
general del PP en Castilla y León, considera que el traslado a Cataluña de los
documentos "no ha cumplido la ley". El consistorio salmantino
"acatará la sentencia", pese a que en este asunto "no se cumplen
los requisitos establecidos en la propia ley para su devolución", ha
explicado la institución en una comunicación. En su comunicado ha invocado a
Montesquieu para decir: "Una cosa no es justa por el hecho de ser ley.
Debe ser ley porque es justa".
Razonamientos de la Junta
En su
recurso, la Junta de Castilla y León planteaba, entre otros razonamientos, que
la restitución dañaba la integridad del archivo ("se ve seriamente
mutilado convirtiéndose en un archivo parcial o un almacén parcial de restos
documentales") salmantino y suponía "una expoliación al suponer la
perturbación del cumplimiento de la función social que a los fondos y al
Archivo General de la Guerra Civil les corresponde".
La sentencia
del Constitucional llega poco más de un año después de que el Tribunal Supremo
diese otro varapalo a la administración de Castilla y León, que no se ahorró
llamar a la puerta de cuanta instancia judicial -y con cuanto argumento
jurídico encontró- para tratar de revertir la salida de material hacia
Cataluña. En noviembre de 2011, el Supremo dio la razón al Ministerio de
Cultura, que se había negado a declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el
edificio donde está el archivo (el Colegio de San Ambrosio). Esta petición
tenía como finalidad proteger la integridad del archivo e impedir la salida de
documentación.
También la
Audiencia Nacional avaló a finales de 2008 el envío de documentos y rechazó la
petición del Ayuntamiento de Salamanca para anularla. En aquella resolución
también rechazaba presentar una cuestión ante el Tribunal Constitucional al
considerarla que se ajustaba a la Carta Magna.
El retorno
de papeles a Cataluña se supervisó por una comisión mixta -y fue avalado por el
Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica- y se realizó en varias
entregas. En los últimos años, además de documentos oficiales han salido
legajos de propietarios catalanes particulares y organizaciones sindicales y
políticas. De todo el material hay copia digitalizada en el Centro Documental
de la Memoria Histórica de Salamanca, que en los últimos años ha engrosado sus
fondos con colecciones y archivos destacados de la época de la República, la
Guerra Civil y la dictadura.
Tras la
aprobación de la ley en 2005, el traslado de los papeles a Cataluña se
convirtió en una gran bronca política entre administraciones y partidos,
que utilizaron la movilización social para tratar de influir en las decisiones.
La pugna ha sido tal que en los últimos años se han sucedido reiteradamente
fallos judiciales (casi siempre a favor de la devolución de los documentos),
pero la trascendencia de la sentencia dictada por el Constitucional podría ser
el punto final a la batalla.
Fuente: www.elpais.com
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