El suplente previsto para sustituir a la
dimitida Mercè Pigem en el Poder Judicial es Antonio María Álvarez-Buylla
Ballesteros, decano del Colegio de Procuradores de Madrid
Álvarez-Buylla fue designado a propuesta
del PP y está actualmente imputado en el Juzgado de Instrucción número 30 de
Madrid, acusado de falsedad en documento público
Si su nombramiento prospera, su caso
tendría que pasar al Supremo porque se convertiría en aforado
Ignacio
Escolar
30/11/2014 - 22:08h
30/11/2014 - 22:08h
Antonio Álvarez-Buylla (primero por la izquierda),
junto a los otros dos suplentes del Consejo General del Poder Judicial elegidos
por el Senado: María Isabel Valldecabres y Jose María Macías. / Efe
La reciente
dimisión de Mercè Pigem, la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
a la que sorprendieron con 9.500 euros en efectivo en la frontera con Andorra,
presumiblemente llevará hasta el máximo órgano de gobierno de los jueces a un
imputado, acusado de un delito de falsedad de documento público. Se trata de
Antonio María Álvarez-Buylla Ballesteros, un jurista conservador que fue
propuesto por el PP y votado por el
Senado como primer suplente en
los nombramientos de esta cámara para el Poder Judicial por el turno de
juristas, el mismo por el que fue elegida Pigem.
Álvarez-Buylla
es el decano del Colegio de Procuradores de Madrid y se enfrenta –junto al
secretario del Colegio de Procuradores, Ramiro Reynolds Martínez– a un proceso
penal que actualmente está llevando el Juzgado de Instrucción número 30 de
Madrid. La Asociación Nacional para la Defensa del Procurador (ANDP) se
querelló contra ambos por manipular el estatuto del Colegio de Procuradores.
Según la
querella, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el texto que los procuradores
madrileños aprobaron en una junta general no coincide con el que, días después,
fue inscrito en el Registro de Colegios Profesionales y publicado en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid. La segunda versión, dice la querella,
modificó un artículo que afecta a las cuotas que los procuradores tienen que
pagar al Colegio.
Según la ANDP,
la nueva redacción añadió un párrafo sobre el texto que había aprobado la junta
general, estableciendo una especie de cuotas variables que dependen de lo que
gane cada procurador. Este cambio ha elevado en gran medida estas cuotas, que
anualmente suponen alrededor de cuatro millones de euros. Desde que ese nuevo
estatuto está en vigor, varios procuradores han sido también expulsados del
colegio por negarse a pagar.
La querella fue
presentada el 14 de junio de 2013 y, en un primer momento, fue sobreseída por
el Juzgado de Instrucción número 30. Sin embargo, la Asociación para la Defensa
del Procurador recurrió la decisión y la Audiencia Provincial de Madrid falló a
su favor. Hace unos meses, el 20 de marzo, la Audiencia Provincial ordenó en un
auto la reapertura de la investigación y "la declaración de los
querellados en calidad de imputados", a pesar de que la Fiscalía se
oponía.
El auto es muy
contundente y en él la Audiencia Provincial llega a asegurar que "los
hechos imputados en la querella revisten los caracteres de un delito de
falsedad en documento público previsto y penado en el artículo 390.3"
del Código Penal. Dicho artículo conlleva penas de tres a seis años de
prisión.
Si el imputado
Antonio María Álvarez-Buylla acaba finalmente como nuevo vocal del Poder
Judicial, su caso pasaría al Tribunal Supremo porque se convertiría en
aforado.
Una
dimisión que afecta a la continuidad de Pablo Ruz
La salida de
Mercè Pigem, y su probable sustitución por Álvarez-Buylla, ha alterado también
el equilibrio de fuerzas en el Poder Judicial. Pigem, propuesta por CiU,
formaba parte de la Comisión Permanente: el órgano donde se toman las
decisiones más importantes. Desde CiU, se ha insinuado que la filtración a la
prensa de que había sido sorprendida con 9.500 euros en la frontera responde a
otros motivos. “No todo el mundo que viaja a Andorra al cabo de cinco minutos
se encuentra una noticia en un periódico”, ha asegurado Jordi Turull, portavoz
de CiU en el Parlament catalán.
La Comisión
Permanente del CGPJ, de la que sale Pigem, tendrá que decidir en las próximas
semanas sobre la continuidad de Pablo Ruz al frente del Juzgado
número cinco de la Audiencia Nacional, donde se instruyen los
delicados sumarios de los casos Gürtel y Bárcenas. Antes de la salida de Pigem,
los magistrados nombrados por el PP tenían la mayoría, pero solo por el voto de
calidad –que cuenta como dos en caso de empate– del presidente del CGPJ, Carlos
Lesmes.
Con la dimisión
de Pigem y su probable sustitución por Álvarez-Buylla, los magistrados
nombrados por el PP tendrán una mayoría mucho más holgada y no será necesario
usar el voto de calidad de Lesmes para decidir el futuro del juez Ruz y el caso
Bárcenas.
Fuente: www.eldiario.es
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