La magistrada del caso Pokémon sospecha que cargos de los gobiernos gallego
y central, diputados y concejales colaboraron con un "elaborado sistema de
facturación falsa y ficticia".
Los investigadores creen que el partido sufragó con donaciones opacas
gastos electorales que superarían "el límite legal".
Entre los investigados figura el presidente de la Diputación de
Ourense, el secretario de Emigración de la Xunta, y una ex edil prima de Feijóo
que dirige un hospital público.
15/12/2014 - 18:06h
Baltar, en un acto del PP de Ourense con Feijóo, Rueda
y Rodríguez Miranda
La
jueza Pilar de Lara amplía la investigación en torno al PP de Ourense.
Apenas un mes después de lanzarse a
indagar la presunta financiación irregular del partido basándose
en el testimonio de su ex gerente, Emilio Pascual, la magistrada que instruye
el caso Pokémon ha emitido este lunes un nuevo auto para permitir que
Vigilancia Aduanera, el cuerpo de la Agencia Tributaria que viene empleando
como Policía Judicial, pueda recabar información sobre posibles facturas
emitidas a nombre de hasta 24 dirigentes -uno de ellos ya fallecido- para
determinar si han colaborado en la comisión de presuntos delitos de
"apropiación indebida, soborno, tráfico de influencias y falsedad
documental", así como eventuales delitos electorales.
En
este nuevo auto, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, la jueza
extiende las sospechas más allá del año 2010, cuando la dirección del
partido pasó de las manos de José Luis Baltar a las de su hijo, José
Manuel Baltar, también presidente de la Diputación provincial. En ambos
períodos la jueza considera que se utilizó "idéntico sistema" para
"encubrir supuestos gastos del PP", sobre todo vinculados a publicidad
electoral, los cales, "para no superar el límite legal establecido, serían
facturados al nombre de diversas personas jurídicas", de varias empresas,
"así como a nombre de diferentes personas que ostentan cargos dentro del
PP".
En
este escenario, De Lara se dirige a una de las empresas ya citadas en el auto
de noviembre, la agencia publicitaria Planos, para que "facilite las
facturas emitidas desde desde el año 2005 hasta la actualidad" a nombre de
una veintena de personas, comenzando por Baltar padre e hijo, el ex
alcalde de Ourense Enrique Novoa y cargos de la Xunta como el secretario
general de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda y la directora general de
Familia, Amparo González. En esta relación figura también el vicepresidente del
Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, la diputada Marta Rodríguez-Vispo y
el subdelegado del Gobierno central en la provincia, Roberto Castro.
La
misma reclamación la cursa para facturas a nombres de ediles actuales del PP en
la capital ourensana, como Mónica Mourelo, José Araújo, Belén Iglesias o
Aurelio Gómez. También pide posibles facturas a nombres de ex ediles como
Eloína Núñez, actual gerente del hospital de Ourense y prima del presidente de
la Xunta, la que fue su sustituta en la corporación, Noelia Pérez, y también
de Francisco Campos, José Luis Sousa y Francisco Javier Rodríguez
Novoa.
En
otra de las empresas de las que la investigación sospecha, Telemiño -que
ya ha afirmado públicamente no estar implicada en el caso- la jueza pide
facturas emitidas a nombre del senador Miguel Ángel Pérez de Juan y de la
concejala en O Carballiño Monserrat Caride. Además, mira de nuevo al grupo
municipal del PP en Ourense para pedir facturas a nombre de su portavoz,
secretario general provincial y vicepresidente de la Diputación, Rosendo
Fernández, en la empresa Nacher Publicidad, a la que también le pide la
facturación que pueda haber emitido para el diputado Guillermo Collarte. En el
caso de esta última empresa las sospechas se sitúan, sobre todo, del año 2011
en adelante.
La
jueza considera necesario "analizar la forma de pago" de estas
facturas "y los conceptos facturados", ya que "a través de este
procedimiento se podría estar burlando la legislación electoral y de
financiación de partidos políticos, además de implicar un presunto delito de
falsedad documental" ya que, según Pascual, el ex gerente del partido,
"la referida facturación en los años electorales no era abonada por los
candidatos" a los que se les facturaba, "sino por el propio partido,
generalmente en efectivo y no se reflejaba en la contabilidad oficial, porque
el dinero procedía de donaciones ilícitamente recibidas y, por lo tanto, no
contabilizadas". Según De Lara "las afirmaciones del señor
Pascual se han visto refrendadas" por la documentación que ya le
aportaron Telemiño y Planos, "aún incompleta, pues falta facturación
por aportar".
Siempre
según la investigación, en este "elaborado sistema de facturación falsa y
ficticia" también "colaborarían" empresas investigadas en la
propia operación Pokémon, como Aquagest, dos empresas del Grupo Véndex,
Financiera y Comunicaciones Coruñesa y la constructora Extraco. Todas ellas
deberán facilitarle a la magistrada diversos documentos contables y las
"facturas recibidas desde 2003 hasta la actualidad" desde Planos y
Telemiño, por si simularon cobros de servicios que realmente tenían al PP como
beneficiario.
Fuente: www.eldiario.es
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