Confirmadas
movilizaciones en más de 12 ciudades para pedir la retirada de la Ley de
Seguridad Ciudadana.
España | No somos delito / Tercera Información | 18-12-2014
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El 20 de diciembre se han convocado movilizaciones en varias
ciudades de España para mostrar el
rechazo de la ciudadanía al Proyecto
de Ley sobre Seguridad Ciudadana aprobado en solitario por el Partido
Popular el pasado jueves en el Congreso. Movimientos sociales de todo el estado
saldrán a la calle este sábado para pedir al gobierno la retirada de esta
reforma que podría
estar vigente a partir de febrero o marzo de 2015.
Las principales razones por las que protestamos contra esta
ley están claras. La Plataforma se
basa en un estudio detallado de la reforma realizado por una comisión de
análisis formada por juristas y ciudadanos de la Plataforma, quienes
denunciamos que esta ley "es un ataque directo a derechos fundamentales
recogidos en nuestra Constitución como la libertad de reunión o libertad de
expresión, restringiendo su libre ejercicio con la aplicacion de multas
desorproporcionadas que van desde los 100 hasta los 600 mil euros".
Ley de Inseguridad Ciudadana
El proyecto de ley de Protección de la Seguridad Ciudadana viene de la
mano de la Reforma del Código Penal, dos medidas actualmente en
trámite y cuya aplicación supondrá graves restricciones al derecho de reunión y
expresión en España.
El objetivo de este paquete de reformas no es “garantizar la
seguridad ciudadana”, tal y como afirma el gobierno, sino desincentivar y
reprimir el libre ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y de
asociación frente a la creciente ola de movilizaciones ciudadanas críticas con
la gestión de la crisis en la que nos encontramos inmersos desde 2008.
Estos proyectos de reforma son innecesarios. Pese a que el
Gobierno hace referencia a una demanda creciente por parte de la ciudadanía
española para garantizar su seguridad, el hecho es que la seguridad ciudadana no es uno de los principales problemas que preocupa a la
ciudadanía (Centro de Investigaciones Sociológicas).
Esta justificación tampoco se sostiene en términos
cuantitativos por un aumento de la violencia u otro tipo de elemento delictual
durante el ejercicio del derecho de reunión en España, pues de las más de
87.000 manifestaciones celebradas en España en los dos últimos años, se han
producido incidencias en menos del 1% de las mismas, todo ello según datos del
propio Ministerio del Interior. Según declaró el propio ministro
en su intervención en el pleno del Congreso “Sólo en el 0,08 de las
manifestaciones, los cuerpos de seguridad han tenido que hacer uso de la
fuerza”.
Mordaza a las protestas sociales
La reforma de la Ley de Protección de la Seguridad
Ciudadana conlleva un incremento altísimo de las infracciones
relacionadas con la libertad de reunión pacífica y de asociación así como la
libertad de expresión. 15 de las 46 infracciones propuestas en la reforma
afectan directamente a esta área, lo que denota el interés particular del
Gobierno por regular, mediante multas, estos derechos:
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1. Serán sancionadas con multas de 30.001 a 600.000
euros, las reuniones o manifestaciones no comunicadas o
prohibidas en instalaciones en las que se prestan servicios básicos
para la comunidad afectando a su funcionamiento normal, por ejemplo
las protestas en RTVE.
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2. Por difundir imágenes de la policía entre 600 y 30.000€
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3. Por desobediencia pacífica a la autoridad entre 600
y 30.000 €
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4. Por no finalizar una manifestación si lo exige la
policía entre 600 y 30.000€
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5. Por obstaculizar o intentar
impedir un desahucio de 600 a 30.000€
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6. Por una asamblea o manifestación frente al congreso de 600 a 30.000€
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7. Por estar dentro de un espacio ocupado (un Centro
Social Ocupado o cualquier otro) de 100 a 600€ (y esto es para los casos que
no son delito; delito es para los que ocupan).
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8. Por hacer una asamblea en un espacio público entre
101 y 600€
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9· La Ley Mordaza sancionará el escalamiento
a edificios o monumentos sin autorización con multas de 101 a 600
euros.
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10. Se legalizan las listas negras de infractores, es
decir manifestantes, activistas, prensa alternativa…
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11. La Ley Mordaza permitiría las redadas preventivas,
sin necesidad de que haya alteración de la seguridad efectiva, sin ningún
tipo de requisito o criterio adicional
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12· La Ley Mordaza permitiría la discrecionalidad a las
fuerzas de seguridad para emplear los registros corporales externos
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13· La Ley Mordaza permitiría disolver una
manifestación sin previo aviso cuando existan indicios de “alteración” de la
seguridad ciudadana
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14. Para recurrir en los tribunales habra que
pagar tasas judiciales, cuya cuantía depende de la multa
impuesta
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Una ley muy criticada
Desde la presentación del primer borrador de la ley, hace ya
casi un año, el Proyecto de Ley sobre Seguridad Ciudadana generó el rechazo de
múltiples actores sociales, ciudadanos y el de órganos consultivos como el del
Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de
Protección de Datos. Como consecuencia, el Consejo de Estado rechazó el primer
dictamen “por cuestiones formales” pero meses más tarde un segundo texto
sensiblemente modificado pero con las mismas intenciones recibía la valoración
positiva del Consejo de Estado con la consiguiente aprobación en Consejo de
Ministros.
En su discurso, el gobierno ha tratado de desviar la
atención sobre los puntos más polémicos de la Ley centrándose únicamente en el
visto bueno de estos órganos consultivos. El ministro de Interior, declaró
incluso haberse “reunido y escuchado a diversas organizaciones sociales entre
las que nombró a Amnistía Internacional, Intermon-Oxfam y Greenpeace” sin
aclarar que se habían tenido en cuenta muy pocas o ninguna de sus
consideraciones.
Preocupación internacional por los derechos en España
Esta regulación pretende restringir de manera innecesaria y
desproporcionada el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación
mediante medidas Sin embargo, el Gobierno español está haciendo caso omiso
a las observaciones de organismos internacionales como el Comité de Derechos
Humanos de la ONU o el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y continúa con la tramitación de
esta ley contraria a las obligaciones internacionales contraídas por el
estado Español en materia de derechos humanos y sin llevar a cabo
ninguna modificación acorde a sus recomendaciones.
Para más escándalo, el grupo Popular ha presentado una
autoenmienda a la ley con la que quiere
legalizar las expulsiones de inmigrantes en la frontera, lo que supone una
clara violación de la Constitución, el Derecho comunitario y de las
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en
lo que se refiere al ejercicio del derecho al asilo y protección subsidiaria,
la prohibición de expulsiones colectivas, el principio de no devolución y los
derechos de protección del menor. La entrega a Marruecos de ciudadanos
extranjeros por la vía de hecho, sin audiencia, sin identificación, sin
resolución individualizada, impide el ejercicio de derechos reconocidos
internacionalmente. Además de conllevar el riesgo cierto de incremento de la
violencia en la Frontera Sur, supone dinamitar uno de los pilares del Estado de
Derecho: el sometimiento de la Administración a la ley y la posibilidad de
control judicial de su actuación.
ÚLTIMAS CONVOCATORIAS;
Fuerteventura 12h Delegación de Gobierno Puerto del
Rosario / Villena 12h Plaza de Santiago / León 18h Botines / Vitoria
18h Plaza de Correos / Aranda del Duero 18h Plaza Mayor / Alcoi
18h Plaza España / Murcia 19h Glorieta de España / Ciudad Real 20h
Delegación de Gobierno. Plaza Cervantes / Burgos 20h Plaza del Cid / Santander
Hora: por confirmar Delegación del Gobierno / Sevilla Hora y lugar:
Por confirmar / Málaga Hora: por confirmar Plaza Constitución
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