Narváez tuvo un especial protagonismo en el diseño de la
política de persecución del asociacionismo obrero.
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Historia | Eduardo Montagut | 19 Diciembre 2014 - 09:51 h.
La Década
Moderada, que inicia el reinado efectivo de Isabel II, se caracterizó por
una mayor
represión del movimiento obrero en relación con la época de las Regencias,
donde aunque también se reprimió con contundencia hubo algunas actitudes más
paternalistas o conciliadoras. Este recrudecimiento de la represión obedece a
dos causas. Por un lado, aumentó el desarrollo del capitalismo fabril en
Barcelona y su área, por lo que las contradicciones del sistema se agudizaron y
con ellas se articuló más la conciencia obrera. Pero, además, porque los
moderados tenían muy claro que había que reprimir sin contemplaciones cualquier
contestación social, a medida que iban construyendo el Estado liberal desde su
perspectiva conservadora. En esa línea estaría la represión sin contemplaciones
de cualquier movimiento revolucionario que fuera alimentado por el 48 europeo,
las reformas legales para incluir en el Código Penal la persecución del
asociacionismo obrero ilícito, o la creación de la Guardia Civil para la
protección de la propiedad y el orden en el campo. Narváez tuvo un especial
protagonismo en el diseño de esta política.
En otoño de 1844
se dieron instrucciones para la intervención y prohibición de las sociedades de
socorros mutuos que, como vimos en un artículo anterior, solían encubrir
verdaderas sociedades de resistencia, precursoras de los sindicatos. En
septiembre de ese año, el capitán general de Cataluña ordenó al Ayuntamiento
barcelonés que interviniera la “Compañía Fabril” porque consideraba que era un
foco revolucionario. En octubre se reemprendió la persecución de la poderosa
Sociedad de los Tejedores. Además, se estipuló la protección de los esquiroles
y la persecución de los agitadores, aunque, bien es cierto, que se instó a los
patronos a que respetasen los salarios estipulados. El Bando de 21 de octubre
de 1844 es significativo en la historia de la represión del movimiento obrero
español, ya que prohibía a trabajadores y patronos la creación de comisiones u
organizaciones que les representasen. Las peticiones debían hacerse
individualmente, según el espíritu del liberalismo económico más clásico. Los
conflictos laborales se resolverían ante una Junta creada para ello. El
incumplimiento de lo dispuesto llevaría a la cárcel. En principio, estas
medidas del último trimestre del año trajeron la paz social para el próximo año
de 1845 pero poco más, ya que al final del invierno de 1846 estalló un fuerte
conflicto con una huelga en Sabadell. En 1848 se dio un episodio ludita en
Igualada con la quema de una fábrica. Además, a pesar de la prohibición, las
sociedades obreras seguían funcionando en la clandestinidad. El poder era
consciente de esta realidad y decidió elevar el nivel de represión aprovechando
las reformas administrativas que estaba emprendiendo. Así pues, en el Código
Penal de 1848 se establecieron penas contra las sociedades ilícitas, es decir
contra aquellas no autorizadas o que tuvieran como objetivo luchar por
cuestiones salariales, las sociedades de resistencia.
Los gobiernos
moderados se empeñaron en la represión para evitar la explosión social. Pero
los obreros no se rindieron y optaron por dos alternativas. O pasaron a la
clandestinidad, o promovieron la creación de sociedades de socorros mutuos. Las
autoridades, especialmente los gobernadores civiles, eran conocedoras de estas
actuaciones obreras y durante los años 1850 y 1851 abundaron las circulares y
disposiciones en las que se advertía de la necesidad de reprimir a quienes
promoviesen el asociacionismo en las fábricas. El gobierno aprobó en agosto de
1853 una real orden restrictiva hacia las sociedades de socorros mutuos, al ser
consciente de que daban cobertura a otros objetivos de tipo sindical.
En el mes de
marzo de 1854 estalló la huelga de tejedores en Sants, extendiéndose a
Barcelona y otras localidades catalanas. El capitán general ordenó la detención
de los líderes, provocando el motín de los trabajadores y la consiguiente carga
de la fuerza pública con muertos, heridos y muchas detenciones. La tensión se
prolongó hasta principios de abril con amenazas del capitán general y
reforzamiento de las guarniciones militares.
Al terminar la
huelga, el Ayuntamiento de Barcelona intentó mediar y buscar alguna solución.
Para ello, creó una comisión para negociar con los obreros. Los representantes
de los trabajadores elevaron un documento con varias peticiones. La principal
tenía que ver con la autorización de las sociedades obreras. Pero la autoridad
militar optó por la fórmula tradicional de crear organismos para intentar
resolver los conflictos. En este caso, se trataría de tribunales en cada
localidad con fábricas. Por otro lado, se permitió la existencia de sociedades
de socorros mutuos, pero vigiladas e inspeccionadas en materia de fondos para
que no fueran empleados para crear y sostener cajas de resistencia en las
huelgas. Las decisiones del capitán general fueron elevadas a real orden, pero
estalló la Vicalvarada poniendo fin a la Década Moderada.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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