CÓMO REESTRUCTURAR LA DEUDA PÚBLICA SEGÚN LA IZQUIERDA

Manuel de la Rocha (PSOE), Alberto Garzón (IU) y Nacho Álvarez (Podemos), economistas todos, ofrecen sus propuestas frente a los problemas de financiarización de la economía y de reestructuración de la deuda del Estado, en este primer bloque de la serie que irá presentando las recetas de estas tres formaciones para superar la crisis

BRUNO ESTRADA Madrid 02/12/2014 00:01 Actualizado: 02/12/2014 10:03

Manuel de la Rocha (izq), Alberto Garzón (centro y Nacho Álvarez (der)

Tres economistas de reconocido prestigio en la izquierda, Manuel de la Rocha secretario de Economía de la C. Ejecutiva del PSOE, Alberto Garzón, diputado en el Congreso por Izquierda Unida, e Ignacio Álvarez, miembro del Consejo Ciudadano de Podemos contestan a las preguntas de Bruno Estrada, Director de Estudios de Fundación 1º de mayo en relación con las causas de la crisis financiera y con las erróneas políticas que se han aplicado en la UE y España para afrontarla.

Dado lo extenso de las entrevistas se han separado las respuestas en cuatro bloques: el primero sobre financiarización de la economía y reestructuración de la deuda pública; un segundo bloque sobre estabilidad presupuestaria, reforma fiscal y la defensa del estado del bienestar, incluida la reforma del art. 135 de la Constitución Española; en el tercer bloque se han planteado temas relacionados con las últimas reformas laborales, así como propuestas que permitan empoderar a los trabajadores; y en el último, cuestiones relativas a la banca pública y la necesidad de una política industrial activa.

En este primer bloque se analizan las causas de la crisis financiera y las medidas que debiera tomar un próximo gobierno progresista en relación con la regulación de los flujos de capitales cortoplacistas, tal como recomienda en la actualidad el propio Fondo Monetario Internacional. Así como la necesidad de afrontar una reestructuración del endeudamiento público para poder desarrollar políticas económicas eficaces que tengan como objetivo la creación de empleo y la consolidación del Estado del bienestar.

En relación con la financiarización de la actividad económica Manuel de la Rocha (PSOE) advierte que "el crecimiento exponencial del sector financiero internacional se ha llevado a cabo sin una coordinación efectiva de las políticas económicas nacionales y supranacionales, sin una robusta arquitectura financiera mundial y desde luego, sin una regulación internacional adecuada de los nuevos productos financieros". Tal como reconoce Ignacio Álvarez (Podemos) "uno de los principales problemas que ha presentado la economía mundial en estas últimas décadas ha sido efectivamente la liberalización generalizada de los flujos de capitales". Alberto Garzón (IU) considera que "el poder de la élite financiera es inmenso, y hay que tenerlo muy en cuenta: antes de plantarle batalla abiertamente necesitamos reducir su poder".

"Sería conveniente permitir a los países recuperar instrumentos para contrarrestar el efecto contagio entre economías"

En concreto Manuel de la Rocha (PSOE) manifiesta que "sería conveniente permitir a los países recuperar instrumentos como los controles temporales de capitales para contrarrestar el efecto contagio entre economías", Alberto Garzón (IU) aboga por "prohibir operaciones verdaderamente peligrosas, mal vistas por la sociedad, y de volumen no muy cuantioso como las operaciones en corto contra la deuda pública" e Ignacio Álvarez (Podemos) critica que "diseño institucional (de la UE) impide la aplicación unilateral de los controles de capitales, con notorias excepciones (...), pero no se debería renunciar a su uso en caso de que se produzcan nuevos episodios de crisis de deuda soberana".

Los tres economistas dan su opinión sobre los avances que se han producido en la regulación financiera internacional, pero también de las cuestiones pendientes que hay en relación a la separación legal entre banca de inversión y banca comercial, las SICAV, el control de capitales que la UE sometió a Chipre, o el que decidió Islandia, la supresión de los paraísos fiscales, la regulación y control de los productos derivados, de los fondos de alto riesgo y del sistema financiero en la sombra, de los mercados extrabursatiles (OTC), de la fiscalidad del ahorro y de las ganancias patrimoniales especulativas, de los sistemas de incentivos y salarios de los ejecutivos, de las agencias de calificación.

En relación a la reestructuración de la deuda, aunque los tres manifiestan su profunda preocupación por el incremento del endeudamiento público se advierten discrepancias más profundas. Así Manuel de la Rocha manifiesta que el PSOE está la línea de apoyar los eurobonos y la mutualización de deuda dentro de un gran acuerdo europeo pero es contrario a una reestructuración unilateral de la deuda pública: "A nuestro juicio sería una solución nefasta, que implicaría salidas masivas de capital, aumento exponencial de la prima de riesgo y podría llevar incluso a una salida del Euro".

Mientras que Alberto Garzón (IU) exige "una auditoría ciudadana de la deuda", a la vez que propone "mecanismos para reducir la deuda pública (...) mediante su monetización (es decir, que el Estado se financie directamente del BCE, como lo hace la banca privada), reestructurarla o hacer directamente quitas".

"Lo ideal es que la reestructuración de la deuda en la zona euro tome una forma supranacional y cooperativa"

En un sentido parecido se expresa Ignacio Álvarez (Podemos): "Lo ideal lógicamente es que esta reestructuración de la deuda en la zona euro tome una forma supranacional y cooperativa. (...) No obstante ninguna de estas propuestas parece haber sido realmente considerada por la Comisión Europea o los principales gobiernos de la zona euro, lo que obliga a pensar en la necesidad de que sean los países periféricos los que inicien, de forma coordinada o de manera unilateral, procesos de reestructuración de la deuda para posibilitar la salida de la crisis."

Bruno Estrada López, Fundación 1º de mayo: La creciente desregulación de los mercados financieros vivida en los países occidentales desde los años ochenta dio lugar a lo que se conoce como financiarización de la economía, cuyos efectos han sido: 1) un fuerte crecimiento de la desigualdad por un crecimiento mayor de las rentas del capital y 2) la creación de una enorme burbuja financiero-inmobiliaria, cuyo estallido dio lugar a la actual crisis. Los últimos informes del FMI han reconocido los riesgos que entraña para numerosas economías la creciente volatilidad de los flujos de capitales cortoplacistas y ha abogado por una mayor control de los flujos de capitales extranjeros, incluso llegando a ofrecer su asesoramiento a varios países latinoamericanos para controlar dichos flujos, ¿qué medidas debería tomar un próximo gobierno progresista en España en este sentido? 

Manuel de la Rocha (PSOE): La financiarización de la economía es en efecto un fenómeno que ha surgido en los últimos 40 años, al albor de la globalización económica, las tecnologías de la información y la comunicación y sobre todo las liberalizaciones y desregulaciones promovidas por la ideología neoliberal. El resultado ha sido más inestabilidad económica y mayor frecuencia de crisis financieras, al tiempo que se ha incrementando de una manera muy pronunciada la desigualdad del ingreso y el endeudamiento de las familias y empresas. El crecimiento exponencial del sector financiero internacional se ha llevado a cabo sin una coordinación efectiva de las políticas económicas nacionales y supranacionales, sin una robusta arquitectura financiera mundial y desde luego, sin una regulación internacional adecuada de los nuevos productos financieros.

"La financiarización de la economía ha provocado inestabilidad económica"

En los últimos años se han producido algunos avances notables en este sentido, liderados por el impulso inicial del G20, como la creación del Consejo de Estabilidad Financiera, la aprobación del acuerdo de Basilea III sobre ratios prudenciales de capital, o el reforzamiento del FMI en su labor de prevención y monitoreo (surveillance). También a nivel de la UE se ha establecido una Unión Bancaria que busca reforzar y armonizar de forma más contundente la regulación, supervisión y liquidación de entidades bancarias. También se han aprobado directivas de requisitos de capital para bancos.

Sin embargo, aún reconociendo los avances, pensamos que muchísimo más debe hacerse a nivel internacional y europeo en aspectos como: la separación legal entre banca de inversión y banca comercial; supresión definitiva de los paraísos fiscales, verdaderos agujeros negros del sistema financiero internacional; la estricta regulación y control de los productos derivados, de los fondos de alto riesgo y del sistema financiero en la sombra; de los sistemas de incentivos y salarios de los ejecutivos; los mercados OTC; o las agencias de calificación entre otras. También sería conveniente permitir a los países recuperar instrumentos como los controles temporales de capitales para contrarrestar el efecto contagio entre economías.

Alberto Garzón (IU): Aunque sería lo ideal, prohibir la libre circulación de los capitales es una medida muy drástica que generaría una sobrerreacción en los mercados financieros (generación de un mercado ilegal paralelo al oficial y masiva respuesta crítica de la élite económica y financiera). Islandia y Chipre pudieron hacerlo de forma relativamente satisfactoria porque se trata de economías muy pequeñas (entre las dos no llegan ni a un millón y medio de ciudadanos), por lo que el impacto en el mercado internacional fue reducido. En una economía tan grande como la española el efecto sería muy drástico y perjudicial. El poder de la élite financiera es inmenso, y hay que tenerlo muy en cuenta: antes de plantarle batalla abiertamente necesitamos reducir su poder. Tenemos que ser más inteligentes.

"Necesitamos reducir el poder de las élites financieras"

Un movimiento mucho más eficaz, rápido y fácil que la prohibición de estos movimientos es el de reducir los incentivos a que se materialicen; es decir, establecer impuestos nuevos sobre las transferencias financieras y aumentar otros ya existentes. De esta forma logramos reducir el poder de las élites económicas y financieras, reducir el riesgo de desestabilización financiera y aumentar la recaudación. En primer lugar, deberíamos establecer la conocida "tasa Tobin" (impuesto a las transacciones financieras) tanto a nivel nacional (ya lo han hecho varios países en determinados períodos, como Suecia o Reino Unido) como -preferiblemente- a nivel europeo (se está trabajando en ello en el Parlamento Europeo aunque no sólo a ritmos lentos -se prevé que entre en vigor en 2016- sino con un alcance limitado, pues sólo se pretende gravar las acciones y derivados de acciones -dejando de lado multitud de activos como las divisas que conforman uno de los mercados que más dinero mueven en el globo-.

En segundo lugar, se trata de reducir la cantidad de dinero que la élite utiliza en los mercados financieros con impuestos sobre la riqueza, limitación de las SICAV y de las entidades de tenencia de valores extranjeros, aumento del tipo de la renta del ahorro, así como de las ganancias patrimoniales especulativas. Sólo deberíamos prohibir operaciones verdaderamente peligrosas, mal vistas por la sociedad, y de volumen no muy cuantioso como las operaciones en corto contra la deuda pública.

Nacho Álvarez (Podemos): Uno de los principales problemas que ha presentado la economía mundial en estas últimas décadas ha sido efectivamente la liberalización generalizada de los flujos de capitales. Los supuestos efectos positivos que tradicionalmente se asocian a esta liberalización -la llegada de financiación externa para los países que lo precisan- no siempre se han producido. Sin embargo, lo que sí se ha producido son los efectos negativos asociados a esta libertad de flujos (y frente a los que ya habían advertido numerosos economistas): abruptas salidas de capitales de numerosas economías, recurrentes crisis cambiarias, acumulación de burbujas bursátiles, crediticias e inmobiliarias y, como consecuencia, fuertes crisis económicas.

Hemos vivido, en definitiva, una inestabilidad financiera a lo largo de las últimas décadas como no se había visto en ninguna otra época del capitalismo ("Efecto Tequila" en México en 1994, crisis del sudeste asiático en 1997, crisis financiera rusa en 1998, crisis financiera en Brasil en 1999, crisis del Nasdaq en 2000, crisis financiera de Argentina y Turquía en 2001 y, finalmente, crisis financiera de EEUU en 2008 y crisis del euro en 2010).

En el marco de la zona euro, con el actual diseño de la Unión Económica y Monetaria, la libertad en los flujos de capitales es total. Eso es en buena medida lo que ha explicado el fuerte endeudamiento y la posterior crisis de las economías periféricas: no ha existido ningún tipo de control a los flujos de capitales, ni en sus movimientos ni en el uso que se le ha dado a éstos.

 "No ha existido ningún tipo de control a los flujos de capitales"

Precisamente por ello también dicho diseño institucional impide la aplicación unilateral de los controles de capitales -con notorias excepciones, como los controles impuestos en Chipre durante más de un año-. Un gobierno progresista en el marco de los países periféricos de la UE debería iniciar, desde mi punto de vista, un proceso de negociación serio que alterase este diseño institucional, sin renunciar a un uso unilateral de la medida en caso de que se produzcan nuevos episodios de crisis de deuda soberana.

Además, y a diferencia de lo que hicieron los gobiernos españoles durante el periodo previo a la crisis, el Gobierno debería tomar medidas que canalizasen los flujos de capitales entrantes hacia el desarrollo de un nuevo modelo productivo, y no a consolidar un patrón de desarrollo ya fracasado centrado en servicios de limitada calidad, de baja productividad y bajos salarios.

Bruno Estrada López, Fundación 1º de mayo: Hay un debate abierto en la sociedad española sobre la necesidad de reestructuración de la deuda pública para poder desarrollar políticas económicas eficaces que tengan como objetivo la creación de empleo y la defensa del Estado del bienestar, dado el creciente peso de los gastos por los intereses de la deuda pública emitida en los presupuestos públicos ¿Qué opinión tiene al respecto?

Manuel de la Rocha (PSOE): Nos preocupa mucho el incremento exponencial de la deuda pública en España en estos años. Desde que gobierna el Partido Popular ha crecido en casi 30 puntos del PIB, y también la deuda exterior neta, que lo ha hecho en unos 8 puntos. Ambas están ya prácticamente en el 100%, lo que convierte a Rajoy en el campeón del endeudamiento.

"Un nivel de endeudamiento público tan elevado será una rémora para el crecimiento futuro"

Es evidente que un nivel de endeudamiento público tan elevado será una rémora para el crecimiento futuro y eso nos preocupa mucho. El PSOE no plantea, ni planteará nunca la posibilidad de una restructuración unilateral de la deuda pública. A nuestro juicio sería una solución nefasta, que implicaría salidas masivas de capital, aumento exponencial de la prima de riesgo y podría llevar incluso a una salida del Euro. Lo que si nos parece es que este debate debe llevarse al terreno europeo, y buscar acuerdos en el marco de la UE, o al menos de la Zona Euro, que avancen en instrumentos de responsabilidad compartida y garantías solidarias para reducir los niveles de deuda pública.

En el pasado el Parlamento Europeo y la Comisión Europea propusieron la posibilidad de la creación de un Fondo de Amortización de Deuda, que permitiría refinanciar la deuda pública de los estados miembros por encima del 60% del PIB a cambio de un mayor control fiscal. Dicho fondo se financiaría con la emisión de eurobonos a cargo de un Tesoro Europeo. Hay incluso otras propuestas más audaces como la del economista Charles Wyplosz, llamada iniciativa PADRE, que en la práctica implicaría que una parte de la deuda pública la asumiera el BCE. Nosotros estamos en esta línea, apoyando los eurobonos y la mutualización de deuda dentro de un gran acuerdo europeo.

Alberto Garzón (IU): Es directamente un robo para la ciudadanía que la mayoría de partidas del presupuesto público del Estado hayan disminuido considerablemente a la vez que la dedicada a la deuda pública se haya incrementado en más de un 30% desde 2011. Si se sigue priorizando el pago de la deuda al gasto social no habrá ninguna posibilidad de recuperación económica en el país. Por un lado, es necesario hacer una auditoría ciudadana de la deuda. Primero, por una cuestión democrática, y es que la sociedad española tiene el derecho a conocer cómo se ha generado la deuda. Segundo, porque existe legislación y jurisprudencia internacional que recogen mecanismos para declarar en función de su origen parte de la deuda como ilegítima, si el préstamo o las condiciones vinculadas a la obtención del préstamo violan la soberanía y los derechos humanos.

Y para el caso de España es claro, porque el aumento descomunal de la deuda pública desde que comenzó la crisis proviene de dos mecanismos: de la socialización de la deuda privada de bancos y de grandes empresas (como el rescate a las autopistas) emprendido por los gobiernos de Zapatero y Rajoy y de los efectos de la crisis económica (fundamentalmente por la disminución de los ingresos públicos). A esto se ha sumado la especulación que las entidades bancarias han hecho con los propios bonos del Estado con el beneplácito del BCE elevando considerablemente los intereses.

"El deber de cualquier Gobierno es ponerse del lado de los intereses de su población"

Por otro lado, hay que buscar los mecanismos para reducir la deuda pública. Para ello, se pueden emprender medidas como monetizar la deuda (es decir, que el Estado se financie directamente del BCE, como lo hace la banca privada), restructurar la deuda o hacer directamente quitas. La gran mayoría de los títulos de deuda pública (por encima del 90%) están en manos de entidades financieras tanto españolas como extranjeras. El deber de cualquier Gobierno es ponerse del lado de los intereses de su población y no del lado de los acreedores financieros privados, que además son los que han generado esta situación.

Si nos remontamos a la historia reciente podemos ver que la gran mayoría de veces que se da una crisis de deuda acaba ocurriendo un impago o restructuración de la deuda, y ahí tenemos el ejemplo de Grecia. La cuestión es qué forma de impago se negocia para no someterse a las exigencias de la parte acreedora que sólo está interesada en sacar los mayores beneficios posibles. Es decir, de lo que se trata es de construir una correlación de fuerzas favorable a los intereses de la gran mayoría para negociar con los acreedores, y para ello es importante construir alianzas con otros países del sur como Portugal, Grecia o Italia.

Nacho Álvarez (Podemos): La deuda pública constituye en este momento una enorme losa sobre las posibilidades para desarrollar una política económica alternativa en España. Por eso una reestructuración ordenada de esta deuda resultaría eficaz para salir de la crisis: permitiría liberar recursos para desarrollar una estrategia de expansión del Estado del Bienestar, de desmercantilización de los servicios sociales y de creación de empleo.

La reestructuración de la deuda pública es una cuestión de eficiencia económica: en el marco del euro, la economía española difícilmente podrá retornar a una senda de crecimiento estable y transformar su modelo productivo si no libera para tales fines recursos que ahora son transferidos desde los Presupuestos Generales del Estado a los tenedores de deuda (es decir, a las instituciones bancarias y financieras, principalmente).

Hasta que esta dinámica no se interrumpa la deuda pública seguirá aumentando o, en su defecto, deberán generarse importantes superávit fiscales primarios destinados a ir cancelándola.

Es decir, que los esfuerzos fiscales que se hagan para incrementar los ingresos públicos no se podrán destinar a satisfacer niveles crecientes de bienestar social, sino que seguirán siendo transferidos a los tenedores de deuda, ya sea bajo la forma de intereses o vía cancelación del principal a su vencimiento. Recuérdese que el Pacto Fiscal establece un techo de deuda del 60% del PIB, y la economía española en este momento alcanza ya el 100%.

Lo ideal lógicamente es que esta reestructuración de la deuda en la zona euro tomase una forma supranacional y cooperativa. Existen precedentes históricos en Europa que deben ser tomados en cuenta, que evidencian que las estrategias cooperativas resultan finalmente beneficiosas para todos los países.

Así, la reestructuración de la deuda alemana que tuvo lugar en el Tratado de Londres de 1953 -la más importante, por el montante negociado, que ha tenido lugar en el siglo XX- acordó que Alemania sólo devolvería al resto de países europeos aproximadamente la mitad de la deuda contraída. Esta devolución se hizo además a partir de un determinado umbral de crecimiento de sus exportaciones. Es decir, se supeditó el pago de la deuda a la recuperación económica.

"Ninguna de las propuestas de mutualización de la deuda parece haber sido considerada por la CE"

A lo largo de los últimos años diversas propuestas de mutualización de la deuda se han puesto sobre la mesa para resolver el problema de las deudas soberanas en la zona euro. Es el caso de los eurobonos, o la posible articulación de un fondo de amortización de la deuda con cargo al BCE (el llamado plan PADRE).

No obstante, ninguna de estas propuestas parece haber sido realmente considerada por la Comisión Europea o por los principales gobiernos de la zona euro, lo que obliga a pensar en la necesidad de que sean los países periféricos los que inicien, de forma coordinada o de manera unilateral, procesos de reestructuración de la deuda para posibilitar la salida de la crisis. El escenario alternativo es el que ya se conoció en América Latina durante la década de 1980 con la aplicación de las políticas de ajuste del FMI: una década pérdida en términos de desarrollo económico y social.

Fuente: www.publico.es