Está integrada desde 2012 por agentes de Asuntos Internos
y de otra unidad que actúan fuera de sus competencias y sin control judicial
La Dirección de la Policía busca inspectores que hablen
catalán y tengan experiencia en investigar delitos económicos
Unos resultados se ‘blanquean’ en los juzgados y a través
de la UDEF y otros son filtrados a los medios en fechas clave para el
movimiento soberanista
La detención del Pequeño Nicolás ha puesto bajo el foco
la actividad de Asuntos Internos como una policía con tintes políticos
30/11/2014 - 21:45h
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz
La Policía mantiene operativo desde 2012 un grupo de agentes
dedicados casi en exclusiva a buscar indicios de corrupción vinculados a
dirigentes políticos catalanes o miembros de su entorno, con el objetivo de
contrarrestar la ofensiva política que busca la independencia. Este grupo de
policías usurpa las funciones de las unidades a las que el reglamento policial
otorga competencias en este tipo de delitos, principalmente la UDEF, y no está
identificado en el organigrama del Cuerpo.
El Ministerio del Interior niega su existencia, aunque sus
integrantes se reparten en dos estructuras conocidas: la Unidad de Asuntos
Internos, que debería ceñirse a investigar conductas delictivas de otros
policías, y la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación, creada por
Ignacio Cosidó al comienzo de la legislatura y de la que desconocen número de
integrantes o funciones más allá de una confusa definición genérica.
Esta suerte de policía política ha provocado durante meses
rumores en el seno de la Cuerpo, que no pasaban de ahí por el secretismo con el
que se maneja el grupo.
Algunas informaciones en medios de comunicación se han referido a él, pero
han sido desmentidas oficialmente desde el departamento que dirige Jorge
Fernández Díaz. Ahora, eldiario.es ha tenido acceso una oferta
interna de la Dirección de la Policía para cubrir una de las vacantes.
Formalmente, se trata de una oferta para inspectores que quieran incorporarse a
la Unidad de Asuntos Internos, pero las características que se reclaman en la
misma tienen que ver muy poco con las requeridas tradicionalmente para un
policía que investiga a policías.
Según recoge el documento, se valorará “positivamente” en
los inspectores aspirantes “tener conocimientos y/o experiencia” en la
investigación de delitos relacionados con el “crimen organizado, delincuencia
económica y fiscal, blanqueo de capitales, etc…” A pesar de la lógica
discreción con la que trabaja la Unidad de Asuntos Internos para no ser
descubierta por los policías investigados, su participación en casos de entidad
termina saliendo a la luz. Ocurrió en el ‘caso Faisán’, en la investigación de
un grupo de policías en la ‘Operación Emperador’ o, más recientemente, en el
crimen de Cala Cortina, por el que seis agentes han sido detenidos en Cartagena
acusados de matar a golpes a un hombre. En ninguno de estos casos se investigó
blanqueo de capitales, ni los hechos se aproximan siquiera a la delincuencia
económica, según se define ésta judicialmente.
La segunda condición que puntúa para la obtención de la
plaza es haber trabajado en grupos de investigación, ya sea Judicial o de
Información, es decir, contra la delincuencia especializada o el terrorismo. Y
la tercera, el conocimiento de idiomas, con una mención expresa a las “lenguas
cooficiales de España”. Llama la atención esta última ya que dos de las tres
comunidades autónomas con lengua cooficial, Euskadi y Catalunya, tienen un
escaso número de agentes del Cuerpo Nacional de Policía destinados en ellas, ya
que las competencias en materia de seguridad están transferidas a la Ertzaintza
y los Mossos, respectivamente. Por tanto, es un caladero escaso para una unidad
que investiga a policías.
Solo un reducido número de cargos de Interior conocen al
detalle el trabajo y el número de policías destinados en el grupo
‘contra-separatista’, pero fuentes policiales apuntan a una treintena de
agentes destinados en la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación. A
estos se suma un grupo integrado en Asuntos Internos dedicado a cuestiones
operativas, o lo que es lo mismo, a trabajar en la calle. Este segundo grupo de
agentes habría sido creado en el seno de Asuntos Internos en 2012 y trabajaría
desde entonces al margen de las dos brigadas que siempre han compuesto la
Unidad. La Dirección de la Policía dejó de facilitar a los sindicatos el número
de agentes destinados en Asuntos Internos justo ese año. Hasta ese momento,
eran 160 policías. Desde entonces, se desconoce la cifra.
Ambas unidades que prestan agentes al grupo secreto
pertenecen a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), al frente de la cual está el
comisario Eugenio Pino, el hombre fuerte de la Policía con el Partido Popular.
Las fuentes policiales conocedoras del grupo antiseparatismo atribuyen la idea
y su dirección al comisario. De la total confianza de Fernández Díaz, en el
Cuerpo y el Ministerio del Interior son sobradamente conocidas dos de las
fijaciones de Pino: la Guardia Civil –con la que mantiene un enfrentamiento
soterrado por cuestiones competenciales- y la cuestión catalana. Igualmente es
el responsable de la “militarización” de la Policía, con medidas como el
cambio de insignas en los uniformes, la imposición de un cántico castrense
de homenaje a los caídos en los actos oficiales o la regularización del saludo
a los mandos.
Debate en Anticorrupción
A pesar del secretismo con el que trabaja el grupo
‘anti-independentista’, su
labor ha dejado rastro. Ocurrió con el informe que la Policía entregó el
pasado 22 de mayo a la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas actividades
irregulares de Oleguer Pujol, el menor de la familia. Según ha podido saber
esta redacción, el hecho de que el documento estuviera firmado por Asuntos
Internos provocó extrañeza y forzó un debate en el seno de la Fiscalía
especial, que se resolvió a favor de utilizar la información, siempre después
de que sus técnicos en materia tributaria consideraran que podían conducir a
hechos delictivos. Quien firmara el documento, zanjó Anticorrupción, era una
cuestión interna de la Policía.
La Fiscalía abrió diligencias y puso los datos en manos de
los agentes de la UDEF adscritos a ella. Finalmente, el juez de la Audiencia
Nacional Santiago Pedraz admitió a trámite una querella de Podemos, Guanyem
Barcelona y otros grupos sociales en la parte que se refería a Oleguer Pujol.
La Dirección de la Policía justifica la participación de Asuntos Internos
porque esta Unidad habría encontrado los datos sobre Oleguer Pujol por azar
durante otra investigación. Según esta versión, se los entragaron a la Fiscalía
y a la UDEF, sin apenas trabajarlos. Sin embargo, a día de hoy, la detallada
información suministrada por Asuntos Internos todavía constituye el tronco de
la investigación por blanqueo de capitales y delito fiscal contra Oleguer
Pujol.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal pone límites a las
investigaciones prospectivas de las Fuerzas de Seguridad, o lo que es lo mismo,
a que salgan “a pescar”. Su artículo 284 establece que “inmediatamente que los
funcionarios de Policía judicial tuvieren conocimiento de un delito público, o
fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de
algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial o al
representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la
práctica de las diligencias de prevención”.
Diversa jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC
49/1999, 253/2006 y 197/2009) y del Supremo refuerza esta limitación,
prohibiendo que derechos fundamentales “puedan ser objeto de limitación para
satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir hechos eventualmente
sancionables, o para despejar meras sospechas que pudieran albergar los
responsables de una investigación”.
El ‘modus operandi’ del grupo secreto pasa por entregar el
resultado de sus averiguaciones a las unidades policiales que deberían haberse
encargado de las mismas y así borrar su intervención antes de que los datos
lleguen al juzgado. En otros casos, la ocasión política o las pocas
posibilidades de que un juez utilice esa información, ha provocado que acaben
en los medios de comunicación. El artículo 5 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado establece que sus miembros deben "actuar, en el
cumplimiento en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad
política e imparcialidad".
Pero la noticia que ha puesto el foco sobre las actividades
de Asuntos Internos ha sido la detención del Pequeño Nicolás. Como él mismo ha
explicado, fueron agentes que se identificaron como miembros de esta Unidad los
que procedieron a su arresto, sin que en los hechos que se le atribuyen esté
mezclado miembro alguno del Cuerpo Nacional de Policía. Cuando se interrogó al
ministro del Interior por esta circunstancia, Jorge Fernández Díaz salió al
paso declarando que el hecho de que el muchacho hiciera “atribuciones” sobre sí
mismo vinculadas a las “altas instituciones del Estado y la Seguridad del
Estado” hacían de Asuntos Internos la unidad “más idónea” para su arresto.
Esta afirmación del ministro causó perplejidad en la propia
Policía. Una orden interna dictada el pasado año, la 28/2013, establece que
corresponde a Asuntos Internos “investigar y perseguir las conductas
funcionariales constitutivas de infracciones penales y aquellas otras
contrarias a la ética profesional de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía
[CNP] y de los funcionarios destinados en el centro directivo”. El Pequeño
Nicolás no es policía, ni funcionario adscrito al Cuerpo. Los delitos por los
que está imputado –estafa, falsificación y usurpación de funciones públicas-
deberían haber sido investigados por la Brigada de Policía Judicial de Madrid,
según responsables policiales.
En perjuicio de la UDEF
Las fuentes consultadas para esta información vinculan la
creciente actividad del grupo en detrimento de la UDEF a los problemas de
Interior para controlar esta última unidad. Los agentes del grupo secreto están
todos destinados en la Dirección Adjunta Operativa, ya sean de Asuntos Internos
o de la Unidad de Planificación, y por tanto, solo responden ante Pino. Los
problemas para someter a la UDEF
han costado el puesto a dos comisarios generales de Policía Judicial en lo
que va de legislatura. Ante la polémica política y mediática que ocasionaron
estos cambios, Interior cambió de estrategia y pasó a presionar directamente a
los policías encargados de los casos Gürtel y Bárcenas. Fue el caso de los
interrogatorios a los que se han visto
sometidos los policías que investigan al Partido Popular en las citadas
causas.
Después se optó por poner a un comisario de la confianza de
la actual cúpula policial como jefe directo de esos policías, pero
una información de eldiario.es desbarató la maniobra. La noticia fue
publicada cuando el nuevo jefe de la Brigada Anticorrupción ya había acudido en
dos jornadas diferentes a su nuevo puesto. Interior aprovechó que había dejado
sin firmar la orden para que Fernández Díaz negara en el Congreso que ese
relevo se hubiera producido.
La aceleración que ha vivido el proceso soberanista en
Catalunya durante los últimos años ha corrido paralela a las noticias sobre
presuntos casos de corrupción vinculados a destacados políticos nacionalistas o
sus entornos. En algunas de ellas existen indicios sólidos que se investigan en
la Audiencia Nacional –Jordi Pujol Ferrusola y su hermano Oleguer- o en un
Juzgado de Barcelona, caso del legado sin declarar durante tres décadas que
confesó Jordi Pujol i Soley. Otras, sin embargo, no pasaron del medio de
comunicación elegido para la filtración: es el caso de las supuestas cuentas en
Suiza del padre de Artur Mas o el propio Pujol i Soley, o más recientemente, de
otro depósito bancario atribuido al alcalde de Barcelona, Xavier Trias. Sus publicaciones coincidían con citas
electorales en Catalunya o con momentos álgidos del proceso independentista.
Precisamente, las primeras informaciones que fuentes
policiales vinculan al grupo contra-separtista son las del supuesto borrador de
la UDEF sobre las cuentas de Jordi Pujol y el padre de Mas y otros referentes a
la corrupción en el seno de Convergencia Democrática de Catalunya. La
información sobre el primer borrador fue publicada por el diario El Mundo el 16 de noviembre de
2012, a nueve días de las elecciones autonómicas catalanas. El Ministerio del
Interior –como ha asegurado que hace con la filtración sobre Trias- abrió una
investigación interna que no llegó a ninguna conclusión. El comisario jefe de
la UDEF, Manuel Vázquez, declaró ante un juez de Barcelona que ese papel no
había salido de su unidad.
El viaje a Barcelona
Dos semanas antes, el 29 de octubre, dos comisarios de la
Policía fueron a Barcelona para intentar convencer a los fiscales
Anticorrupción de Catalunya de que había que registrar lo antes posible la sede
de CDC en el marco del caso Palau. Los fiscales Fernández Bermejo y Sánchez
Ulled declinaron el ofrecimiento porque consideraron muy endebles los supuestos
nuevos indicios que les presentaron los policías sobre la financiación
irregular del partido, con fuentes de escasa fiabilidad.
Pero lo que más sorprendió a los fiscales fue qué dos
policías habían intentado convencerlos, ya que ninguno de los dos tenían
competencias con el caso Palau. José Luis Olivera fue jefe de la UDEF desde su
creación en tiempos del Gobierno socialista y hasta pocos meses después de que
el PP llegara a La Moncloa. En el momento de la reunión, Olivera dirigía –y lo
sigue haciendo- el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO),
sin atribuciones operativas y, por tanto, sin vinculación con la investigación.
Olivera está considerado en la actualidad un policía muy próximo
al ministro del Interior y a su número dos, el secretario de Estado de
Seguridad, y es el máximo candidato a dirigir el macroorganismo que resultará
de fusionar el CICO y otro centro similar que analiza el fenómeno terrorista
(CNCA).
El otro comisario era Marcelino Martín Blas-Aranda, el
“Marcelino” que bajó a saludar al ‘Pequeño Nicolás’ tras su detención, según
relata el muchacho. Martín Blas-Aranda es un policía que sonaba para altos
cometidos en la nueva Policía que planeaba poner en marcha el PP desde meses
antes de ganar las elecciones. Se trata de la auténtica mano derecha del
Eugenio Pino. Pero, ¿qué hacía el jefe de Asuntos Internos hablando de
corrupción con los fiscales de Catalunya? Según explicó Interior tras la queja
del Consejo Fiscal, Olivera conocía a los fiscales de su paso por la UDEF e
hizo de introductor de Martín Blas-Aranda. El jefe de Asuntos Internos quería
anunciarles un nuevo grupo dentro de la Unidad dedicado a recuperar casos
perdidos por la Policía por la dejadez de sus agentes. Nunca más hubo noticias
de ese grupo, ni fuera, ni dentro de la Policía. Olivera y Martín fueron
condecorados con la Medalla Roja al Mérito Policial unos meses después, un
reconocimiento pensionado.
Las fuentes consultadas por esta redacción atribuyen
igualmente al grupo contra-separatista la información de unos borradores sin
membrete que, poco después del atribuido a la UDEF, comenzaron a circular por
varios medios de comunicación. En esos borradores se narraban gravísimos hechos
vinculados a Jordi Pujol y otros políticos de CDC, como Artur Mas o Felip Puig.
También apuntaban delitos económicos de los responsables de importantes medios
de comunicación catalanes y la connivencia de empresarios con los políticos
convergentes en temas de corrupción. Incluso se ponía en boca de un confidente
la supuesta dependencia que Jordi Pujol tenía de una bruja llamada Adelina. Más
de un año y medio después, y con el impulso del caso Pujol Ferrusola, alguna de
esas informaciones han sido ampliadas por la UDEF y se encuentran a disposición
de la Audiencia Nacional. Otras muchas continúan sin ser judicializadas.
La confidente que provocó la apertura en la Audiencia
Nacional de una investigación a Jordi Pujol Ferrusola, su examante Victoria
Álvarez, había recibido previamente una visita de dos policías en Barcelona.
Eso ocurrió en diciembre después de que ella comentara a finales de noviembre a
Jorge Moragas, el jefe de gabinete de Mariano Rajoy, lo que sabía sobre los
negocios turbios del hijo mayor del expresident. Los dos policías aseguran
Álvarez, según declaró ésta ante el juez Pablo Ruz, que eran policías de la
UDYCO, unidad distinta a la UDEF y que no investiga casos de corrupción. En uno
de los SMS que
publicó eldiario.es, el jefe de Gabinete de Rajoy dijo a Álvarez: "Si
dieses una entrevista, y lo contases todo, salvarías a España".
Tres días antes de la última Diada, elconfidencial.com publicó “un informe de Inteligencia” en
el que se aseguraba que Artur Mas supervisaba personalmente el cobro de
comisiones a través de cuatro empresas públicas. Las cifras de las mordidas
oscilaban entre el 4 y el 6% de las adjudicaciones concedidas, asegura el
informe, del que se decía que estaba en poder del Gobierno
Fuente: www.eldiario.es
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