El 9 de mayo de 2010 empezó una etapa que
ha cambiado España
Presionados por Europa, Zapatero y Rajoy se
han visto obligados a prescindir de la voluntad de los ciudadanos
Un grupo de personas busca en bolsas
de basuras alimentos a las puertas de un centro comercial de Madrid. / L. Magán
Era
consciente de la época que vivía. Durante aquella década, cuando los rostros de
muchos hombres se tornaron permanentemente duros y fríos, como si miraran hacia
un abismo, William Stoner advirtió los signos de la desesperanza generalizada
que conocía desde niño. Vio hombres buenos caer en una lenta decadencia de
desesperanza, destruidos al ver destruido su concepto de una vida decente; les
veía caminar desanimados por las calles con la mirada vacía; les veía
encaminarse hacia las puertas de atrás, con el amargo orgullo de los hombres
que avanzan hacia su propia ejecución, a mendigar el pan que les permitiera
volver a mendigar, y vio hombres que una vez caminaron erguidos por efecto de
su propia identidad mirarle con envidia y odio por la débil seguridad que él
disfrutaba como empleado de una institución que, no se sabe por qué, no podía
caer (…). Conocer la miseria común le afectó y le cambió profundamente, y sin
que nadie lo apreciara, la tristeza por los apuros ajenos lo acompañó en todos
los momentos de la vida”.
Este párrafo
de la extraordinaria novela de John Williams Stoner, sin duda una de las
cumbres de la literatura del siglo XX, bastaría para hacer una analogía con el
nihilismo que se ha instalado en la sociedad española como efecto de sus
problemas económicos derivados de una crisis a la que no ve ningún tipo de
salida. Williams describe el ambiente vinculado a los años alrededor de la
Primera Guerra Mundial en EE UU, antes de que llegase la Gran
Depresión. Muchos ciudadanos españoles se sentirán reflejados en sus
palabras
.
Evolución de la economía española
2007-2013
El jueves
próximo se cumplirán tres años de aquella terrible madrugada de un domingo (con
los mercados cerrados) en que los ministros de Economía y Finanzas del
Eurogrupo atornillaron al límite al Gobierno de Rodríguez Zapatero para que
cambiase de política económica: desde la combinación entre el crecimiento y la
consolidación fiscal que Zapatero pretendía aplicar hasta una política de rigor
mortis y sacrificios constantes que abriría la larga época de
austeridad en la que desde entonces estamos instalados. Más de mil días de
retrocesos constantes en aspectos clave de la vida cotidiana como el empleo, el
mantenimiento del poder adquisitivo o de la protección social, y en la calidad
de la democracia.
En ese
momento España tenía un déficit público del 11,2% y un paro del 20,15% de la
población activa (4,6 millones de personas). En el comunicado de los ministros
europeos se acuerda crear el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera con
el fin de apoyar a los países con problemas, a cambio de lo cual se aceleran
los planes de consolidación fiscal y las reformas estructurales de España y
Portugal. Tres días después, un noqueado Zapatero
comparece en el Congreso y deja atónitos a los diputados anunciando
una serie de recortes inéditos en la democracia: reducción de los sueldos de
los funcionarios, congelación de las pensiones (excepto las más bajas);
eliminación del cheque-bebé de 2.500 euros aprobado poco antes para estimular
la natalidad; disminución de la inversión pública, la ayuda al desarrollo y la
dependencia; ahorros obligatorios en las comunidades autónomas, etcétera.
El gobernante, de izquierdas o de derechas, es
obligado a prescindir de la voluntad ciudadana
Zapatero
trataba de evitar desesperadamente que a España le suceda lo que al resto de
los países englobados en las siglas PIGS (Portugal, Irlanda y Grecia), que han
sido o van a ser intervenidos directamente, con fortísimos programas de ajuste
a cambio de ayudas masivas llegadas de Europa (en total, unos 400.000 millones
de euros a lo largo del tiempo). Portugal, Irlanda y Grecia serán gobernados
desde entonces por los hombres de negro que llegan a sus capitales,
provenientes de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el
Fondo Monetario Internacional (FMI): la denominada troika. No habrá
intervención directa en España, pero este plan de ajuste le costará a Zapatero
primero su liderazgo dentro del PSOE y luego la más
estrepitosa derrota electoral de los socialistas en cualquiera de
las elecciones desde el año 1977.
Y lo que es
más significativo: el 9 de mayo de 2010 inaugura en España una etapa de
austeridad a jalones que ha cambiado la manera de vivir y de pensar de la
mayoría de los ciudadanos: de la economía del miedo (a la incertidumbre, a la
inseguridad económica, a quedarse atrás en una distribución de la renta cada
vez más regresiva, a quedarse inactivo…) han pasado a la economía del
sufrimiento (el paro, el empobrecimiento, la reducción de su protección social,
la mortandad de empresas…).
Lo más
parecido al cerco sufrido por Zapatero en esa fecha sucedió 19 años antes,
cuando el emperador François Mitterrand, después de haber ganado las elecciones
presidenciales francesas en una especie de éxtasis colectivo y en plena
hegemonía socialista, es obligado por los mercados a cambiar su
política de izquierdas y de expansión de la demanda, y ha de
revertir decisiones tomadas como el incremento del salario mínimo, la expansión
del déficit para aumentar la inversión pública, la reducción de la jornada
laboral, la nacionalización de 36 bancos, etcétera. Es lo que mucho tiempo
después, en 2012, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, teorizará
sin darse cuenta cuando afirma en el Congreso: “Los españoles no podemos
elegir, no tenemos esa
libertad”.
La crisis ha supuesto una gigantesca redistribución a
la inversa: como Robin Hood, pero al revés
El segundo
jalón en el programa de “austeridad autoritaria” (denominada así porque viene
impuesta) tiene lugar un año después del 9 de mayo de 2010. El verano de 2011
es testigo de los ataques especulativos contra la economía española, y la prima
de riesgo sube constantemente en una danza incontrolable de picos de sierra. La
volatilidad de los mercados castiga un día y otro a la deuda pública española
(y por su capacidad de contagio, a la privada, la de las empresas y familias).
Durante esos
meses se producen tres movimientos muy significativos. Primero, Zapatero
convoca elecciones generales para el 20 de noviembre de ese año, de modo que,
gane quien las gane (apenas hay misterio en la campaña electoral; todos los
sondeos descuentan la mayoría absoluta del PP), tenga la mayor legitimidad y
fortaleza parlamentaria para aplicar su programa. Segundo, el BCE manda una
carta (hasta ahora secreta en su contenido íntegro) a Zapatero, y
otra a Berlusconi (que sí la hace pública), en la que les conmina a ajustar más
las respectivas economías y hacer más reformas de fondo. Se trata, en el caso
español, de la segunda vuelta de tuerca en pocos meses. En la carta, el BCE,
tan defensor de su propia independencia frente a los políticos, demanda al
Gobierno español una reforma laboral profunda, la eliminación de la vinculación
de los salarios con la inflación, nuevos ajustes fiscales y la activación de
las reformas de la energía, alquiler de viviendas y servicios profesionales. La
peculiaridad de la misiva es que va firmada en primer lugar por Miguel Ángel
Fernández Ordóñez (MAFO), gobernador del Banco de España y miembro
del equipo de gobierno del BCE, y luego por Jean-Claude Trichet,
gobernador del mismo. MAFO, un obseso de la reforma laboral, se dirige a
Zapatero desde Fráncfort para demandarle lo que no le concede desde Madrid. La
contrapartida de estos ajustes y reformas es la ayuda de la autoridad monetaria
europea para que España resista la oleada de ataques, calificada por Zapatero
del siguiente modo: “El bombardeo especulativo que está sufriendo España es
comparable al que padecieron los americanos en Pearl Harbour”.
La tercera
medida tomada por Zapatero es la más polémica de todas: la reforma de la
Constitución (artículo 135), con el objeto de calmar definitivamente
a los mercados. En un país como España, en el que ha sido imposible que los dos
principales partidos se pusieran de acuerdo en la actualización de principios
constitucionales considerados obsoletos (la sucesión hereditaria en la
Monarquía, la incorporación del nombre de las autonomías o la modificación del
título VIII, que tantos exigen, etcétera), el PSOE y el PP se
pusieron de acuerdo en un santiamén para incorporar una regla fiscal
a la Constitución: limitar el déficit estructural a su mínima expresión, un tope
a la deuda pública y, sobre todo, priorizar el pago de los créditos para
satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las
Administraciones sobre cualquier otra obligación (sanidad, educación,
desempleo, pensiones, dependencia…). Una demanda histórica de la derecha
europea —renunciar al arma de la política fiscal— fue asumida sin debate alguno
por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.
El primer año y medio de gobierno de Rajoy ha supuesto
un permanente 9 de mayo de 2010
El último jalón
de las políticas de austeridad es un continuo que se extiende durante todo el
año 2012 y lo que va de 2013. Se podría decir que al menos el primer año y
medio de gobierno del PP en España ha sido, en su conjunto, un permanente 9 de
mayo de 2010. Cuando Rajoy llega a La Moncloa arroja a la
basura el programa electoral con el que ha ganado las elecciones por
mayoría absoluta, para aplicar una y otra vez las exigencias de Bruselas.
Aparta todos y cada uno de los seis ejes fundamentales de su programa (Súmate
al cambio): el crecimiento económico y la generación de empleo; la mejora
de la educación; la garantía de la sociedad del bienestar y de la protección
social; la reforma y la modernización del sector público; el fortalecimiento
institucional y la regeneración política, y la proyección exterior, volver a
ser fiables y creíbles en el mundo. Desde el 31 de diciembre de 2011, cuando
Rajoy aprueba el mayor
recorte de la historia y una gran subida de impuestos, todo ha ido
hasta hoy en la misma dirección. Su objetivo ha sido el mismo que el de
Zapatero: evitar la intervención directa de la economía española.
Así pues son
ya dos los Gobiernos españoles, de distinto signo político, los que no han
podido aplicar sus propias recetas para salir de la crisis, y que se ven
obligados a rectificar por la presión exterior. Gobiernos que, de facto,
no gobiernan con los programas con los que fueron elegidos. A consecuencia de
la pertenencia de España a la UE y al club del euro, el gobernante democrático
español, sea de derechas o de izquierdas, se ha visto obligado a prescindir de
la voluntad del pueblo que gobierna. Como afirma José Ignacio Torreblanca en el
Informe sobre la democracia en España 2013, de la Fundación Alternativas,
hay una percepción dominante de que los márgenes de maniobra de los Gobiernos
nacionales se han reducido más allá de lo aceptable desde el punto de vista
democrático; numerosos ciudadanos europeos sienten que las políticas y
decisiones que afectan a sus vidas escapan a los controles democráticos.
Instituciones como el BCE o el Eurogrupo, escasamente democráticos, imponen
duras condiciones para calmar a los mercados, mientras que los Gobiernos
nacionales, democráticamente elegidos, no tienen alternativas y deben asumir
las recetas tecnocráticas emanadas desde Bruselas, Fráncfort o Washington.
El ex presidente del Gobierno José
Luis Rodríguez Zapatero, y su sucesor Mariano Rajoy. / U. Martín
Ello
conlleva un alto nivel de desafección ciudadana. Si al comienzo de la crisis,
en 2007, un 65% de los españoles decía confiar en la UE y solo un 23% expresaba
recelo, al cierre de 2012 los que manifestaban prejuicios hacia la UE habían
crecido hasta un 72%, y los que creían en ella tan solo son un 20%. Ello ocurre
también con otras instituciones. En diciembre de 2012, la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), una organización multilateral sin
poder ejecutivo, proponía al
Gobierno español que subiese más el IVA, abaratase más el despido,
suprimiese con carácter restrictivo algunas deducciones por vivienda y
endureciese las condiciones para cobrar el seguro de desempleo. Si cualquier
Gobierno, del signo que sea, tiene que aplicar medidas como las citadas aunque
no las comparta, a los partidos políticos que los sustentan les sucederá como
en el cuento de Alicia de Lewis Carroll: los ciudadanos los apreciarán como
Tweedledum y Tweedledee, los gemelos que luchaban fieramente el uno contra el
otro por nimiedades sin sentido; o como la Pepsi y la Coca-Cola; o como los
detectives Dupont y Dupond, de Tintín. En su libro sobre Las promesas
políticas, el sociólogo José María Maravall recuerda que “la democracia representativa
requiere que los ciudadanos puedan elegir entre alternativas genuinamente
diferentes y que compitan partidos ofreciendo propuestas distintas sobre temas
sustanciales. Si las diferencias entre partidos [y entre Gobiernos] hubiesen
desaparecido, si prometiesen distintas cosas, pero solo pudieran aplicar las
mismas recetas, los ciudadanos podrían votar, pero no elegir”.
Las protestas
en la calle que han protagonizado los indignados a través de sus distintas
formaciones tienen que ver con lo anterior. Expresiones como “no nos
representan”, “todos los políticos son iguales” o “lo llaman democracia y no lo
es” se imbrican en esa sensación de que el voto ciudadano no influye, y de que el
poder económico (al que no se puede castigar o premiar con el voto, porque no
es democrático) siempre es prevalente respecto a las decisiones políticas. El
filósofo Tzvetan Todorov
(Los enemigos íntimos de la democracia) entiende que las principales
amenazas que pesan hoy sobre la democracia proceden no de fuera, de los que se
presentan abiertamente como sus enemigos, sino de dentro, de ideologías,
movimientos y actuaciones que dicen defender sus valores: “En el conflicto con
el totalitarismo, la democracia se enfrentaba a fuerzas que impedían la
libertad de la persona. Se trataba entonces de una hipertrofia del colectivo en
detrimento del individuo, y el propio colectivo estaba sometido a un pequeño
núcleo de dirigentes tiránicos. Pero en el mundo occidental actual una de las
principales amenazas que pesan sobre la democracia no procede de la expansión
desmesurada de la colectividad, sino que tiene que ver con el fortalecimiento
sin precedentes de determinados individuos [e instituciones] que de golpe ponen
en peligro el bienestar de toda la sociedad”.
Mientras
algunos hablan de tres años de “dictadura de la austeridad”, Pierre Moscovici,
ministro de Economía y Finanzas francés, ha redefinido el concepto diciendo que
“austeridad es cuando matan al paciente”. El balance que se puede hacer de
estos mil días de recortes, ajustes y sacrificios siempre en la misma dirección
es brutal en términos de pobreza y desigualdad: la renta per cápita
española se sitúa hoy en términos similares a los del año 2002, por lo que
teniendo en cuenta solo este indicador ya se podría hablar de década perdida.
Según Eurostat, la oficina estadística de la CE, España es el
país más desigual de la UE, junto a Portugal, Bulgaria y Letonia. La
caída en los niveles de bienestar ha sido más intensa que en la mayoría de los
países europeos, la pobreza se ha hecho simultáneamente más extensa (afecta a
más gente) y más intensa (es más profunda), etcétera. Las expectativas sociales
de mucha gente se han derrumbado, afectadas por la escasa esperanza de los
cambios a corto y medio plazo; el bienestar psicológico de los hogares ha
tocado fondo, lo que repercute incluso en el hecho de consumir; y la
devaluación que se ha obtenido con las políticas aplicadas en términos de
salario y empleo (objetivos espurios de una reforma laboral muy agresiva) son
difícilmente repetibles.
En su último
ensayo (Todo lo que era
sólido), Antonio Muñoz Molina advierte de que no puede seguir
reduciéndose indefinidamente el presupuesto de la justicia o de la educación,
la paga de los policías, la dotación de los servicios contra incendios, el
número de camas o los turnos de médicos y de quirófanos… so peligro de devastación.
Pasado cierto tiempo, el desastre y el deterioro dejan de ser reversibles. Las
cosas se deterioran poco a poco, y de pronto, en vez de continuar en ese estado
que se ha vuelto tolerable, se hunden del todo, sin transición, como se hunde
una casa que parecía detenida en una lenta ruina.
La
austeridad impuesta y a largo plazo, en sociedades con necesidades crecientes
por las dificultades económicas, no reduce la pobreza y genera más desigualdad.
La salida a la crisis impuesta en Europa ha significado hasta ahora una
distribución de la renta, la riqueza y el poder enormemente regresivos: de
abajo hacia arriba, como un Robin Hood a la inversa. No es de extrañar la
reflexión explicativa del desapego ciudadano que hace el premio Nobel de
Economía Joseph Stiglitz:
la gente observa que los mercados no funcionan (y el que menos, el mercado del
trabajo); ve que el sistema político del que se ha dotado para convivir (la
democracia) no corrige los fallos del mercado; como consecuencia, aumentan la
desafección sobre la democracia y sobre la economía de mercado al mismo tiempo,
lo que desgraciadamente recuerda otros tiempos más ingratos.
»02-05-2010.
Grecia
acepta un acuerdo con la UE y el FMI para recibir 110.000 millones de euros. En
julio de 2011 llega el segundo rescate, de 109.000 millones. En noviembre de
2010, Irlanda pide 67.500 millones. En abril de 2011, Portugal solicita su
propio rescate de 78.000 millones. En marzo de 2013, Chipre se convierte en el
cuarto país intervenido y recibe 10.000 millones.
»12-05-2010.
El
presidente José Luis Rodríguez Zapatero anuncia nueve medidas para recortar el
gasto en 15.000 millones.
»15-05-2011.
Estalla el
15-M, primer movimiento de indignación ciudadana.
»25-08-2011.
PP y PSOE
pactan la reforma urgente de la Constitución para fijar un tope de déficit del
0,4% a partir del año 2020. El 13 de agosto, el Banco Central Europeo (BCE)
decide la compra de deuda pública española e italiana. Envía una carta a ambos
países con un listado de reformas exigidas.
»20-11-2011.
Rajoy gana
las elecciones generales por mayoría absoluta.
»30-12-2011.
El Ejecutivo
notifica un ajuste de 8.900 millones de euros. Anuncia que el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero ha declarado un déficit público en 2011 inferior al
real.
»10-02-2012.
Aprobación
por decreto-ley de la reforma laboral.
»29-03-2012.
Primera
huelga general de la legislatura contra la política de Mariano Rajoy.
»09-04-2012.
El Gobierno
comunica que habrá un recorte adicional de 10.000 millones de euros en
educación y sanidad.
»09-05-2012.
Nacionalización
de Bankia.
»10-06-2012.
El Gobierno
español pide a Europa hasta 100.000 millones de euros para rescatar la banca.
»24-07-2012.
La prima de riesgo
alcanza máximos históricos: 638 puntos básicos.
»26-07-2012.
El
presidente del BCE, Mario Draghi, afirma que hará todo lo necesario para salvar
el euro. La prima de riesgo española baja 50 puntos ese día.
»11-07-2012.
El Gobierno
del PP acomete el mayor ajuste de la democracia, de 65.000 millones en dos
años.
»29-09-2012.
El Consejo
de Ministros adelanta el proyecto de presupuestos de 2013 con una ampliación de
ajustes.
»14-11-2012.
Segunda
huelga general tras las medidas del Gobierno del PP.
»30-11-2012.
El Consejo
de Ministros decide no pagar a los pensionistas por la desviación de la
inflación en 2012.
»25-04-2013.
La Encuesta
de Población Activa señala que el desempleo es del 27,6%. Hay 6,2 millones de
personas sin trabajo en España y 1,9 millones de hogares sin un solo miembro en
activo. El 57,2% de los parados son menores de 25 años. El Gobierno anuncia que
al final de la legislatura habrá 1,3 millones de empleos menos que al comienzo.
»Abril de
2013.
El Ejecutivo señala que la
recuperación no llegará al menos hasta 2016, dos años más tarde de lo previsto.
Amplía la subida del IRPF y prevé que la deuda pública ronde el 100% del PIB en
2016. El PIB -1,3% este año, casi el triple de lo anunciado.
Fuente: www.elpais.com
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