El juez Tomás Martín
había archivado por segunda vez el caso de la identificación de activistas en
el Parque de El Retiro
La Sección Cuarta rechaza
indagar si existe "un fichero de disidentes políticos" en la Brigada
de Información
16/07/2014
- 19:53h
Una marcha
convocada por la Coordinadora 25S
El juez de
Madrid Tomás Martín Gil se verá obligado a reabrir por segunda vez una
investigación al Cuerpo Nacional de Policía por haber disuelto una asamblea
preparatoria de Rodea el Congreso hace casi dos años. La Audiencia Provincial
ha estimado parcialmente el recurso de los demandantes contra el archivo de la
causa que había dictado el instructor y le ordena seguir investigando hasta
esclarecer por completo los hechos.
El 16 de
septiembre de 2012, dos furgones de la Unidad de Intervención Policial
irrumpieron en el madrileño Parque del Retiro para identificar a la treintena
de personas que, sentadas en corro, abordaban la protesta convocada para nueve
días después cerca del Congreso de los Diputados. Los agentes les dijeron que
se trataba de una “reunión no autorizada”. Veinticinco de los participantes en
la asamblea acudieron a los Juzgados de Plaza de Castilla a presentar una
denuncia contra la Policía por impedir el ejercicio de sus derechos
fundamentales.
El juez
Martín Gil archivó la causa de inmediato, sin ni siquiera practicar
diligencias, y la sección cuarta de la Sala de lo Civil y lo Penal de la
Audiencia le ordenó reabrirla. Este fallo obligó al juez a citar en calidad de
imputado al policía al mando de las identificaciones, quien declaró que actuaba
a petición de la Brigada Provincial de Información en el marco de un atestado
en curso. La declaración del policía valió al magistrado para decretar de nuevo
el archivo de la causa que ahora es revocado por la sección cuarta.
Los jueces
de la Audiencia de Madrid consideran en su auto, al que ha tenido acceso
eldiario.es, que el testimonio del agente no es más que “una mera manifestación
que tampoco cuenta con constancia objetiva en las actuaciones”.
El policía
aseguró que después de las identificaciones compareció en Información y las
reportó. Los jueces no dudan de que la Brigada de Información ya tuviera una
investigación abierta –“es de destacar que el policía nacional aportó incluso
el número del referido atestado”, dicen en su auto-, pero consideran que debe
haber constancia de esas pesquisas en la causa para que el juez Martín Gil
pueda archivar.
Los hechos
ocurridos el 16 de septiembre de 2012 en El Retiro constituyeron un indicio más
de lo que ocurrió poco después. Aquellos días, diferentes activistas de Madrid
eran abordados a la salida de asambleas por agentes que procedían a
identificarlos sin una razón aparente.
Hasta que
el 21 de septiembre saltó
la noticia: la Audiencia Nacional estaba investigando a los promotores de
Rodea el Congreso a instancias de la Policía. El Ministerio del Interior quería
que el tribunal especial investigara a los supuestos organizadores del 25-S por
considerarlos sospechosos de un delito contra las altas instituciones del
Estado.
Investigación
en la Audiencia Nacional
En el marco
de ese atestado abierto por la Brigada Provincial de Información pudieron
realizarse las identificaciones en El Retiro. El 4 de octubre, el
juez Santiago Pedraz dejó en libertad sin cargos a las ocho personas que la
Policía había identificado como organizadoras del 25S a través de un auto en el
que criticaba duramente la actuación policial y justificaba la protesta por la
“decadencia” de la clase política.
Los hechos
habían alertado de especial manera a los activistas denunciantes, que en su
recurso contra el archivo de la investigación a la Policía solicitaban al
instructor que investigara si existe “un fichero de disidentes políticos en
poder de la Brigada Provincial de Información”.
Los jueces
de la sección cuarta no acceden a tal petición porque consideran que “no existe
en la causa indicio alguno” de que tal fichero pueda existir. Se trata, añaden,
de un recurso con “carácter prospectivo que parece basarse en meras conjeturas
que no pueden fundamentar una investigación penal”.
Fuente: www.eldiario.es
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