El exfiscal anticorrupción relata en
ELPLURAL.COM la verdadera historia de Jordi Pujol y Banca Catalana
Carlos
Jiménez Villarejo
22/11/2012
Con motivo
de las noticias aparecidas en un medio sobre supuestas cuentas bancarias de
Jordi Pujol y Artur Mas en Suiza han vuelto a invocar el ‘caso Banca Catalana’,
afirmando, con notoria falta a la verdad, que dichas noticias han sido, como
entonces lo fue aquel ‘affaire’, un “ataque innoble” del Estado español a
Catalunya. Nada más lejos de la verdad.
Es evidente
que una gran parte de la actual sociedad catalana desconoce la realidad y el
alcance de lo que sucedió con dicho banco hace 30 años. Por ello, parece
oportuno aclarar algunos datos sobre lo que en realidad fue un proceso penal
contra los administradores y presuntos responsables de la crisis de aquella
entidad.
Banca
Catalana era una entidad de crédito en la que Jordi Pujol, como consejero y,
especialmente como Consejero Ejecutivo, desempeñó un papel relevante y
decisorio hasta su dimisión en 1977, formando parte siempre de su núcleo
rector. Él y otros consejeros la administraron, en todo caso, de forma
manifiestamente irregular provocando su quiebra.
Los fiscales
que presentaron la querella criminal en mayo de 1984 contra dichos consejeros –
querella que fue admitida a trámite- y dirigieron la investigación estimaron,
que dicha administración era constitutiva de varios delitos, como los de
apropiación indebida, maquinaciones para alterar el precio de las cosas y
falsedad de documentos oficiales y mercantiles.
Pero la
mayoría de los magistrados de la Audiencia, en noviembre de 1986 -con el
voto en contra de siete de ellos, conforme con lo solicitado por la Fiscalía- ,
decidieron que las conductas atribuidas a los
consejeros no eran constitutivas de delito alguno.
Desde estos
antecedentes, lo que no puede obviarse ni enmascararse es la realidad. En el
escrito -de 400 folios- en el que los fiscales solicitaron el procesamiento de
los querellados se hace constar que el empobrecimiento, ruina y quiebra de
la entidad había originado unas pérdidas por valor de 19.679 millones de
pesetas, cifra que expresaba “el perjuicio cierto e incuestionable” de la
entidad. Perjuicio causado por las actividades, detalladamente relatadas por
los fiscales, como presuntamente delictivas. Entre otras, por ejemplo, la
constitución de la Caja B, la creación y utilización de las llamadas
“sociedades instrumentales” o también denominadas “simuladas”, los créditos
ficticios cuyo importe fue desviado hacía la Caja B en perjuicio de la entidad
y otras prácticas irregulares que, en su conjunto, contribuyeron a su
vaciamiento patrimonial.
Para
compensar ese déficit, los administradores, en 1982, “recurrieron al Banco
de España para atender perentorias necesidades de tesorería y de liquidez,
facilitándoseles, a tal fin, 19.500 millones de pesetas”. Como consecuencia
de ello, el Consejo de Administración fue suspendido en sus funciones y
sustituido por una Administración provisional que, luego, fue asumida por el
Fondo de Garantía de Depósitos, la mitad de cuyos recursos eran fondos
públicos. El Fondo asumió el saneamiento del banco, sin que colaborasen
económicamente los administradores, pese a que eran los accionistas
mayoritarios y habían sido los causantes de la catástrofe financiera.
Por tanto,
el Estado español, lejos de abandonar a su suerte a un Banco arruinado, acudió
en su apoyo para salvaguardar los intereses de sus clientes. ¿Donde estuvo
la operación contra Catalunya? Sólo en quienes, como accionistas y administradores,
poseían y controlaban la entidad. Pero, continúa deformándose y tergiversándose
la realidad para ocultar la responsabilidad de unos gestores, los de Banca
Catalana, que emplearon la entidad para fines completamente ajenos al interés
de los ciudadanos que, de buena fe, depositaron sus fondos allí y los salvaron,
en parte, gracias a las ayudas del Estado español.
Ya mas
tarde, tras diez años de mandato presidencial de Jordi Pujol, comienzan a
aparecer signos de un aprovechamiento patrimonial de fondos públicos con un
evidente abuso de poder. No puede olvidarse el titular de El Periódico
de Catalunya de 18/3/1990: “Pujol atraviesa el momento mas difícil tras 10
años de mandato”. La causa fue que la Fiscalía de Barcelona abrió una investigación
penal contra Lluís Prenafeta, entonces secretario general de la
Presidencia, por compatibilizar ese cargo con el de consejero de Iberia de
Seguros S.A. Como consecuencia de ello, Prenafeta se vio obligado a dimitir.
Entonces, el Fiscal General del Estado impidió que la Fiscalía formulara una
querella criminal, obteniendo CiU el apoyo de una institución del Estado para
preservar a sus dirigentes de acciones penales.
La historia
volvió a repetirse: la Fiscalía, en mayo de 1990, abría una investigación por
hechos que tuvieron lugar en la década de los ochenta. El Gobierno de la
Generalitat había creado la Comisión de ayuda para la reconversión industrial
de Catalunya (Caric) con el fin de apoyar, con fondos públicos, a empresas en
crisis. La realidad fue que parte de dichos fondos – los llamados avales- se
destinó, en condiciones muy ventajosas, a sociedades vinculadas a consejeros o
altos cargos de la Generalitat, fondos que posteriormente no fueron
reintegrados, causando un grave perjuicio al erario público autonómico.
Entre las
empresas beneficiadas figuran Industrias Reunidas de Sallent S.A. y Comercial
de Cubiertos y Platería S. A., ambas del grupo familiar de los fueron
consejeros Joan Vallvé i Ribera y Joan Hortalá i Arau; Iberhospitalia S. A.
vinculada al proyecto del Hospital General de Catalunya; Subirá i Cia,S.A. y
Puntextil S.A. de la familia del Consejero Antoni Subirá i Claus; Egasa S. A.,
propiedad de Josep Garrell i Pubill, diputado de CDC y de sus familiares.
Posteriormente,
las deudas de dichas empresas fueron reclamadas judicialmente por la
Generalitat cuando estaban prescritas, consumándose así el perjuicio causado.
Por otra parte, se acreditó que el Consejero Maciá Alavedra i Moner estuvo
simultaneando cargos públicos con cargos ejecutivos en varias empresas
privadas, conducta que era penalmente perseguible. Ante los resultados de
esta investigación, la Fiscalía planteó formular una querella criminal por
delito de malversación de caudales públicos contra los consejeros Cullell,
Oller, Hortalá, Pujol i Figa, Vela, Garrell, Vallvé, Subirá, Basáñez y
Alavedra.
El Fiscal
General del Estado apoyó nuevamente a CiU y prohibió a la Fiscalía el
ejercicio de acciones penales por entender que los delitos estaban prescritos;
eso sí, en un ejercicio de cinismo, se permitió afirmar que de los hechos
descritos se desprendía “un aroma de corrupción”.
Luego, ya en
los años noventa, llegaron nuevos casos de corrupción que fueron investigados
por los Juzgados de Instrucción y recayeron condenas judiciales contra altos cargos
de la Generalitat, generalmente vinculados a Unió Democrática según reconocían
las propias sentencias. Solo el caso Adigsa, empresa pública dedicada
a la promoción de viviendas sociales, sobre graves irregularidades en el
proceso de adquisición de viviendas de segunda mano para rehabilitarlas y
ponerlas de nuevo en el mercado, está aún pendiente de juicio.
Citaré el
llamado caso Turisme de Catalunya, en el que se utilizó el
Consorci de Promoció Turística para detraer fraudulentamente fondos públicos por
importe de 467.453 euros. Los condenados, mayoritariamente empresarios, fueron
diez, que repararon antes del juicio el perjuicio causado, por lo que el
Tribunal Supremo rebajó las penas eludiendo así su ingreso en prisión. O el
caso Departament de Treball, en el que los dos condenados, que
”compartían militancia en el partido Unió Democrática de Catalunya”,
contrataron subvenciones y cursos de formación y ocupación través de las
sociedades, constituidas por uno de ellos, Gestumer S.L. y Socesca S.L., que no
tenían otra finalidad que su enriquecimiento o el de terceros. Así perjudicaron
a la Generalitat en 46.157 euros. O el caso Ferrocarrils de la
Generalitat, empresa pública, en el que resultaron condenados dos
presidentes de la entidad por haber “suscrito un plan oculto y complementario
de retribuciones” con la aseguradora Winterthur, por el que causaron a la
Generalitat un perjuicio de 2.718.035 euros.
Todos ellos
fueron penados por delitos, según los casos, de prevaricación, malversación
de caudales públicos y falsedad documental.
Mas
recientemente, han estallado otras formas de corrupción, como el caso
Pretoria y el saqueo del Palau de la Música, que están en trámite.
Eso sí,
cuando son perseguidos o condenados acuden presurosos al supuesto enemigo, al
Estado español, para que paralice a los fiscales o se concedan generosos
indultos a sus dirigentes o militantes condenados penalmente.
Carlos
Jiménez Villarejo es jurista y exfiscal Anticorrupción. Él y José María Mena fueron los
dos fiscales que presentaron la petición de procesamiento de los 18
exconsejeros de Banca Catalana, entre ellos Pujol
Fuente: www.elplural.com
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