Teófilo Alcorisa fue asesinado en 1947 en un centro de detención
mientras buscaban a su hijo Pedro, guerrillero
Su familia lleva años intentando rescatar sus restos, pero se
enfrentan a "trabas" administrativas que les hicieron perder en su
momento una subvención estatal de 50.000 euros
El Ayuntamiento de Valencia (PP) trata el caso como un trabajo
arqueológico y exige que los familiares costeen la exhumación
17/07/2014 - 19:54h
La familia Alcorisa junto al exjuez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón.
Cuadro 1, fila 3, letra F (primer orden). Bajo esas
coordenadas yace Teófilo Alcorisa en el Cementerio Civil de Valencia.
En 1947 la
guerra civil no había terminado para él. Fuerzas franquistas buscaban a su hijo
Pedro, convertido en guerrillero. No lo encontraron. Y Teófilo fue detenido.
Murió ahorcado tras una semana de torturas en Arrancapins, un centro valenciano
de detención. La familia Alcorisa intenta desde hace años exhumar sus restos,
pero la dilación administrativa incluso les ha hecho perder una subvención
estatal. El Ayuntamiento de Valencia accede ahora a hacerlo, pero "con
trampa": el Gobierno de Rita Barberá (PP) define la actuación como
"trabajo arqueológico" y exige que los interesados cubran unos 45.000
euros en gastos.
La visita
del Grupo
de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, que conoció el caso, y
la intervención del gabinete jurídico del exjuez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón lograron cambiar la postura inicial del Gobierno municipal. En
el pleno del 28 de febrero se daba vía libre a la labor exhumatoria. Aunque más
tarde, el 30 de mayo, la Junta de Gobierno ponía condiciones para recuperar
esos restos.
La familia
denuncia una situación estancada. Acaban de acudir al Síndic de Greuges o
Defensor del Pueblo valenciano, que en principio les ofrece apoyo. El tiempo
pasa y de los cinco hijos del 'padre del guerrillero', quedan tres vivos. Entre
ellos Pedro, de 93 años.
"Van
poniendo pegas para hacerlo imposible, no podemos asumir esos costes",
afirma Pilar Alcorisa (73 años), hija de Teófilo. Iniciaron "esta lucha"
en 2006. En julio de 2009 tenían todo preparado para proceder a recuperar el
material óseo, que sería trasladado al camposanto de Burjassot. La Ley de
Memoria les concedía una ayuda de 50.000 euros para ese fin que no se
ejecutó por las "trabas" municipales. "Rita Barberá ya dijo que
como no lo mandase un juez no había nada que hacer y sigue en esa idea",
subraya Pilar.
"Da
igual que sea una víctima del franquismo"
Rita
Barberá, alcaldesa de Valencia.
"Se
están haciendo los trámites administrativos normales, que son lentos",
indican fuentes del Ayuntamiento de Valencia a eldiario.es. Nada más,
ningún tipo de información adicional sobre un caso que la alcaldía de Rita
Barberá toma sin especial consideración. "Les da igual que sea una víctima
del franquismo", denuncia el coordinador del Grupo de Recuperación de la
Memoria Histórica de Valencia, Matías Alonso.
En este
proceso, continúa, el Gobierno local "tardó cinco años antes de decir nada
concreto, dejando pasar el tiempo, y en 2010 ya les dijimos que era urgente
porque se corría el peligro de perder la subvención, como así fue". Ahora,
precisa, "saben que no tienen posibilidad de costear ese dinero y en la
práctica cierran la exhumación, nos encontramos de nuevo con una situación de
bloqueo".
Teófilo
Alcorisa Monleón era vecino de Higueruelas, pedanía de Santa Cruz de Moya
(Cuenca). La Guardia Civil lo detuvo en abril del 47. Si en aquel momento sabía
o no el paradero de su hijo, miliciano, es una incógnita. Pedro, desde
entonces, se siente culpable. Espera al menos, dice su hermana Pilar,
"poder enterrarlo dignamente junto a nuestra madre". "Están muy
desilusionados", ratifica Alonso, "y Pedro machacado, no esperaba
este trato". Mantienen en todo caso abierta la posibilidad del recurso a
los tribunales por vía administrativa –complementaria a la judicial ya abierta–
o presentar iniciativas en el Congreso de los Diputados.
"La
ley no dice quién tiene que asumir los costes"
El PSOE valenciano
tacha de "indecente" la decisión del Gobierno de Barberá. Se trata de
un "tema ideológico claramente", según el concejal socialista
Salvador Broseta. El Grupo Municipal elevó a pleno una propuesta pidiendo que
se autorizasen las actividades de indagación, localización, exhumación e
identificación de Alcorisa. "Rectificaron", apunta Broseta,
"pero están fuertes porque la ley no dice quién tiene que asumir los
costes". De ahí la imposibilidad de exhumar, sostiene. "No dan ninguna
facilidad y si pueden poner trabas, las ponen", apostilla.
Es el único
caso no resuelto de las 18 exhumaciones realizadas en la Comunidad Valenciana,
algunas en localidades también gobernadas por el PP como Paterna o Segorbe.
Ejemplo de lo que Naciones
Unidas señaló como parte del deber del Estado, recuperar a los
desaparecidos. El organismo es una de las esperanzas de la familia. También
"la solidaridad mostrada por Baltasar Garzón", añaden, cuyo gabinete
trabaja en el proceso.
Y buscan
apoyo popular en una petición
en la red. Pilar Alcorisa se rehace, con dificultades, para añadir una
última frase: "En muchos momentos nos encontramos impotentes, pensamos que
nos iremos sin poder conseguir este objetivo de recuperar a nuestro padre, pero
aunque lo vemos muy complicado seguiremos luchando".
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