En opinión de la plataforma de la Comisión
por la verdad, el Gobierno de Rajoy no ha hecho los deberes ni ha implementado
ninguna de las medidas que se le pidió desde la Comundad Internacional
DIEGO G.
REPRESA Madrid 19/01/2014 13:42 Actualizado: 19/01/2014 17:21
El Juez Baltasar Garzón junto con miembros de la
plataforma de la Comisión por la Verdad en el Ateneo de Madrid.DIEGO G.REPRESA
Las más de
150.000 víctimas del franquismo siguen sin estar dentro de la agenda del
Gobierno. Ésta es la conclusión con la que esta mañana se ha presentado en el
Ateneo de Madrid la plataforma “Comisión de la Verdad” con motivo de
la llegada del Relator especial de Naciones Unidas a nuestro país la próxima
semana.
El Relator
de la ONU, Pablo Greiff, tiene previsto visitar las ciudades de Madrid,
Sevilla y Barcelona para evaluar el cumplimiento que del Gobierno y las
instituciones del estado están haciendo en materia de derecho a la verdad,
justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas del
franquismo. Un examen que, en opinión de los miembros de la plataforma, el
Gobierno esta avocado a suspender porque “no ha hecho los deberes”. Los más
de 100 grupos y asociaciones que componen la plataforma han concluido que el
Relator demostrará que no se está llevando a cabo porque “el Gobierno no
ha sido capaz de implementar ninguna de las medidas que se le ha pedido desde
la Comunidad Internacional”.
El ex juez
Baltasar Garzón, ha intervenido para recalcar que con ésta, será la tercera
vez en dos años que un organismo de Naciones Unidas tiene que intervenir
para evaluar los progresos de España en materia de derechos básicos de
víctimas. Una petición que decenas de asociaciones de memoria histórica
están haciendo para que se cree una Comisión de la Verdad. “España no se
va a romper porque exista una comisión y eso es lo mínimo que se puede pedir”,
ha afirmado. Sin embargo, el ex magistrado no se ha mostrado optimista cuando
hay “un Tribunal Supremo que niega justicia, un Ejecutivo que está ausente y
un Parlamento que dice que ‘no es el momento’ para una comisión de la
verdad. ¡Aunque hayan pasado 76 años!”.
"Un
Tribunal Supremo que niega justicia, un Ejecutivo que está ausente y un
Parlamento que dice que no es el momento"En el acto también ha intervenido
la ex diputada Cristina Almeida para señalara que la intención de la
plataforma será denunciar ante el Relator que en España no se cumplen ninguno
de los principios ni directrices de este organismo de la ONU.
“Los 150,000
represaliadas desperdigados en fosas comunes por la geografía española y las
decenas de miles de niños robados durante la dictadura, son delitos que no
pueden prescribir. España sigue siendo una excepción en la Europa democrática,
hoy 76 años después del golpe militar y 36 desde la transición. Es más, se
ha retrocedido de manera injustificada, dejando sin efecto y sin presupuesto la
Ley de la Memoria histórica que por primera vez abordaba este problema”, ha
afrimado Almeida.
Esta
situación ha sido puesta de manifestó por el Comité de Desapariciones Forzadas
de la ONU en su informe preliminar sobre España después de la visita a nuestro
país y las entrevistas mantenidas con responsables del Gobierno y de la
sociedad civil. Estos informes advierten de la obligación del Estado español de
cumplir con la legislación internacional sobre Derechos Humanos. Para
Almeida, la presencia de enviados de Naciones Unidas servirá para empujar al
gobierno a cumplir con sus responsabilidades dado que, hace un mes, la
plataforma “Comisión de la Verdad” envió a Rajoy una carta para que les
concediera audiencia y que nunca tuvo respuesta. En la misiva, se le pedía al
presidente del Gobierno una serie de medidas que concluyeran en la creación
de una Comisión de la Verdad. Exactamente el mismo camino por el que ya han
pasado 40 países que, como España, han sufrido una dictadura, violaciones
de los Derechos Humanos y crímenes contra la humanidad, para así poder cerrar
uno de los episodios más tristes de su historia.
Para
Almeida, lo que es incomprensible es que el Gobierno dé la espalda a esta
tragedia y no establezca los mecanismos necesarios para que se cumplan las
recomendaciones de la ONU. Sin embargo, espera que al menos “estas
recomendaciones sirvan como punto de partida para establecer un acuerdo
político y social. Un verdadero pacto de Estado que aborde una solución
definitiva que la democracia no ha sabido resolver hasta ahora”.
Fuente:
www.publico.es
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