El
coordinador federal de IU advierte de que el “recorte a la democracia local, su
intento de recentralización y la rebaja de las competencias municipales” se
quiere hacer, además, “a costa de incrementar la destrucción de empleo público
en las administraciones locales”, que puede alcanzar hasta cerca de 200.000
puestos de trabajo.
España |
Tercera Información | 27-07-2013 |
El
coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, considera que el proyecto
de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
aprobado hoy por el Consejo de Ministros y que ha sido enviado para su
tramitación parlamentaria al Congreso supone una “voladura controlada” del
poder local para convertir “derechos en negocios”.
En una
valoración de alcance en declaraciones a los periodistas en el Congreso, Lara
denunció que esta reforma local es una “ley contra los ayuntamientos”,
especialmente los más pequeños, que son la mayoría, al tiempo que apuntó a su
“carácter regresivo” y al “recorte que supone de la democracia local, su intento
de recentralización y la rebaja de las competencias municipales que
conlleva”.
Llamó la
atención que de los 11 borradores y texto que ha manejado el Gobierno en el
último año, al final el Consejo de Ministros ha aprobado como proyecto “el
más regresivo”, con el que perpetra un “recorte a la democracia municipal”.
Para el
máximo responsable de IU, el Gobierno de Mariano Rajoy busca “privatizar los
servicios públicos” de los ayuntamientos y concentrar en las diputaciones
–“las instituciones más opacas de nuestro país”- aquellos que gestionan los
municipios de menos de 20.000 habitantes.
Destacó que
“una vez más quieren convertir derechos en negocios para unos cuantos”, todo
ello “a costa de incrementar la destrucción de empleo público en las
administraciones locales”, que según algunas opiniones puede alcanzar hasta cerca de 200.000 puestos de trabajo.
Lara
reprochó también que en el contenido del proyecto de ley se haya pasado de la
denominación de ‘coste estándar’ a la de ‘coste efectivo’ (que obliga a los
ayuntamientos a publicar el coste de la prestación de cada uno de sus
servicios) pero dejando igual su objetivo final, que no es otro que “ampliar
las vías de privatización”. Éste fue uno de los puntos más criticado en el
informe del Consejo de Estado conocido hace unos días y que se mostraba muy
crítico con la reforma local del Gobierno del PP.
Responsabilizó
también al Ejecutivo de Rajoy de que con la “pretendida justificación” de
ahorro que supondría esta futura ley (la cifra oficial es de cerca de 8.000
millones de euros) quiere colocar a los ayuntamientos como si fueran los
principales responsables de la crisis. “Es un argumento falaz, falso y
esperpéntico porque todo el mundo sabe que los ayuntamientos son los ‘parientes
pobres’ de las tres patas del Estado”.
Recordó que
las administraciones locales sólo gastan 13 de cada 100 euros del sector
público y que, precisamente, han sido los ayuntamientos las instituciones que
hasta ahora “han venido prestando algunos servicios (empleo, escuelas
infantiles o servicios de ayuda a domicilio) sobre los que no tienen
competencias y sin tener financiación”. Pese a ello, el déficit de la mayoría
de ayuntamientos es cero.
Cayo Lara
explicó también que el Gobierno del PP quiere imponer esta ley “frente a todos:
frente a los ayuntamientos, frente a los sindicatos, frente a las asociaciones
de usuarios y frente a los partidos”.
Adelantó que
frente a este “desmantelamiento de los ayuntamientos, basado en un
planteamiento ideológico” Izquierda Unida “va a dar la batalla, tanto en las
comunidades autónomas, en los ayuntamientos y en el trámite parlamentario, como
promoviendo movilizaciones en la calle”.
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