La
Unión Europea está apoyando los intereses empresariales de las multinacionales
farmacéuticas europeas en contra de la salud de la población mundial.
nuevatribuna.es | Por Manuel Martín García | 01
Febrero 2015 - 11:33 h.
La reciente decisión de la Agencia Europea del
Medicamento (EMA) retirar más de 700 medicamentos genéricos de
venta en Europa fabricados por la empresa india GVK Biosciences in
Hyderabad (seguida a pies juntillas por la Agencia
Española del Medicamento que ha suspendido 29 de estos
medicamentos en nuestro país) ha sido valorada desde diferentes foros
sanitarios como una represalia comercial por la decisión de las instituciones
de la India de negar a la multinacional Gilead el
monopolio de la patente del sofosbuvir (para tratar la
hepatitis C) por entender que los “cambios menores” introducidos en la
molécula por este laboratorio no justifican la exclusividad de comercialización
que reclama. Esta decisión ha abierto la posibilidad de fabricar y distribuir
el medicamento Sovaldi como genérico en los países que habían
sido excluidos por la farmacéutica por no poder pagar el astronómico precio que
el laboratorio fijó unilateralmente.
Esta medida resulta muy sospechosa dado que la Agencia
Europea de Medicamentos (EMA) ha revisado a la ‘baja’ sus criterios
para decidir si un miembro o empleado del órgano cae en conflicto de intereses
con la industria farmacéutica (los propios responsables de la institución
reconocieron recientemente que el enfoque que había hasta ahora respecto a esta
cuestión era “demasiado rígido”) y su financiación corre en un 80% a cargo
de multinacionales farmacéuticas, potenciales beneficiarias de sus decisiones.
Reforzando estas sospechas el propio Comité de Medicamentos de Uso
Humano de la EMA (que integra a representantes de todas las
agencias nacionales y europeas) revisó todos los fármacos autorizados en la UE
de la compañía india GVK y no encontró pruebas de que los medicamentos
retirados pueda causar daño o resultar ineficaz, pese a lo cual recomendó
la suspensión de la autorización para comercializarlos.
Un primer efecto colateral asociado a esta prohibición es la
puesta en cuestión, ante la opinión pública y profesional, de la calidad de los
medicamentos genéricos, que son más baratos que los de marca por tener la
patente caducada, y que suponen un ahorro enorme para los servicios sanitarios
y los pacientes que los utilizan, especialmente en países pobres (como empieza
a ser España).
La Unión Europea, a través de la EMA, está apoyando los
intereses empresariales de las multinacionales farmacéuticas europeas en contra
de la salud de la población mundial, especialmente la de los países en vías de
desarrollo de Asia, África o América que mayoritariamente casos
carecen de capacidad para investigar o comercializar medicamentos. Resulta
ilustrativa la represalia comercial contra este laboratorio de la India, dado
que este país, junto a Brasil y Sudáfrica África del Sur, está desarrollando
una potente industria de producción de medicamentos genéricos (que han perdido
la patente) que ponen a disposición de países pobres medicamentos a precios
asequibles. Es indecente poner un precio de 300 euros por una pastilla que
cuesta fabricar 3 euros lo que eleva el precio del tratamiento básicos a 25.000
euros, o 42.000 si se asocia a otros antivirales ya que como indica
la ficha técnica del producto en los casos complejos ha de administrarse junto
a otros medicamentos como el interferón y la ribavirina, que
son los que se usan ahora y que presentan importantes reacciones adversas.
Gilead (que más que laboratorio es un fondo de
inversión internacional que adquiere y comercializa medicamentos y
que tiene una importante participación en Bankia, BBVA, Santander, Inditex o
ENDESA), compró al laboratorio Pharmaset por 11.000
millones de euros un molécula que costó 60 millones en investigar ya
que parece ser una modificación de un medicamento antiviral que se
venía utilizando en el tratamiento del VIH (SIDA). Esta importante
inversión explica por qué que se puso un precio tan descabellado al Sovaldi
La retirada de la comercialización de los 700 genéricos por
de las Agencias Europeas y Española del Medicamento, es una nueva escaramuza de
la feroz guerra que libran las multinacionales farmacéuticas a nivel mundial
con el apoyo y complicidad de gobiernos e instituciones de la Unión
Europea, los Estados Unidos (cuya agencia de
medicamentos FDA también esta fuertemente influenciada
por los intereses económicos de las farmacéuticas) y la Organización
Mundial del Comercio que defiende a ultranza las patentes comerciales
en medicina. Las multinacionales luchan a muerte entre sí por apoderarse de
gran parte de los miles de millones que los países destinan a salud. En Europa
el laboratorio Gilead está citado ante tribunales del
Reino Unido, Francia y Alemania por demandas de otros laboratorios como Idenix (que
alega que patentó un antiviral cuyo principio activo es similar al
sofosbuvir); Merck Sharp & Domhme que exige a
Gilead el 10% de los beneficios por la venta del Sovaldi basándose en que
patentó antes dos medicamentos similares (y que posteriormente compró Indenix
por 3.342 millones de euros para reforzar su posición en el mercado de la
hepatitis C); o Roche que solicitó un arbitraje para
participar en los beneficios del Sovaldi alegando que había estado asociado a
Pharmasset antes de la compra de Sovaldi por Gilead. Habría que recordar que
uno de los pilares del acuerdo entre la Organización Mundial
del Comercio y la Unión Europea para liberar los servicios
públicos en Europa era reforzar los derechos de las multinacionales
sobre las patentes.
La conclusión final es que en esta nueva “Guerra
Mundial” (que también tiene multitud de muertos y heridos) las
víctimas principales son los pacientes a los que se dificulta el acceso a los
tratamientos por motivos económicos; los sistemas sanitarios públicos que pagan
miles de millones de euros por los medicamentos que ponen en riesgo su
sostenibilidad; y los contribuyentes que los sostienen con sus impuestos. No
hay que olvidar que cientos de pacientes con Hepatitis C están encerrados en
hospitales españoles en demanda de un tratamiento que se les deniega por el
Ministerio de Sanidad y algunas CCAA por su elevado precio (aprobado por el
actual gobierno tras negociar con la empresa Gilead).
Por Manuel Martín García. Presidente de la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
Fuente: www.nuevatribuna.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario