nuevatribuna.es | José Molina |
Doctor en Economía, Sociólogo y Miembro de Economistas Frente a la Crisis |
Blog Economiaapiedeca...|01 Febrero 2015 - 18:58 h.
Los valores básicos, bien determinados, y compartidos,
con objetivos alcanzables por el camino de la excelencia, y es en ese proceso
cuando las cuestiones determinaran si las decisiones adoptadas son buenas o no.
Y eso solo se sabe negociando un plan de futuro que estabilice los recursos de
la Universidad.
Tiene razón el Rector Orihuela, de la Universidad de Murcia,
al reclamar apoyo de la Comunidad Autónoma para la ciencia básica, esa que
desarrolla conocimiento, sin que se condicionen como ayudas a la investigación
aplicada. Y lo digo, puedo equivocarme, desde la experiencia propia de haber
conocido cómo muchas veces los modelos de producción han alcanzado desarrollos
importantes y han aumentado ingresos, aplicando y compartiendo “saber”, ese
bien público por excelencia que no se transmite por mecanismos mercantilistas
sino por el camino de las potencialidades del conocimiento para que progrese el
capital humano.
En este momento y para salir de la crisis, la Región de
Murcia necesita apostar por el capital humano y por el conocimiento. La
profundización global de la investigación nos abrirá nuevas salidas, nuevas
oportunidades. Por desgracia estamos demasiado cerrados y dejamos siempre para
después el compromiso de las transformaciones. Se pide seguridad sin pensar que
la difusión del conocimiento tiene que ser libre y participativa para permitir
la convergencia en nuevas instituciones. ¿Cuáles? Las que el conocimiento de la
ciencia básica nos señale, porque hay que confiar en que esa línea de
evolución, la del conocimiento como bien público por excelencia, es la que nos
llevará a superar las desigualdades.
Y al mismo tiempo, tendremos que preguntarnos si nuestros
políticos creen en los bienes públicos. Tenemos dudas razonables de que no.
Estamos pasando desde hace años por una fiebre privatizadora y, de no cortar a
tiempo esta tendencia, no supondrá solo la importante pérdida de patrimonio
público, es que cada vez que privatizamos algo se crea más desigualdad, tal y
como nos lo van confirmando los hechos.
Los bienes públicos tienen un componente distributivo en el
que juega su papel la economía pública. En teoría, los recursos públicos
promocionan equidad social para cumplir unos mínimos de justicia
distributiva. Amartya Sen, define esa distribución como “el bienestar social a
partir de las capacidades básicas de los individuos para desarrollar su
libertad”, y hay que resaltar que las fusiones de bienestar social siguen
siendo útiles para reflexionar sobre políticas públicas.
En este sentido cabe resaltar la inquietud que desde la
Universidad se vive para cambiar las cosas, pero no hay cambios si no se tienen
los medios para llevarlos a efecto. Además el cambio debe ser participativo
porque no serviría de mucho una propuesta unilateral desde el Gobierno
regional. Lo han pedido los dos rectores en la Asamblea Regional, y debe
iniciarse un proceso, como se ha realizado en otras comunidades autónomas,
donde los “planes plurianuales de financiación” son un escenario de desarrollo
de un proyecto compartido, sin incurrir en las recetas de mínimos. Son los
valores básicos, bien determinados, compartidos, con objetivos alcanzables y
avanzando por el camino de la excelencia las cuestiones que determinaran si las
decisiones adoptadas son buenas o no. Y eso solo se sabe negociando un plan de
futuro que estabilice los recursos de la Universidad.
No se puede ver con ojos de imparcialidad, por ejemplo, el
trato singular que recibe la universidad privada frente a la pública. Y esa
desviación de financiación del presupuesto público a la actividad privada es un
trato desigual que condiciona las economías medias familiares en la formación
del capital humano de sus hijos.
De ahí que pida con insistencia más transparencia económica
y más democracia participativa. Quizás porque la experiencia me ha enseñado que
hay que apostar por una gobernanza democrática que dé participación en las
decisiones. Y es que la confianza necesaria para conseguir el ‘bien
público por excelencia’ no puede alcanzarse de otra manera.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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