La Izquierda Plural analiza los efectos que están teniendo los convenios
entre empresas privadas e Instituciones Penitenciarias en materia de política
de reinserción laboral y acceso al mercado laboral.
nuevatribuna.es
| 01 Febrero 2015 - 16:20 h.
La Izquierda
Plural (IU-ICV-CHA) denuncia que empresas que han ejecutado expedientes de
regulación de empleo (ERE) están contratando presidiarios a un menor coste
para sustituir a los trabajadores despedidos, y exige que se prohíba esta
práctica.
En una
proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Interior del Congreso,
y que recoge Europa Press, la coalición analiza los efectos que están teniendo
los convenios entre empresas privadas e Instituciones Penitenciarias en materia
de política de reinserción laboral y acceso al mercado laboral.
Un programa
en el que participaban más de 3.100 reclusos en 2012 y que "se ha convertido en
algunos casos en un negocio lucrativo" -5 millones de beneficio y 162
millones de venta ese año-, según denuncia IU-ICV, ya que "trabajar
con prisioneros ahorra costes y de ello se benefician las empresas que han
acometido despidos recientemente".
CASO ISTOBAL
Como
ejemplo, el grupo parlamentario menciona el caso de la multinacional de piezas
para autolavados de vehículos Istobal que, según asegura, tiene a catorce
internos de la Prisión de Picassent montando complementos (alfombrillas,
aspiradores o pequeñas máquinas) de 9 a 13.30 horas de lunes a viernes y
algunos sábados por entre 300 y 350 euros mensuales (unos tres euros por
hora).
De esta
manera, la empresa se ahorra la luz, en agua, en teléfono "e incluso parte
de las cuotas de la Seguridad Social, que corren por cuenta de la
Administración", a pesar de que en 2013 ejecutó un ERE a 27
trabajadores tras haber despedido a otro medio centenar dos años antes.
"Según
la empresa, gracias a esta medida se ha vuelto a ser competitivo y rentable, y
no se ha cerrado la línea de producción, lo que hubiera supuesto una pérdida
superior de puestos de trabajo. Y desmiente, al tiempo, el salario que se
aporta a los presos, indicando que es más del doble de los tres euros",
precisa la Izquierda Plural.
No se trata
de la única empresa que ha despedido trabajadores antes de firmar un convenio
con Instituciones Penitenciarias. Así, entre 50 y 60 trabajadores de la
multinacional alemana Merak, con factoría en Getafe, trabajan cada día con
los presos de Ocaña I y II (Toledo) en el ensamblaje de aparatos de aire
acondicionado para trenes, a pesar de que dicha empresa despidió en 2009 a 73
de sus 450 trabajadores en España.
Por todo
ello, IU-ICV-CHA exige al Ejecutivo 'popular' que "adopte las medidas
oportunas para que las empresas que hayan presentado y ejecutado expedientes de
regulación de empleo y/o despedido a trabajadores no puedan alcanzar un
convenio con Instituciones Penitenciarias de forma que ni puedan utilizar
infraestructuras penitenciarias ni a internos para el desarrollo de su
actividad productiva".
Fuente: www.nuevatribuna.es
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