Monarquía – Juan Carlos y el 23F
Escrito por Amadeo
Martínez Inglés/URC
Viernes 20 de febrero
de 2015 06:15
A punto de cumplirse el 34 aniversario
de la denominada "intentona involucionista del 23-F" y despojado de
su inviolabilidad constitucional, por abdicación, Juan Carlos de Borbón, ha
llegado el momento de que la Fiscalía española tome cartas en el asunto y
promueva investigar judicialmente aquél rocambolesco evento.
Llevo desde el año 1983 estudiando este falso golpe militar (en realidad una estúpida maniobra político-militar-institucional alentada por el ex monarca español para salvar su corona de las iras de los militares más radicales del franquismo castrense), he puesto repetidas veces mis investigaciones a disposición del Congreso de los Diputados y del Gobierno y como no estoy dispuesto a cejar en la tarea de que el pueblo español pueda conocer toda la verdad sobre tan vidrioso tema, con esta fecha remito a la Sra Fiscal General del Estado el escrito que adjunto, solicitándole ordene abrir la investigación judicial que proceda, acompañado de un Informe exhaustivo (35 folios) extraído del profuso dossier que poseo y que igualmente remito.
A LA SRA FISCAL GENERAL DEL ESTADO
ESPAÑOL
Como continuación a mi escrito del
pasado 20 de enero en el que le denunciaba (como investigador e historiador
militar y porque es mi obligación como ciudadano en un Estado democrático y
de derecho) un presunto delito de asesinato o fratricidio premeditado
cometido por el ex monarca español Juan Carlos de Borbón en la persona de su
hermano, el infante D. Alfonso de Borbón, y que ha día de hoy, un mes después
de cursado, no ha obtenido ninguna respuesta ni siquiera un simple acuse de
recibo (¿acaso los recortes del señor Rajoy han dejado a la sacrosanta
Institución que usted preside sin herramientas tan elementales como una
Secretaría y un modesto Registro de entradas y salidas o es que estamos ante
el clásico “silencio administrativo?), me permito enviarle una nueva denuncia
relativa al citado Juan Carlos de Borbón (el currículo presuntamente
delictivo de este señor es apabullante y esa Fiscalía tendrá a su debido
tiempo exhaustiva constancia de todo lo que contiene en sus apretadas líneas)
para que, a los mismos fines que la anterior, se investigue judicialmente su
presunta máxima responsabilidad en la planificación, organización y ejecución
del rocambolesco episodio histórico que tuvo lugar en este país el veintitrés
de febrero de 1981, denominado coloquialmente “intentona involucionista del
23-F” y que dentro de pocos días cumplirá 34 años.
Pues si me lo permite, señora fiscal general, paso a explicitarle someramente
los pormenores y fundamentos de esta nueva y grave denuncia de golpismo
contra la legalidad y las instituciones del Estado español llevado a cabo,
presuntamente, por el entonces rey de España, Juan Carlos I, en la
tarde/noche del 23 de febrero de 1981 y que, aparte de su gravedad intrínseca
y su ilegalidad manifiesta, estuvo a punto de desencadenar una nueva guerra
civil en este país:
En el año 1983, dada mi condición
de historiador militar, mis antiguos destinos en puestos de responsabilidad
de la cúpula militar y mi negativa a dar por buenas las resoluciones de un
juicio militar (el de Campamento) llevado a cabo sin las debidas garantías
jurídicas e inmerso desde el principio en continuas irregularidades
procesales... decidí emprender una exhaustiva investigación en todos los
campos (castrense, político, periodístico...) relacionados con la atípica
intentona militar llevada a cabo en España en la fecha antes indicada. Para
poder llegar al fondo de unas responsabilidades que evidentemente no
terminaban (y de eso éramos conscientes amplios sectores militares, políticos
y sociales) con las de los generales monárquicos Armada y Milans y, mucho
menos, con las de toda la serie de personajes de segundo y tercer nivel que
pagaron con amplias condenas la mera obediencia a órdenes que provenían,
según numerosos indicios, de lo más alto de la jerarquía del Estado.
A lo largo de todos estos años he
investigado ese oscuro intento involucionista; he estudiado a fondo todas las
circunstancias políticas y militares que incidieron directa o indirectamente
en él; he analizado durante miles de horas los más pequeños detalles
relacionados con su planificación, preparación, coordinación y ejecución; he
reflexionado largo y tendido sobre las conclusiones a las que me llevaban mis
investigaciones; he entrevistado a altas autoridades militares que
intervinieron en la famosa asonada; he preguntado en los más cerrados
ambientes del estamento castrense; he publicado cuatro libros (“La transición
vigilada” 1993, “23-F, el golpe que nunca existió” 2001, “Juan Carlos I, el
último Borbón” 2008 y “La Conspiración de mayo” 2009) que no han sido
rebatidos por nadie ni en una sola de sus líneas, todo lo contrario,
recientemente han sido ratificados por diversos organismos y personalidades
españolas y extranjeras (papeles secretos del embajador alemán en Madrid en
1981, Lothar Lahn, desclasificados en 2012, Memorias inéditas del secretario
general de la Casa Real, General Sabino Fernández Campo…); he hecho en suma
todo lo humanamente posible para llegar hasta lo más recóndito de una de las
cuestiones más vidriosas de la reciente historia de España...
Ahora, a pocos días de cumplirse
el 34 aniversario de aquél bochornoso espectáculo político-militar, creo que
ha llegado la hora de que el pueblo español, a través de esa Fiscalía General
y tras la oportuna investigación judicial por el órgano al que corresponda,
tenga puntual conocimiento de los abundantes indicios racionales que apuntan
a que la máxima responsabilidad de los sucesos que se desarrollaron en Madrid,
Valencia y otras ciudades españolas a partir de las 16,20 horas del día 23 de
febrero de 1981 debe recaer en el entonces rey Juan Carlos I, que conoció con
anterioridad los planes de los generales monárquicos Armada y Milans
(colaboradores, amigos y confidentes suyos) y autorizó a ambos a planificar,
coordinar y, en definitiva, a poner en ejecución los mismos en aras de
neutralizar un golpe militar duro o “a la turca” que en aquellos preocupantes
momentos se estaba fraguando en los ambientes más radicales del franquismo
castrense.
En consecuencia, con la autoridad
moral que me da el haberme dedicado en cuerpo y alma, y durante tanto tiempo,
a esclarecer uno de los más tenebrosos episodios de la democracia española
así como al estudio y planificación de la defensa de este país, me permito
ahora, con los conocimientos y la perspectiva que me da el largo tiempo
transcurrido, dirigirme a la Institución que usted representa (lo he hecho ya
en el pasado a las Cortes Españolas y al Gobierno de la nación pero en una
época en la que el presunto golpista era inviolable constitucionalmente),
para lanzar una grave acusación de presunción de culpabilidad contra la
persona que ha ocupado durante treinta y nueve años la Jefatura del Estado
español: Juan Carlos de Borbón. Acusación que estoy dispuesto a substanciar y
explicitar de forma pública, después de hacerlo someramente en el presente
escrito, ante cualquier instancia judicial, política, social, institucional o
mediática que esté dispuesta a conocer y debatir mis conclusiones sobre un
hecho, histórico ya, pero de una gravedad extrema y que ha influido de forma
decisiva en la vida de todos los españoles.
Todo ello en relación con el
supremo derecho que tiene un pueblo desarrollado, soberano y celoso de su
independencia y libertad, como sin duda es el español de hoy, de conocer
hasta el último detalle las actuaciones de sus servidores públicos (incluido
el más alto, el rey), en el marco de un Estado democrático y de derecho en el
que la primera magistratura de la nación debe estar, como el resto de los
ciudadanos, sometido al imperio de la ley. Para una vez conocidas esas
actuaciones, y si hubiere lugar, pedirle las responsabilidades pertinentes
(penales, administrativas, históricas...) que siempre, siempre, deben quedar
aclaradas ante la opinión pública (sobre todo las históricas, que conforman
la esencia misma de la vida de los pueblos) sin importar ni el tiempo
transcurrido ni las vicisitudes políticas que hubieran podido incidir en las
mismas.
En consecuencia, señora fiscal
general, le remito un prolijo Informe (35 folios) de cuya lectura cualquier
persona, lego o conocedor del tema, puede extraer toda la verdad sobre como
se planificó, preparó, coordinó y, en definitiva, ejecutó aquél presunto
golpe de Estado denominado "23-F". Que nunca fue un verdadero golpe
militar sino una mal planificada operación político-militar-institucional
nacida, como acabo de señalar, en las más altas instancias de la nación. En
él se exponen, clara y rotundamente, algunos de los muchos indicios
racionales de culpabilidad (dieciséis en concreto) que señalan al ex rey Juan
Carlos como presunto responsable último de los hechos, además de enumerar los
cargos que contra él pueden desprenderse de mis investigaciones teniendo en
cuenta su actuación personal antes, durante y después de la falsa asonada
militar y en virtud de los cuales la justicia en cualquier país verdaderamente
democrático hace tiempo que habría actuado. España es diferente, desde luego,
pues aquí incomprensiblemente la figura del Jefe del Estado es
constitucionalmente irresponsable e inviolable siempre ¡ojo! que sus actos, y
de esto todo el mundo perece olvidarse, sean refrendados por el Gobierno
legítimamente elegido por el pueblo soberano. Y esta norma no fue respetada,
como se desprende del Informe anejo, a lo largo de la crisis institucional
desatada en España tras la rocambolesca entrada del teniente coronel Tejero
en el Congreso de los Diputados hace ahora treinta y cuatro años.
Del Informe que le acompaño me voy
a permitir adelantarle dos pasajes ciertamente importantes que inciden, el
primero de ellos (indicio racional noveno del documento) en la absoluta
falsedad de que aquél siniestro acontecimiento fuera un “golpe militar a
cargo de militares y guardias civiles nostálgicos del anterior Régimen”, como
señaló la propaganda oficial y, el segundo, en el ilegal y anómalo proceder
(claramente inconstitucional y golpista) del entonces jefe del Estado
español, Juan Carlos de Borbón.
Primero
1.- Los golpes militares no se
inician jamás a las seis de la tarde
2.- Las fuerzas que intervienen en
un golpe militar nunca dan vivas al jefe del Estado contra el que atentan en
el curso de su ilegal operativo.
3.- Los carros de combate que
utilizan las Unidades rebeldes comprometidas en un golpe militar llevan
siempre sus “santabárbaras” a tope de munición y sus tripulaciones armadas
hasta los dientes.
4.- El primer objetivo de los
rebeldes en un golpe militar es siempre, siempre, el palacio o residencia
oficial del jefe del Estado.
5.- Los presuntos golpistas en una
acción militar contra el Estado nunca, nunca, dejan al jefe del mismo libre
en su palacio y con todas sus comunicaciones con el exterior abiertas para
que pueda reaccionar cómodamente contra sus enemigos.
6.- Los dirigentes de un golpe
militar no suelen ser tan estúpidos como para llamar por teléfono a la
suprema autoridad de la nación, contra la que están actuando, para tratar de
explicarle sus movimientos futuros y, menos todavía, para obedecer sin
rechistar sus órdenes.
7.- Los primeros movimientos de
blindados en un golpe militar se dan siempre en la capital de la nación y no
en la de una provincia periférica situada a más de trescientos kilómetros de
distancia.
8.- Los carros de combate rebeldes
nunca, nunca, salvo que el “general” Gila ordene lo contrario, respetan los
semáforos y las reglas de circulación, todo lo contrario, intentan por todos
los medios alcanzar cuanto antes sus objetivos (palacio real o presidencial,
palacio de Justicia, centrales telefónicas, emisoras de radio y televisión,
Banco Central… etc, etc) importándoles un comino los accidentes o bajas entre
la población civil.
9.- Es absolutamente improbable
que en un golpe militar el líder de los golpistas lleve en el bolsillo de su
uniforme una lista de su futuro Gobierno (para hacerla pública si triunfa la
asonada) formado curiosamente no por militares o civiles golpistas de su
entorno sino por políticos pertenecientes a partidos del propio sistema
contra el que están actuando.
Todo lo anterior es de sentido
común y exactamente lo contrario a lo ocurrido aquí, en nuestro archifamoso
23-F. O sea que de golpe militar tradicional, nada de nada, señora fiscal
general. Con toda evidencia, fue otra cosa: Una maniobra
político-institucional-borbónica alentada desde el propio palacio de La
Zarzuela y planificada y organizada por los generales monárquicos Armada y
Milans del Bosch para salvar la corona de su señor amenazada por los
generales franquistas más radicales. Como se demuestra hasta la saciedad en
el trabajo histórico del investigador militar que suscribe publicado en el
año 2009 con el título “La Conspiración de mayo”.
Segundo
Del pormenorizado estudio de los
hechos relacionados en el Informe que se acompaña así como de los abundantes
indicios racionales de responsabilidad expuestos y analizados en el mismo se
desprende que don Juan Carlos de Borbón podría haber incurrido en las siguientes
responsabilidades:
1ª.- Autorizar la puesta en marcha
de una compleja operación político-militar inconstitucional y, por supuesto,
ilegal, para cambiar el Gobierno de la nación al margen del deseo de los
ciudadanos expresados en la urnas y que básicamente consistía en crear una
situación de emergencia nacional ficticia (o por lo menos factible de ser
controlada en cualquier momento) a cargo de un pequeño círculo de militares
cortesanos para, una vez desatada ésta y creado un peligrosísimo vacío de
poder, neutralizarla mediante la instauración en España de un Gobierno de
concentración o unidad nacional presidido por un militar de prestigio (el
general Armada) que pudiera abordar de inmediato el "golpe de
timón" político hacia posturas más radicales y autoritarias como
insistentemente demandaba el ala más derechista del franquismo castrense. Y
desmontando así el golpe involucionista (duro o a la turca) que contra la
corona preparaban los generales con más poder dentro de ese núcleo duro
franquista.
2ª.- Una vez desencadenado el
atrabiliario "golpe", alarmado ante la incalificable actuación del
teniente coronel Tejero en el asalto al Congreso de los diputados y
aconsejado por sus fieles edecanes palaciegos en el sentido de que no podía
asumir unos acontecimientos que podían dañar seriamente a la Institución
monárquica, abandonó a su suerte a los dos generales monárquicos que lo
habían planificado, renegando de ellos y de sus intenciones
"involucionistas" para inmediatamente tratar de neutralizar la peligrosa
situación creada despreciando la autoridad del Gobierno interino de
subsecretarios y secretarios de Estado que él mismo había aceptado, tomando
decisiones políticas sin refrendo alguno de ese Ejecutivo provisional (y, por
ende, sin ningún valor legal), arrogándose poderes que no le correspondían
constitucionalmente (actuando de facto como un dictador) y
"negociando" directamente con los capitanes generales franquistas
la sumisión a su persona y a la Institución que ella representaba mediante
promesas de actuación política futura a cargo del Gobierno de la nación.
3ª.- Dentro de esas decisiones
políticas y tomas de postura personales sin refrendo alguno del Gobierno
interino destacan las órdenes y conversaciones directas con el capitán
general de Valencia, Milans del Bosch, obviando una y otra vez la autoridad
de los responsables interinos del ministerio de Defensa, en orden a que
retirara sus tanques y el bando por el que asumía todos los poderes en su
Región Militar; así como la orden a la JUJEM, también directa y sin
consultarla siquiera con el Ejecutivo provisional, para que controlara toda
la estructura operativa de las Fuerzas Armadas a través de la cadena de mando
y le informaran a él directamente de la más mínima novedad.
También ordenó, en una actuación que
pone de relieve la autoridad que ejercía sobre los presuntos golpistas (que
iban dando vivas a su persona y a España), a la Unidad militar que ocupaba
las instalaciones de TVE en Prado del Rey (un escuadrón de Caballería del
Regimiento Villaviciosa 14) el envió de dos equipos técnicos para grabar un
mensaje al pueblo español, que salió al aire a las 01,13 del día 24 de
febrero. Sin embargo, no impartió orden alguna ni ejerció personalmente
ninguna presión sobre el teniente coronel Tejero para que retirara sus
hombres del Congreso y pusiera fin al secuestro del Gobierno legítimo de la
nación. Lo que hubiera podido solucionar la gravisíma crisis que asolaba al
país en cuestión de minutos puesto que una de las primeras manifestaciones
que hizo el citado jefe de la Guardia Civil, después de ocupar la sede de la
soberanía nacional, fue que el "sólo obedecería al rey y al general
Milans".
En definitiva, y respetando la
presunción de inocencia que le corresponde al jefe del Estado como a
cualquier otro ciudadano español, si el rey Juan Carlos, como parece
desprenderse de los numerosos indicios racionales apuntados, conspiró con los
militares de su entorno más íntimo para cambiar el Gobierno legítimo de la
nación y salvar así su corona y hasta su propia vida, podría haber cometido
un grave delito contra la seguridad del Estado además de incumplir el
precepto de "desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar
la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de
las comunidades Autónomas" que la Carta Magna española (artículo 61.1)
prevé debe prestar el rey ante las Cortes Generales en el momento de su
proclamación.
Después de todo lo expuesto,
señora fiscal general, espero que obre en consecuencia. Se lo exigen su cargo
y las responsabilidades que éste lleva anejas. El historiador que redacta el
presente escrito ha cumplido con su obligación. Espero que usted cumpla con
la suya. Y si no está dispuesta a hacerlo, vista la “celeridad” o el
presumible silencio administrativo con el que ha respondido a mi anterior
denuncia, me permito aconsejarle que se vaya, que dimita, cuanto antes mejor,
aunque se enfade su amo y señor, el presidente Rajoy, que la puso
digitalmente en ese alto puesto. Total, para lo que ha hecho usted en el escaso
tiempo que lleva en él y los apenas diez meses que le quedan en el mismo…
Reciba un cordial saludo
Alcalá de Henares 19 de febrero de 2015
Fdo.: Amadeo Martínez Inglés
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario