"Se
mantienen castigos severos para los manifestantes"
Jueves,
17 de julio de 2014
La prensa europea y
también la mundial se ha hecho eco de la nueva "ley de seguridad
ciudadana" dada a conocer por el gobierno ultraconservador de Mariano
Rajoy el pasado fin de semana. He aquí algunos extractos del
mismo.
El periódico frances "Le Monde" escribe que “el
proyecto de ley de seguridad ciudadana es uno de los más controvertidos del
gobierno conservador de Mariano Rajoy. Su principal objetivo es sancionar por
vía administrativa infracciones que, hasta ahora, tenían que resolverse ante un
juez y aplicar inmediatamente multas. Para el Partido socialista, esta ley
consiste de hecho en `reducir las libertades pública´” y en `transferir
competencias de la justicia al gobierno´. Según el gobierno, la futura ley responde
a una `petición de la población´. Al menos el último sondeo del CIS contradice
esta afirmación: únicamente el 2,8% de los españoles consideran la seguridad
entre sus tres principales preocupaciones muy por detrás del paro, la
corrupción y los políticos.”
El periodico polaco "Gazeta Wyborcza" sostiene por su
parte que "por primera vez una norma con rango de ley prohíbe que
se hagan identificaciones indiscriminadas o por perfiles étnicos´, ha destacado
el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Primero, el anteproyecto
preveía otorgar a la policía prerrogativas más amplias a la hora de reaccionar
contra los manifestantes. El gobierno de derechas de Mariano Rajoy se ha
expuesto de esta manera a la acusación de limitar las libertades. Ha habido voces
Por su parte la Polskie Radio indica que “el
gabinete de Mariano Rajoy ha trabajado sobre este proyecto más de
seis meses. De acuerdo con el documento las infracciones más graves serán
castigadas con una multa que de entre 30 y 600 mil euros. La oposición ha
denominado la iniciativa ´ley de bozal´. Contra su contenido se han
pronunciado, entre otros, jueces y fiscales españoles así como Amnestia
Internacional y Greenpeace. La versión más suave de la ley adoptada por el
gobierno, disminuye el número de comportamientos calificados de infracciones.
No obstante, se siguen manteniendo castigos severos para los manifestantes que
se niegan a finalizar las protestas e igual de severo es el castigo para
personas que obstaculizan a la policía la ejecución de un desahucio.”
La francesa RTL subraya el caracter
extraordinariamente controvertido de la disposicion gubernamental
cuando escribe que “El gobierno español ha aprobado un proyecto de ley
muy controvertido sobre seguridad que prevé multas para manifestaciones no
autorizadas. El gobierno dijo en un comunicado que la ley sólo buscaba
`castigar las acciones violentas, agresivas o coercitivas”´ y `protege
específicamente el derecho a manifestarse´. Pero varias asociaciones han
expresado su oposición, incluida `Jueces para la Democracia´, que cree que `es
una ley inútil, que no está justificada por la realidad social´. Organizaciones
defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional y Oxfam
expresaron en un comunicado conjunto su “preocupación” ante el nuevo
texto".
Curiosamente hasta el diario turco Ozgur Gundem sostiene que España ha vuelto a la época de Franco. El diario asegura que “un nuevo proyecto de ley sobre la seguridad, aprobado por el gobierno español, se ha colocado en el primer puesto de la agenda del país. La nueva ley prevé sancionar hasta 600 euros la celebración de manifestaciones sin permiso previo que `pongan en peligro el orden público´. Dicho proyecto de ley, aprobado por el gobierno presidido por Mariano Rajoy, del Partido Popular conservador, había sido modificado parcialmente ante las críticas hechas por los organismos judiciales. En España se ha registrado un incremento considerable en el número de las manifestaciones ilegales tras el inicio de la crisis económica en el país. Los organismos no gubernamentales han reaccionado contra las sanciones previstas en dicha ley.”
La Radio Television Belga dijo que el gobierno ha suavizado la ley inicial que pretencia proponer. “A raíz de las advertencias autoridades judiciales, el jefe de gobierno Mariano Rajoy ha modificado el texto original, pero mantiene fuertes sanciones si las manifestaciones son consideradas como un riesgo para la seguridad. Varias asociaciones hostiles a la ley la han calificado de represiva. El texto revisado prevé multas de hasta 600.000 euros para la organización de protestas no autorizadas en las infraestructuras públicas que puedan poner en peligro las personas o perturbar el funcionamiento de los servicios públicos.”
Curiosamente hasta el diario turco Ozgur Gundem sostiene que España ha vuelto a la época de Franco. El diario asegura que “un nuevo proyecto de ley sobre la seguridad, aprobado por el gobierno español, se ha colocado en el primer puesto de la agenda del país. La nueva ley prevé sancionar hasta 600 euros la celebración de manifestaciones sin permiso previo que `pongan en peligro el orden público´. Dicho proyecto de ley, aprobado por el gobierno presidido por Mariano Rajoy, del Partido Popular conservador, había sido modificado parcialmente ante las críticas hechas por los organismos judiciales. En España se ha registrado un incremento considerable en el número de las manifestaciones ilegales tras el inicio de la crisis económica en el país. Los organismos no gubernamentales han reaccionado contra las sanciones previstas en dicha ley.”
La Radio Television Belga dijo que el gobierno ha suavizado la ley inicial que pretencia proponer. “A raíz de las advertencias autoridades judiciales, el jefe de gobierno Mariano Rajoy ha modificado el texto original, pero mantiene fuertes sanciones si las manifestaciones son consideradas como un riesgo para la seguridad. Varias asociaciones hostiles a la ley la han calificado de represiva. El texto revisado prevé multas de hasta 600.000 euros para la organización de protestas no autorizadas en las infraestructuras públicas que puedan poner en peligro las personas o perturbar el funcionamiento de los servicios públicos.”
Fuente: http://canarias-semanal.org/
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