Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas: España sigue sin investigar
El gobierno
de Rajoy desoye las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU de
2008
Memoria
Histórica | Tercera Información | 09-09-2012 |
Ni el
Gobierno español ni la Judicatura han respondido a los requerimientos
judiciales (a la jueza María Servini de Cubría) de identificación de los
personajes políticos, militares y policiales del periodo que va desde el
alzamiento militar-fascista hasta las primeras elecciones de 1977.
El gobierno
de Rajoy desoye las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU de
2008.
En España no
se garantizan a las víctimas y a los familiares de la Guerra Civil y el
franquismo ninguno de los derechos humanos relativos al acceso efectivo a la
justicia.
En el Día
Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas –que se celebra el
próximo 30 de agosto, e instaurado por Naciones Unidas en Asamblea General el
21 de diciembre de 2010- la Red ciudadana de apoyo a la querella argentina (Red
AQUA), en la que están integradas más de 30 organizaciones sociales del Estado
español , expresa que España no investiga las desapariciones forzadas incumpliendo
sus obligaciones internacionales.
En un
Comunicado de Prensa la Red AQUA quiere resaltar el carácter permanente del
delito de de desaparición forzada. El Estatuto de Roma dice: “Por ‘desaparición
forzada de personas’ se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro
de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización,
apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de
libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con
la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”.
España, al no investigar las desapariciones forzadas, no sólo está incumpliendo
sus obligaciones internacionales sino que está contribuyendo a a que perdure el
crimen como tal, y a aumentar los daños que las desapariciones provocan. Esto
es particularmente grave: conmemoran la lucha contra un crimen que en realidad
contribuyen a agravar.
Para la Red
AQUA la desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir
el terror en los ciudadanos. En España ha habido un plan sistemático
generalizado y planificado para aterrorizar a los españoles por sus ideas
políticas. Los jueces españoles se niegan a investigar crímenes de lesa
humanidad. Por el contrario, los archivan con criterios contrarios al derecho
internacional.
QUERELLA
CONTRA LOS RESPONSABLES DEL GENOCIDIO FRANQUISTA
Por este
motivo en Argentina, la jueza María Servini de Cubría tramita la querella “N.N.
genocidio”, presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Nº 1, Secretaría Nº 1, que denuncia el genocidio, o subsidiariamente los
delitos de lesa humanidad, cometidos por el régimen franquista, y sus autores,
durante el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de
1977.
Ni el
Gobierno español ni la Judicatura han respondido a los requerimientos
judiciales (a la jueza María Servini de Cubría) de identificación de los
personajes políticos, militares y policiales del periodo que va desde el
alzamiento militar-fascista hasta las primeras elecciones de 1977. En 76 años,
en España, no ha sido juzgado ni un solo caso de los centenares de miles de
crímenes cometidos. El actual gobierno de España –heredero del franquismo-
ampara la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad.
El gobierno
de Rajoy desoye las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU de
2008 que dice: “El Estado parte debería: a) considerar la derogación de la Ley
de Amnistía de 1977; b) tomar las medidas legislativas necesarias para
garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa
humanidad por los tribunales nacionales; c) prever la creación de una comisión
de expertos independientes encargada de restablecer la verdad histórica sobre
las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la
dictadura, y d) permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de
las víctimas y, en su caso, indemnizarlas.”
Recientemente
la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
afirmaba: “España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las
graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el
régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están
vivos”. La citada Oficina recordaba también que: “España debe derogar su ley de
amnistía, puesto que no es conforme con las leyes internacionales de derechos
humanos”. Dicha recomendación, elaborada por 18 expertos de la organización
internacional, toma como base el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Político, ratificado por el Estado español en 1985.
EN ESPAÑA NO
SE GARANTIZAN LOS DERECHOS HUMANOS En España como regla general, tal como dice
AMNISTÍA INTERNACIONAL en su Informe Casos cerrados, heridas abiertas. El
desamparo de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España
publicado el pasado 9 de mayo de 2012, “no se garantizan a las víctimas y a los
familiares de la Guerra Civil y el franquismo ninguno de los derechos humanos
relativos al acceso efectivo a la justicia, que incluye la obligación del
Estado de investigar, el derecho a saber y el derecho a una reparación. Muy al
contrario, la pauta de actuación de los jueces y fiscales ha sido la
desestimación generalizada de las denuncias presentadas”.
Las
querellas y denuncias de las víctimas han sido siempre archivadas. El estado
español oculta que las resoluciones de la ONU, adoptadas por unanimidad en la
Asamblea General del nueve de febrero de 1946 y del doce de diciembre del mismo
año, establecieron el carácter criminal, según las normas del derecho
internacional, del régimen franquista, así como su naturaleza ilegal e
ilegitima, que debe su poder al apoyo político-militar prestado por la Alemania
nazi y la Italia fascista. En lugar de lanzar retóricos mensajes de “homenaje a
las víctimas” el Gobierno debe anunciar la aplicación plena de las
recomendaciones de los órganos internacionales en relación a la Ley de Amnistía
y a la imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional, incluidas
las del Comité de Derechos Humanos, el Consejo de Europa, el Grupo de Trabajo
sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Comité contra la Tortura.
Por último,
la Red AQUA considera que la lucha contra la impunidad es un deber que incumbe
a la comunidad internacional en su conjunto y los Estados que deciden juzgar
esos crímenes en su territorio están actuando en interés del género humano.
En
consecuencia, consideramos que el Estado español incumple sistemáticamente este
deber de investigar y juzgar los crímenes y desapariciones forzadas cometidas
en territorio español durante el período comprendido entre el 17 de julio de
1936 y el 15 de junio de 1977.
No hay comentarios:
Publicar un comentario