LA NECESIDAD DE UNA SEGUNDA TRANSICIÓN Y UNA NUEVA CONSTITUCIÓN
Vicenç Navarro -
24 septiembre de 2012
Una de las mayores sorpresas que me encontré a la vuelta de
mi largo exilio fue la enorme complacencia (que existía en los mayores círculos
políticos y académicos del país, así como en los fórums mediáticos que gozaban
de mayor difusión) sobre la transición ocurrida en España de la dictadura a la
democracia, proceso unánimemente definido en aquellos círculos y fórums como
modélico. Tal complacencia se extendía también en la evaluación, por parte de
tales establishments, del sistema democrático que la transición había producido
(que se presentaba como homologable a cualquier otra democracia de la Unión
Europea) y del Estado del Bienestar. Lo que mejor reflejaba este sentimiento
era el eslogan promovido por el gobierno Aznar de que ”España va bien”, al cual
la coalición conservadora-liberal presidida por Jordi Pujol en Catalunya añadía
“y Catalunya va mejor”.
España no ha resuelto su enorme déficit social
Los datos, sin
embargo, no confirmaban tal complacencia. España continuaba y continúa a la
cola de la Europa Social, con uno de los gastos públicos sociales por habitante
más bajos de la Unión Europea. España estaba lejos, y continúa estándolo, de
haber alcanzado la cohesión social que el nivel de desarrollo del país
permitía. El PIB per cápita español es ya el 94% del promedio de la Unión
Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países más ricos de la UE. Y en
cambio, el gasto público social por habitante representa únicamente el 72% del
promedio del gasto público social por habitante de la UE-15. España se gasta
66.000 millones de euros menos de lo que debería gastarse por su nivel de
desarrollo económico. Que el Estado español no los gaste es debido a que no los
recoge, siendo España uno de los países que tiene un Estado más pobre de tal
comunidad. Los ingresos al Estado representan sólo un 32% del PIB, mucho más
bajo que el promedio de la UE-15, 44%, y mucho, mucho más bajo que Suecia, 52%,
uno de los países con mayor grado de cohesión social en la UE-15.
El hecho de que el
Estado español no recoja los fondos existentes en la sociedad es consecuencia
del enorme dominio que las fuerzas conservadoras tienen sobre el Estado español
y su política fiscal. Mientras que las personas que están en nómina (la clase
trabajadora y gran parte de las clases medias) pagan sus impuestos sobre la
renta en unos porcentajes semejantes (ligeramente inferiores) al promedio de la
UE-15, las rentas superiores, que derivan principalmente sus ingresos de la
propiedad y gestión del capital, pagan sólo el 20% de lo que pagan sus
homólogos en el promedio de la UE-15 (resultado del gran número de
deducciones). Además, España es el país donde existe mayor fraude fiscal,
concentrado en un sector muy minoritario. El fraude fiscal de las grandes
fortunas y grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año
representa nada menos que 44.000 millones de euros, el 72% de todo el fraude
fiscal existente en España, fraude realizado en su gran mayoría con la
complicidad de la banca, máxima beneficiaria de los paraísos fiscales. Esta
realidad es ampliamente conocida en España y prácticamente ignorada por el
Estado. Según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español, el 80%
de las inspecciones tributarias ocurren en el sector de los autónomos, una
minúscula parte de los mayores defraudadores del fisco. Uno de los máximos
defraudadores, el presidente del Banco de Santander, el Sr. Botín, ha sido
prácticamente amnistiado dos veces por los gobiernos del Estado español.
La otra causa de que
los ingresos al Estado sean tan bajos es el bajo porcentaje de la población que
trabaja y paga impuestos, resultado de la escasa participación de la mujer en
el mercado de trabajo, consecuencia del subdesarrollo de los servicios públicos
de ayuda a las familias, que deben facilitar tal integración, debido al escaso
desarrollo del Estado del Bienestar en España, incluido los servicios públicos
tales como escuelas de infancia (mal llamadas en España guarderías) y los
servicios de atención a las personas con dependencia (ver mi libro El
Subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias. Anagrama. 2006).
La evidencia de que
España (y Catalunya) está a la cola de la Europa social es abrumadora y las
políticas de austeridad están empeorando todavía más este retraso y déficit
social. Para cualquier observador con una mínima sensibilidad social debería
estar claro que España no iba bien y continúa no yendo bien. El tema social
está sin resolver en nuestro país.
España no ha resuelto el tema nacional
Pero hay otro
problema, el tema nacional, que tampoco está resuelto, y el enorme crecimiento
del independentismo en Catalunya es un claro indicador de ello. De hecho, esta
irresolución del tema nacional responde a la misma causa del retraso social de
España: el enorme dominio de las fuerzas conservadoras sobre el aparato del
Estado, resultado de cómo se hizo la transición. España es un país que se ha
construido sobre la existencia de varias naciones, resultado de una historia no
siempre pacífica en la que hubo vencedores y vencidos. Resultado de ello es que
algunas naciones dentro de España tienen más poder que otras, y la nación
basada en Madrid tiene un enorme poder, fácilmente detectable en el análisis
del sistema radial de transportes. Es mucho más fácil ir por tren de la
periferia al centro (Madrid) que entre Barcelona y Bilbao, por ejemplo. Esta
realidad, que es obvia, continúa siendo negada por el establishment español
centrado en Madrid, que incluso afirma que España es ya en la práctica un
sistema federal. He vivido muchos años en un Estado Federal, Estados Unidos, y
no hay comparación entre lo que se permite en España y lo que ocurre en EEUU.
Los que indican que ya casi tenemos un Estado Federal no conocen como funciona
un Estado Federal.
Tenemos un Estado de
autonomías, cuyo objetivo era, precisamente, negar la plurinacionalidad de
España. El “café para todos” conducirá inevitablemente a la desarticulación de
España, pues el Estado español no puede absorber diecisiete Catalunyas. La
falta de aceptación del carácter plurinacional por parte del establishment
español (basado en Madrid) está llevando a la destrucción de España. Si cada
demanda de Catalunya va acompañada de dieciséis demandas iguales, veremos el
fin de España, pues España no es la suma de diecisiete naciones. Esta realidad
se malinterpreta maliciosamente por el establishment español como una demanda
insaciable, fruto de un “victimismo”. Y de tanto discutir estamos ya todos agotados,
un sentimiento que explica que en Catalunya el independentismo esté creciendo.
Miles y miles de catalanes (en realidad millones) que nunca habían sentido la
necesidad de separarse de España, hoy la sienten.
Es obvio también que
el establishment español centrado en Madrid no entiende, o no quiere entender,
esta realidad, consecuencia de su excesivo poder realizado a costa de otras
naciones y regiones de España. La ridiculización de esta realidad por parte de
autores como Fernando Savater, entre otros miles, muestra una profunda
ignorancia de cómo funciona un Estado Federal. El sarcasmo sobre lo que llama
“victimismo catalán” es característico del nacionalismo español. Sería de
desear que Savater estudiara mejor los datos y dejara de alimentar el independentismo
en Catalunya.
El enorme poder de las derechas en España
El enorme retraso
social de España y la irresolución del tema nacional, responden a la misma
causa. La enorme influencia de las fuerzas conservadoras sobre el Estado
español, resultado de una transición de la dictadura a la democracia, que distó
mucho de ser modélica, pues se hizo en términos muy favorables a las fuerzas
ultraconservadoras, herederas del franquismo, que controlaban el Estado y la
mayoría de medios de información. Y ello como consecuencia del enorme
desequilibrio de fuerzas en aquel momento. Frente a las derechas, enormemente
poderosas (con un Ejército vigilando lo que pasaba) había unas izquierdas (que
lideraban el movimiento democrático) que acababan de salir de la clandestinidad.
Éstas últimas tuvieron que adaptarse a aquel Estado, renunciando a demasiado.
El bochornoso e injusto trato del Estado español hacia “los desaparecidos” es
un indicador más de ello. Sólo hace falta comparar el tratamiento recibido por
las víctimas del terrorismo de ETA con el recibido por las victimas del
terrorismo de Estado dictatorial. A unos se les ha ofrecido todo tipo de
reconocimientos y a los últimos prácticamente se les ha ignorado, sin que el
Estado se haya responsabilizado de encontrar a los asesinados desaparecidos.
¿Se imaginan que a los asesinados por ETA se les hubiera dejado abandonados en
la cuneta sin que el Estado buscara sus cuerpos, ayudando a sus familias a
enterrarlos? Todo ello es resultado del enorme poder de las fuerzas conservadoras
sobre el Estado y la denunciable adaptación de la socialdemocracia española a
las estructuras de poder, que se abrieron durante la transición para dar cabida
a tales fuerzas políticas, en las que el nacionalismo extremo españolista,
heredado del franquismo, continuó dominando la cultura política (y mediática)
del país.
La Constitución, también inmodélica
La Constitución
española refleja este desequilibrio. Aceptar tal Constitución es aceptar el
dominio conservador en estas instituciones consecuencia de aquel desequilibrio.
No es sorprendente que hoy los que recurren más a la Constitución son aquellos
que pertenecen al establishment español, basado en Madrid, pues son los que se
beneficiaron más de aquel desequilibrio.
La única salvación para
España es una segunda transición, más equilibrada, que haga una reforma
constitucional profunda en sentido casi opuesto a lo que se está haciendo. Es
también fruto de la enorme influencia de las fuerzas conservadoras en el país
que la Constitución constantemente referida casi como sacrosanta, fuera
cambiada en cuestión de horas cuando se exigió que se modificara para incluir
el Pacto Fiscal (por órdenes de la Sra. Merkel), lo cual se consiguió mediante
la reunión de los dirigentes de los dos partidos, el PP y el PSOE, que
aprobaron tal cambio, cambio también aprobado por la derecha catalana, CiU.
Este Pacto Fiscal condenará a España a un retraso social permanente.
Y esta misma Constitución ahora se considera incambiable,
cuando se pide una cosa tan elemental como que el pueblo catalán pueda
participar en un referéndum sobre si desean separarse de España o no (entre
otras opciones). Sé que se me dirá que ello es posible, ignorando que los
referéndums permitidos por la Constitución (que se cuentan con los dedos de una
mano) son consultivos y que tienen que ser aprobados antes por las Cortes
Españolas. Es impensable que el Estado de Maryland en EEUU para hacer un
referéndum tuviera que pedir permiso al Congreso de EEUU. Naturalmente que las
Cortes Españolas tendrían que participar en el proceso de decisión de la
separación de Catalunya de España, si ello ocurriera. Pero ello es distinto a
que el pueblo de Catalunya haga el referéndum cuando quiera y como quiera su
Parlament (a pesar, por cierto, de su limitada representatividad, que comparte
con las Cortes Españolas, al estar elegidos los parlamentarios con la misma ley
electoral que sistemáticamente discrimina sobre todo a las izquierdas). El
nacionalismo españolista hará todo lo posible para que no se haga el
referéndum, con lo cual el movimiento independentista aumentará
exponencialmente.
Una última
observación de tipo personal. Hay una enorme confusión en España sobre lo que
casi sistemáticamente se define como nacionalismo catalanista, identificando
cualquier reconocimiento de que Catalunya es una nación, con la derecha. Se
ignora que las fuerzas que lucharon más en defensa de la nación catalana
durante la dictadura fueron las izquierdas en Catalunya (una persona de
izquierdas tiene que estar en contra de cualquier forma de explotación, sea
ésta de clase, de género, de raza o también de nación). El liderazgo del PSUC
en defender Catalunya lo ha reconocido incluso Jordi Pujol, el dirigente
histórico de la derecha nacionalista. Pero esta defensa no era por la
independencia de Catalunya. El independentismo fue una fuerza menor, tanto en
la lucha antifascista como después. La lucha (y no hay otra manera de
definirlo) de las izquierdas era una defensa de una nación catalana dentro de
una España plurinacional, que la II República había iniciado pero cuyo intento
fue interrumpido por las armas. Fue una movilización popular de izquierdas que
llevó al presidente Companys a proclamar “el estado catalán dentro (repito
dentro, nota mía V.N.) de la República Federal española”. Fue solo horas
después que, como recordaba José Luis Cebrián en su artículo este domingo en su
diario El País, “el ejército ocupó los edificios oficiales de Barcelona,
encarcelando al President Companys (y también a Azaña que estaba en aquel
momento en Barcelona)”. Es indicador de la enorme debilidad de la democracia
española que Juan Luis Cebrián alertara en las páginas de su diario de que esto
podría ser un resultado de lo que está ocurriendo en Catalunya. Por lo visto,
el Sr. Cebrián parece no ser consciente que la admisión de este hecho muestra
lo enormemente insuficiente que fue la transición, a la cual El País siempre ha
presentado como modélica. Algunos de nosotros recibimos gran cantidad de abusos
por señalar lo inmodélica que fue aquella transición pues no cambió la relación
de fuerzas dentro del supuestamente nuevo estado democrático, lo cual determinó
el subdesarrollo social de España y la irresolución de su plurinacionalidad.
El movimiento
antifascista en Catalunya fue liderado por las izquierdas que no eran
separatistas y no pedían la independencia de Catalunya. En miles de hogares
catalanes, incluido el mío, la bandera catalana estaba siempre al lado de la
bandera republicana. Mis padres y su generación lucharon para alcanzar una
Catalunya democrática, justa y libre, dentro de una España democrática, justa y
libre, en la cual se encontraría Catalunya. Y esto es por lo que luchó gran
parte de mi generación en Catalunya en los años cincuenta, sesenta y setenta.
Ha sido la imposibilidad de alcanzar esta situación lo que explica que muchos
de los hijos y nietos de tales generaciones que, identificando España con esta
España dominada por el nacionalismo españolista, ha abandonado el intento de
cambiar España y se están centrando ahora en conseguir la Catalunya que sus
padres y abuelos también desearon. Pero, agotados ya por tanta oposición y
resistencia (que requeriría un cambio sustancial dentro de España que creen
imposible que se realice), decidieron hacerlo fuera de ella. Ni que decir tiene
que ni toda la población catalana es independentista ni todos los que estaban
en la marcha lo eran. Pero que hay un sentimiento de hartazgo con esta España
(gobernada hoy por los herederos del franquismo) sí que está bastante
generalizado pues han coincidido el déficit social, con el déficit democrático,
y el déficit nacional.
Sería paradójico que
ahora este movimiento de protesta lo liderara el gobierno de derechas
nacionalista catalán que siempre (repito siempre) ha apoyado las medidas
antisociales del gobierno del PP, que han dañado enormemente a las clases
populares de España, y de Catalunya, y que en el Parlament catalán han siempre
contado con el apoyo para sus recortes que están desmantelando el estado del
bienestar catalán del mismo PP perjudicando enormemente al pueblo catalán. En
realidad, tal como indico en otro artículo (“Lo que está ocurriendo en
Catalunya, y en España” Público 20.09.12), lo que estamos viendo en Catalunya
es el intento del partido gobernante, CiU, de aprovechar tal movimiento popular
para sus propios fines electorales, haciendo olvidar a la población (con la ayuda
de los medios públicos de información de la Generalitat, Catalunya Ràdio i TV3,
abusivamente utilizados por CiU) de los enormes recortes, y casos de corrupción
que mostraban un claro impacto negativo en su popularidad.
Esta observación no
quiere decir, como se ha malinterpretado en algunos medios de Madrid, que el
movimiento del 11-S sea una maniobra de CiU para ocultar tales realidades. Tal
movimiento es popular porque responde a reivindicaciones que son justas y
necesarias, y que deben atenderse. Pero, que el gobierno CiU las está
intentando canalizar para sus fines electorales es obvio. Sería importante que
las izquierdas y los sindicatos que acudieron a la manifestación (y los
sindicatos fueron en pleno) no permitieran que ello ocurriera. Y para ello
sería importante que establecieran complicidades con las izquierdas españolas
(que son federalistas y han aprobado el derecho a la autodeterminación) para
coordinar esfuerzos y así facilitar, no solo el cambio en Catalunya sino
también en España, sin lo cual el cambio en Catalunya sería incluso más
difícil. No hay que olvidar que la intervención militar en Barcelona, que
Cebrián cita, contribuyó, como respuesta más tarde, a la victoria electoral en
toda España del Frente Popular. Ni que decir tiene que los tiempos son muy
diferentes y los probables acontecimientos serán distintos. Pero hay que ser
consciente de que Catalunya y España han estado viviendo estos años gran
agitación social. Y en Barcelona hemos visto ya en lo que va de año varias
manifestaciones y veremos otras. Y sería un gran error que no confluyeran para
exigir una nueva realidad en Catalunya y también en España.
Fuente: www.publico.es
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