Miércoles, 21 de enero de 2015
Destrozado el
mercado, los derechos laborales, los sociales, la sanidad, la justicia
gratuita, la protección de los dependientes ahora el Tribunal de cuentas nos
informa que a 31.12.201 había 221.384 expedientes laborales sin resolver, un
67% más que un año antes y un 295% sobre la cifra de 2007. Claro que ahorramos
en plantilla laboral que sólo aumentó un0,07 % pero con una pérdida de
productividad al tardar 201,52 días en resolver un expediente en vez de 185,47
con Barcelona en la cabeza de la ineficacia (395 días), seguida de Madrid (379
días) y Valencia (354 días) debido al aumento de empresas que han desaparecido
algo que no previó el FOGASA por lo que el Ministerio de Empleo le echa la
culpa al anterior Ejecutivo socialista porque aumentaron las solicitudes un
1.631,31% entre 2007 y 2011.
La falta de personal
implica un grave riesgo de extravío de documentación, aumento de defectos y
demoras que incluyen pago prestaciones fraudulentas sin control. Como el número
de letrados es "insuficiente y en vez de un procedimiento homogéneo para
decidir a qué juicios asisten cada uno lo decide discrecionalmente la
asistencia a juicios indirectos apenas llegó al 30% entre 2012 y 2013 --en
Badajoz, Castellón, Jaén o Tarragona ni siquiera al 2%-- aunque el 56% de los
casos en que se personaron las sentencias fueron favorables. ¿El resultado?:
abono de prestaciones a trabajadores no dados de alta en la SS --1.117
reconocimientos en 2013 por valor de 5,55 millones--, fraude, que haya una
empresa ficticia --caso de 65 trabajadores que recibieron 413.596 euros del Fondo--,
etc., etc.
118.863 expedientes,
75 % de los aprobados en 2013 al superar el plazo máximo legal permitido,
permitirían una demanda; en 7.409 casos se denegó la prestación aunque debería
haberse aplicado el silencio administrativo positivo. Los fundamentos de hechos
y derecho son "escasas y genéricas", lo que "podría devenir en
una falta de motivación" de la actuación administrativa, con la
consecuente presentación de demanda por parte del trabajador.
La incomunicación
del Fogasa con el Servicio Público de Empleo Estatal permitió que haya
trabajadores cobrando prestaciones por duplicado; que no se remitan las deudas
por subrogación a la Agencia Tributaria (AEAT) por importe de 7 millones de
euros de los 174.804 empresarios deudores por subrogación aunque el índice de
cobro de esas deudas sólo aumentó el 1,5% (el 0,2% para personas físicas).
Tampoco los cobros por vía ejecutiva fueron efectivos y hubo 11,11 millones de
deuda sin cobrar de once deudores.
El Proyecto GRETA
encomienda la gestión a la empresa pública Tragsatec por 3,27 millones de
euros, pero el Tribunal de Cuentas cree que este contrato "no debió
aceptarse por no respetar la legalidad vigente". Tragsa está especializada
en actividades medioambientales agrícolas o, ganaderas. Aunque sólo tramiten
expedientes habría "indicios de extralimitación de dichas funciones"
vulnerando, entre otras, de la Ley de Protección de Datos y además no tienen
competencia legal por lo que la denegación de las prestaciones podrían
anularse. La inexperiencia de los empleados, su falta de acceso a información
sobre empresas ficticias o la falta de garantías en estos expedientes, visados
por funcionarios del Fondo en un "mero trámite formal" por el volumen
de trabajo que soportan auguran más demoras. Además hasta desde el punto de
vista económico ha sido un dislate: la media mensual de expedientes aprobados
en 2013 sin la colaboración de Tragsatec fue un 22% superior a la media de
expedientes aprobados en los primeros meses de 2014. Su coste fue un 1.077% sin
contar que el precio final de la encomienda de gestión excederá los 3,27
millones al tener en cuenta costes indirectos (tiempo en formación,
asesoramiento, selección de expedientes a tramitar por Tragsa) y aun sólo con
los directos. De haberlo hecho funcionarios habría costado apenas 274.281
euros, un 91,6% menos. Y todo este despilfarro parar una solución temporal
porque no solucionará el "colapso" del Fogasa: los expedientes sin
resolver aumentaron ya un 11%.
En Empleo dicen que
en 2014 resolvieron 300.000 expedientes frente a los 166.788 del ejercicio
anterior, "duplicándose" el ritmo de resolución y "eliminando el
atasco". En noviembre se autorizó un suplemento de crédito de 940,6
millones para pagar salarios e indemnizaciones atrasados. Pero el Tribunal de
Cuentas ve que el Fogasa es inviable dada la "insuficiente dotación"
de los últimos ejercicios. La mayor parte de sus ingresos venían de la venta de
títulos de deuda pública, que se habrán liquidado en su totalidad en 2014.
¡Toma empresa
privada. ¡Toma Estado de Derecho! ¡Toma políticos competentes! Se necesita una
ALTERNATIVA y ésa es REPUBLICANA: una función pública profesional y competente.
Alfonso J.V.
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