El
cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la acidificación del océano, la
pérdida de calidad de los suelos por exceso de fertilizantes y pesticidas... No
son meros problemas ambientales, sino que además suponen riesgos para la
provisión de agua y de alimento...
nuevatribuna.es |Por
Cristina Narbona | 03 Febrero 2015 - 11:36 h.
El cambio
climático, la pérdida de biodiversidad, la acidificación del océano, la pérdida
de calidad de los suelos por exceso de fertilizantes y pesticidas...
La relación
entre economía y ecología ha centrado este año muchos de los debates de
la cumbre de Davos.
En particular, los lideres políticos y empresariales han sido alertados sobre
la creciente evidencia de los efectos económicos y sociales, en algún caso
irreversibles, de la denominada superación de los límites planetarios,
objeto de estudio, desde hace años, de los informes del
Instituto para la Resiliencia de Estocolmo.
El cambio
climático, la pérdida de biodiversidad, la acidificación del océano, la pérdida
de calidad de los suelos por exceso de fertilizantes y pesticidas... No son
meros problemas ambientales, sino que además suponen riesgos para la
provisión de agua y de alimentos, así como el aumento y la intensidad de
fenómenos meteorológicos adversos, que acentúan la vulnerabilidad de los
ciudadanos más desfavorecidos, con el consiguiente descrédito de empresas y
de instituciones públicas.
El PP cuestionó,
en concreto, la constitucionalidad de fijar en la misma un limite temporal
mínimo para el cambio de uso de los montes incendiados
Ademas, los
costes económicos de la inacción ante estos desafíos resultan cada vez más
elevados que el coste de prevenir o mitigar tales tendencias, por lo que
algunas empresas y gobiernos han optado ya por un enfoque más integrado e
inteligente de la relación entre economía y ecología, teniendo en cuenta el
conocimiento científico y tecnológico existente.
Sin embargo, en
España apenas se incorpora la componente ecológica al debate económico; mejor
dicho, las denominadas reformas consideran erróneamente la
desregulación ambiental como un requisito para la recuperación económica .
Así, desde el
inicio de la actual legislatura, acorde con un enfoque economicista y
cortoplacista, se han modificado -con urgencia y sin consenso- numerosas leyes
de contenido ambiental: la de costas, la de aguas, la de evaluación ambiental,
la de responsabilidad ambiental, la de parques nacionales…
Y ahora, el
Gobierno anuncia el proyecto de ley que modifica la Ley de Montes, que
había introducido en 2006 algunas novedades, valoradas como muy relevantes por
el Consejo de Estado. En particular, la prohibición de cambio de uso durante 30
años de los suelos forestales objeto de incendio, la exigencia de planificación
y ordenación de todos los montes conforme a directrices básicas dictadas por el
Gobierno, la consideración de los agentes forestales como agentes de la
autoridad con funciones de policía judicial, y la creación del Fiscal especial
de Medio Ambiente y ordenación del territorio.
Desde la
aprobación de esta norma, el PP cuestionó, en concreto, la constitucionalidad
de fijar en la misma un limite temporal mínimo para el cambio de uso de los
montes incendiados. De hecho, varias comunidades autónomas intentaron
incorporar a su propia legislación excepciones para seguir manteniendo la
posibilidad de recalificación de los mismos. Algo que, en su día, había
propiciado aberraciones como la construcción del fallido parque
temático Terra Mítica o la urbanización de las laderas del monte
Abantos.
Asimismo, la
Comunidad de Madrid intentó eliminar en su legislación autonómica el carácter
de agente de la autoridad de los agentes forestales, cuestión que fue recurrida
con éxito ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno del que yo
formaba entonces parte.
Pero ahora ya no
se trata de modificaciones puntuales en normas autonómicas que no pueden
contravenir una legislación básica estatal. Así, la reforma anunciada por el
actual Gobierno introduce cambios de calado que, de nuevo, atentan contra
nuestra propia Constitución, que establece en su art. 45 el derecho al medio ambiente, como una condición
indispensable para el adecuado desarrollo de los ciudadanos. No olvidemos que
los bosques generan servicios de extraordinario valor para nuestra salud y
nuestra seguridad: proveen oxígeno, almacenan CO2, albergan rica biodiversidad,
mantienen la humedad del aire —contribuyendo así a preservar la calidad y
cantidad de los recursos hídricos—, mitigan el calentamiento global y los
fenómenos meteorológicos mas adversos.
La reforma de la
Ley de Montes introduce la posibilidad de que, antes de transcurrir 30 años, se
cambie el uso de los bosques incendiados sí concurren “razones imperiosas de
interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante ley”. Esas
“razones”, en todo caso, serán identificadas una vez acaecido el incendio.
Porque la legislación todavía en vigor establecía, lógicamente, como excepción
que el cambio de uso estuviera previsto antes del incendio en un instrumento de
planeamiento que, como mínimo, se hubiera sometido ya a información pública.
Sí el texto se
aprueba en su versión actual, se volverá a posibilitar que aparezcan “razones
de interés general” que, quizás, estuvieran ocultas antes de producirse el
incendio, y que en realidad respondan más a intereses particulares que al
invocado “interés general”. ¿O es que la preservación de nuestros busques
no se considera parte del interés general?
La otra
modificación que preocupa —desde la defensa del interés general asociado a la
preservación de nuestros montes— es la manifiesta reducción de las capacidades
de los agentes forestales, a quienes la reforma convierte en auxiliares de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, meros avisadores ante la evidencia de un
delito. Hasta ahora, los agentes forestales han colaborado eficazmente y con
inmediatez, gracias a su conocimiento especifico del monte, por ejemplo,
mediante la elaboración de atestados. En la propia definicion de los agentes
forestales desaparece, además, la palabra “funcionarios”, algo que puede ser
indicio de una voluntad de privatización de las tareas de vigilancia y
seguridad de los bosques.
De hecho, en la
Comunidad de Madrid no se convocan plazas de agentes forestales desde hace 11
años, mucho antes de los recortes impuestos por los objetivos de reducción del
déficit públicos.
En síntesis, esta
reforma supone un nuevo recorte de los derechos de los ciudadanos,
completamente injustificable y, ademas, contrario a las normas y orientaciones
europeas sobre preservación de la biodiversidad. Algo increíble en España, un
país con un capital natural tan valioso. Y también un país especialmente
vulnerable ante el cambio climático.
Cristina
Narbona fue ministra
de Medio Ambiente entre 2004 y 2008. Actualmente es miembro de la la Global
Ocean Commission.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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