La
Unidad Central Operativa ha entregado un atestado al juez con importantes
conclusiones.
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Explican
los diferentes procedimientos que usó UGT y las empresas 'amigas' para destinar
fondos de subvenciones públicas a otros destinos entre 2005 y 2014.
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Estas
prácticas habrían disminuido al empezar a aparecer en los medios de
comunicación informaciones sobre los supuestos fraudes.
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En
el caso UGT-A, el juez mantiene imputadas a un total de 18 personas, entre
ellas los ex secretarios generales del sindicato Manuel Pastrana y Francisco
Fernández Sevilla.
EP/eldiarioand
05/02/2015 - 22:23h
Manuel Pastrana
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha
entregado un atestado al juez de Sevilla que investiga un posible fraude en
subvenciones por parte de UGT-A mediante facturas falsas en el que concluye que
distintos proveedores pagaron un total de 1.986.277,66 euros al sindicato
"en concepto de rápel/comisión/descuento".
En el atestado, de más de 300 páginas, los agentes de la UCO
explican los diferentes procedimientos "artificiales" cuyo diseño y
puesta en funcionamiento "habrían permitido a UGT-A utilizar fondos
procedentes de subvenciones públicas para formación profesional para el empleo
a destinos distintos a los que debían haberse aplicado".
De este modo, los agentes hacen referencia a la imposición
de descuentos a proveedores y a la aplicación de descuentos en concepto de
'rapel', descuentos que "se realizan por los proveedores mediante la
emisión de una factura por parte de ellos" y que "minorarían el coste
del servicio o material adquirido", aunque "ante la Administración se
justificarían los gastos reflejados en la primera factura, pero no el
descuento".
Los agentes, en su investigación, han analizado también la
"sobrefacturación o emisión de facturas por parte de proveedores por
servicios o mercancías no prestadas o servidas", una práctica "que
generaría un saldo a favor del sindicato, conocido como 'bote', que se
aplicaría a gastos diferentes a los subvencionados".
'El bote' se menciona en documentos contables
En el atestado, la UCO asevera que la práctica del 'bote'
con varios de los proveedores "habituales" del sindicato "queda
probada debido a menciones al propio 'bote' en distintos documentos contables
encontrados", a lo que se suma que "se han encontrado referencias
frecuentes a 'saldos' establecidos con los habituales proveedores", unos
'saldos' que "se utilizaban para controlar la diferencia entre el producto
real servido y el facturado".
Además, "también del título y el contenido de algunos
documentos analizados se deduce que habría albaranes que entrarían en el 'bote'
y otros que no", por lo que "se confirma que la técnica de gestión de
bote no sólo se practicaba sino que era conocida y existía un control
'extracontable' de la misma".
En relación al 'rápel', la UCO asevera que "existe
numerosa documentación que prueba que la práctica del 'rápel' era habitual y
generalizada desde al menos el año 2006 y que se llegaron a devolver
elevadísimas cantidades que podrían haberse utilizado para justificaciones
irregulares".
Así, y respecto al funcionamiento del método del 'rápel', en
la documentación analizada "se observan frases como 'se debe realizar
factura a Soralpe por el concepto que diga Federico'", en relación al
exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico
Fresneda.
El papel de Fresneda
"Esta anotación confirma una vez más que el concepto de
las facturas de determinados proveedores no obedecía al producto o servicio
prestado sino a lo decidido por Federico", señalan los investigadores, que
precisan que las investigaciones desarrolladas "apuntan a que estos
cambios irregulares en los conceptos de las facturas podrían haberse realizado
para justificar las subvenciones recibidas".
"Tales anotaciones confirman" que Dolores Sánchez
y José Miguel Galdeano, como responsable de compras de UGT-A, "también
tenían pleno conocimiento de la actividad irregular", dicen los agentes en
el atestado.
En el atestado, los agentes señalan que los proveedores
"de confianza" del sindicato "para la contabilidad irregular de
cara a las justificaciones" y que "realizaban en mayor o menor medida
las prácticas del 'rápel' y el 'bote'" eran Chavsa, Lienzo Gráfico,
Publicar, Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Karonte y Carpetas Abadía.
Los agentes aseguran que "en la práctica totalidad de
los casos, el 'rápel' era algo que venía impuesto por contrato por parte de
UGT-A a sus proveedores, con las particularidades inherentes a cada uno de
ellos en atención a una serie de parámetros tales como volumen de facturación,
etc, de ahí las diferencias existentes con cada uno de ellos", lo cual
"viene a corroborar lo manifestado por los diferentes trabajadores del
departamento de Administración de UGT-A" que han declarado ante la UCO.
En este sentido, la UCO destaca que Siosa y Karonte,
"respecto de los cuales se ha observado un importante volumen de
facturación, informaron que sí habían pactado con UGT-A unas condiciones
concretas de 'rápel', si bien, con la particularidad de que lo habían hecho de
forma verbal", destacando el caso de Siosa, "que nombra a Federico
Fresneda como el interlocutor con quién se pactaron las condiciones por
'rápel'".
Cambio de tendencia en 2013
Tras valorar además que, en algunos de los contratos
aportados "se reseñaba que por parte de los proveedores debía hacerse
efectivo el pago del 'rápel' mediante 'talón'", los agentes enumeran los
pagos realizados por los proveedores a UGT-A entre 2005 y 2014 y destaca que
Karonte "realizó pagos a UGT-A en concepto de 'rápel' por importe de
956.848,59 euros".
Sobre los porcentajes de 'rápel' pagados, destaca que en el
caso de Karonte llegaron al 20 por ciento de la facturación y en el caso de
Siosa al 13 por ciento.
Los agentes destacan "un significativo descenso de las
cantidades bonificadas en concepto de 'rápel' precisamente a partir de
2013", un "repentino descenso que coincide con la aparición en varios
medios de comunicación de ámbito nacional en el primer trimestre de 2012 de
noticias que abundaban en la supuesta financiación irregular de UGT-A".
"Una vez este asunto fue público, la práctica de
'rápel' disminuyó hasta una quinta parte que la del año inmediatamente
anterior, y si comparamos con años anteriores esa proporción es aún
mayor", subraya el atestado, agregando que "este descenso y tal
diferencia podría coincidir con el 'rápel' ordinario y real --como práctica
habitual contable-- y el 'rápel' practicado artificialmente de cara a
justificaciones irregulares".
Facturación a la carta
A su juicio, "esta actividad habría cesado de
realizarse al hacerse pública la supuesta gestión irregular".
En el atestado, los agentes llaman la atención igualmente
sobre "las irregularidades en la confección de facturas" por parte de
los proveedores "de confianza" del sindicato, y destacan además que
"en algunas ocasiones recibían instrucciones muy precisas de cómo realizar
las facturas, incluyendo fechas, conceptos y cantidades, llegando a aparentar
una verdadera 'facturación a la carta' que no podía guardar relación alguna con
la estructura lógica comercial servicio-albarán-factura-pago".
"La situación es aún más flagrante cuando entre estas
comunicaciones se denota cómo, en ocasiones, las proveedoras recibían
transferencias que al no tener concepto no sabían a qué servicio o factura
correspondían, con lo que no le resulta posible el cálculo del 'rápel'",
aseveran los agentes, que señala como ejemplo el caso de Lienzo Gráfico,
"del cual se ha constatado la existencia de cuatro apuntes de fecha 31 de
diciembre de 2010 en los que se indica como concepto 'factura rectificada,
rectificación de la factura por IVA aplicado incorrectamente".
El escándalo de las facturas falsas en el seno de UGT-A.
En diciembre de 2013, su sede fue finalmente
registrada dentro de una operación de la Guardia Civil a cuenta del uso de los
fondos de formación. Este asunto está ya también en sede judicial. Los dos últimos
secretarios regionales, el histórico Manuel Pastrana y Francisco Fernández
Sevilla, han sido llamados en calidad de imputados por el Juzgado de
Instrucción número 9 de Sevilla, que dirige el juez Juan Jesús García Vélez. El
primero no ha declarado por enfermedad y el segundo prefiere hacerlo cuando
esté toda la documentación presente en las actuaciones, aunque ya rechaza de
plano las acusaciones. Además, el juez mantiene imputadas a otras 16 personas
relacionadas con el sindicato.
Fuente: www.eldiario.es
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