Unitaid
es una entidad que trabaja, en colaboración con la OMS, por el acceso de todos
los habitantes del planeta a medicamentos esenciales.
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Carmen
Pérez Casas, una de sus responsables, explica las vías posibles para
conseguirlo: Genéricos, licencias obligatorias, presión para reducir los
precios...
05/02/2015 - 18:07h
Campaña de Unitaid |
El caso de Sovaldi, un tratamiento para la Hepatitis C que
puede salvar la vida de millares de personas solo en España y cuya distribución
es limitada por el Gobierno por su elevado precio, ha puesto sobre la mesa el
desorbitado coste de algunos tratamientos y el beneficio generado para los
laboratorios que disfrutan de su monopolio y patente. Tras las cifras
millonarias que mueve esta industria (el laboratorio californiano Gilead,
fabricante de Sovaldi, vende este tratamiento por 72.000 euros por persona) y
de los debates sobre la propiedad intelectual o la libertad de mercado, debemos
reflexionar sobre la concepción de la salud como negocio o como derecho y sobre
los escalofriantes datos que muestran que miles de millones de personas no
pueden acceder a medicamentos esenciales.
Unitaid es una organización internacional con sede en Suiza,
que trabaja en colaboración con la OMS promoviendo el acceso al tratamiento de
enfermedades como el sida, la malaria o la tuberculosis en poblaciones de
países en vías de desarrollo. Uno de los objetivos principales de la
organización es la negociación de precios bajos para los medicamentos. Los
datos de la OMS alertan de que más de 2.400 millones de personas, por encima de
un tercio de la población mundial, no pueden acceder a una lista de 300
medicamentos esenciales para la supervivencia. Otros informes hablan de que el
negocio del medicamento, controlado en un 85% por media docena de grandes
empresas, mueve cada año 446 mil millones de dólares.
Carmen Pérez Casas, con años de experiencia en esta y en
otras organizaciones que trabajan por el acceso a medicamentos, explica que en
esta lista solo se tienen en cuenta los tratamientos más básicos: “si se
añadieran los tratamientos optimizados y algunos fármacos más caros, con una
distribución aun más limitada, la proporción de seres humanos que quedan
excluidos de ellos sería mucho mayor”. "En los años 2000 hubo que luchar
mucho para que a la hora de elaborar esta lista se tuvieran en cuenta sobre
todo los criterios clínicos, sin valorar su precio, evitando así lo que sucedió
con los primeros retrovirales, que no se incorporaban a la lista por su elevado
coste, a pesar de que eran fundamentales para salvar millares de vidas", dice.
Tres grandes obstáculos al acceso universal
Pérez Casas destaca que "hay tres grandes obstáculos
que bloquean el acceso a medicamentos esenciales". En algunos casos el
problema no es el precio: hay tratamientos muy baratos, creados hace ya muchos
años y que son fabricados por muchos productores, y que no llegan por la
inexistencia o mal funcionamiento de los sistemas de salud en muchos países,
sobre todo de África. En segundo lugar, hay ocasiones en que la gente no puede
acceder al tratamiento que necesita porque directamente no existe, porque no se
investiga. En muchos casos no se investiga porque la enfermedad está erradicada
de los países del primer mundo o no tiene gran incidencia en ellos y solo
afecta a los países más pobres.
La trabajadora de Unitaid incluso señala que dentro de una
misma enfermedad, como el SIDA, hay I+D en los tratamientos para adultos,
porque hay millares de contagiados y contagiadas en los países desarrollados,
pero no hay investigación para el SIDA infantil, que sigue siendo un enorme
problema en el tercer mundo, pero que casi no existe en el primero. "El
pasado año en España solo hubo un caso de transmisión madre-hijo del virus, y
solo porque fue un caso puntual de una mujer inmigrante que llegó en el final
de su embarazo y no se le pudo hacer un seguimiento durante la gestación",
explica. "El SIDA pediátrico es una enfermedad olvidada, al no tener
clientes potenciales en los mercados, como también lo son la enfermedad del
sueño, la úlcera de Buruli o la leishmaniasis visceral", dice.
"Pero hay una gran parte de medicamentos de esa lista a
los que no se tiene acceso a causa de su elevado coste" –subraya–.
"Todo lo dictan los mercados y la posibilidad de un beneficio
económico". Y en esa lucha es donde se enmarca buena parte del trabajo de
Unitaid.
Genéricos: las armas para la reducción de precios
"La producción y competencia con genéricos ha
demostrado ser el mejor motor de reducción de precios", destaca Carmen
Pérez Casas, que destaca sobre todo el efecto de la producción de retrovirales
en la India para forzar a los laboratorios europeos y estadounidenses a
recortar el precio de venta de los tratamientos para el SIDA desde los 15 mil
dólares por persona y año hasta los 112 dólares. Sin embargo, la generalización
de las patentes farmacéuticas a partir de los años noventa dificultó este
proceso.
Hasta el año 1994 no había un deber a nivel internacional de
otorgar patentes para un fármaco, es decir, monopolios para su distribución.
"Cada país lo hacía de una manera" –explica Carmen Pérez Casas–.
"Por ejemplo en España solo se protegían los procesos de fabricación, no
el resultado: si una empresa era capaz de llegar al mismo producto a través de
otro proceso, podía copiarlo. Esa es la razón de que en España tengamos una
industria farmacéutica bastante fuerte". En ese momento, la Organización
Mundial del Comercio (OMC) fijó unos criterios unitarios para todos los países
(la misma fórmula de reconocimientos de patentes, la misma duración de 20
años...).
La OMC aprobó un calendario escalonado de entrada en vigor
de las disposiciones sobre patentes, y la India no tuvo que hacerlo hasta el
2005. "Gracias a eso la India pudo producir como genéricos muchos de los
retrovirales, porque no tenían patente. A partir de ese momento la cosa se complicó,
porque la India tuvo que comenzar a otorgar patentes, y hubo que buscar otras
fórmulas y alternativas para poder producir medicamentos más baratos",
explica Pérez Casas.
Ahí es donde entran fórmulas como las licencias
obligatorias, como destacaba hace unas semanas Xosé María Torres, de
Farmamundi, recordando que se trata de una decisión absolutamente legal y
prevista por la propia OMS y por la legislación española: "Las licencias
obligatorias son un mecanismo contemplado en el artículo 31 del Acuerdo para los
Derechos de la Propiedad Intelectual relacionada con el comercio (TRIPS), que
es uno de los convenios fundacionales de la OMC. Están también reguladas por la
ley española de patentes, que aclara que debe hacerse por Real Decreto y
delimita dos campos de manera precisa: la salud pública y la defensa
nacional".
Al igual que hacía Xosé María Torres, Carmen Pérez Casas
enumera docenas de casos recientes en los que varios países, desde Brasil a los
Estados Unidos, pasando por Indonesia, hicieron uso de estas licencias
obligatorias para garantizar que un medicamento pudiera llegar a sus
habitantes. Pérez Casas señala que muchas de estas licencias correspondían a
tratamientos contra el SIDA en países en los que "la presión ciudadana
forzó la aprobación de esas licencias obligatorias, para producir o importar
retrovirales desde la India". "Brasil consiguió una reducción de
precios solo con amenazar con emitir una licencia obligatoria", añade, lo
mismo que consiguió Estados Unidos con Bayer y su tratamiento contra el ántrax.
"Abaratar los fármacos es posible si hay voluntad política por parte de
los gobiernos", dice.
Otras alternativas pasan por hacer una lectura diferente y
más exigente de las normas relacionadas con patentes. En su Ley de Patentes de
2005, la India introduce una serie de salvaguardias para impedir que las
farmacéuticas abusen del sistema de patentes. "La India se reservó esa
posibilidad de comprobar las patentes, que deben garantizar que son una
innovación terapéutica", explica Carmen Pérez Casas. Fue lo que sucedió
con Sovaldi, cuya patente fue denegada por la India, pues determinó que el
fármaco "no era suficientemente innovador como para ser merecedor de 20
años de monopolio en el mercado", lo que permitiría producirlo y venderlo
con un precio 40 veces inferior al ofrecido por Gilead, pero solo en los países
de rentas bajas.
En la ley india se incluye una cláusula, conocida como
Sección 3(d), que impide que se patenten las modificaciones de medicamentos ya
existentes, una práctica conocida como “reverdecimiento de patente” cuyo
objetivo es extender los monopolios. En 2013 el Tribunal Supremo indio rechazó
la demanda de Novartis, tras siete años de batalla legal, permitiendo que la
India pudiera seguir produciendo y distribuyendo muchos fármacos genéricos. La
visita que recientemente realizó el presidente Obama a la India tuvo en la Ley
de Patentes local uno de sus puntos de mayor tensión, en respuesta a los
perjuicios que varias farmacéuticas estadounidenses denuncian por la aplicación
de la norma.
Otra fórmula posible es la de las licencias voluntarias,
aquellas ocasiones en las que las compañías propietarias de las licencias
llegan de forma voluntaria a un acuerdo con las empresas productoras de
genéricos para que las primeras les concedan la autorización para producir un
fármaco, pagando unos determinados royalties. Incluso existen organismos, como
el Medicines Patent Pool, que intermedian en estas operaciones, promoviéndolas
como fórmulas para abaratar los precios y facilitar el acceso universal.
Los costes de la investigación
Los costes de producción de un tratamiento médico, de sus
componentes, fabricación y embalaje rara vez son superiores a los 200 dólares
por persona y año. Sin embargo, uno de los argumentos habitualmente empleados
por las grandes farmacéuticas para justificar el elevado precio de algunos
tratamientos es el también elevado coste de las investigaciones (en algunos
casos de varios años de duración) necesarias para dar con un determinado
medicamento. "Hay que retribuir la investigación, por supuesto",
indica Carmen Pérez Casas, pero recuerda que hay que leer con cautela las
cifras ofrecidas por los propios laboratorios, como ya ha hecho algún estudio
reciente.
"Siempre citan cifras disparatadas a la hora de
cuantificar el coste de las investigaciones de un fármaco, varios cientos de
millones de dólares por año. Son cifras muy opacas, incluyen todos los riesgos
que una empresa puede correr, como los riesgos de descapitalización, las tasas
de cambio y también suman el coste de todas las investigaciones iniciadas y
fracasadas", explica.
En cualquier caso, Carmen Pérez Casas hace hincapié en que
"el sistema de patentes se creó para fomentar el desarrollo científico y
creativo. Protege al creador para que pueda publicar sobre seguro su investigación,
para que otros creadores puedan trabajar sobre ella y a partir de ahí puedan
llegar a otras invenciones. No se creó para premiar económicamente cualquier
producto industrial, sino solo aquellos que fueran resultado de una innovación
real, y que fueran novedosos". Y destaca que "los gobiernos con
potencial económico suficiente y la comunidad internacional deberían poder
encontrar otras formas de premiar la investigación para medicamentos
esenciales, que permitan desligar el coste de investigación del precio final
del medicamento para los pacientes".
De igual manera, destaca que, saliendo de esa cuantificación
económica, "si tradujéramos lo que implica en número de muertes cada mes
más y cada año más de monopolio en un determinado tratamiento, tendríamos
cifras escandalosas. Y podríamos hacerlo ahora, con el tratamiento para la
hepatitis C". "No sé si alguien está contando en España el número de
muertes que se podrían estar evitando, pero sería interesante saberlo",
concluye.
Fuente: www.eldiario.es
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