Libre Publicacion | Juan Torres López | 18-05-2011 |
Hace unas semanas, justo cuando Izquierda Unida hacía
público su compromiso de no presentar como candidatos en las elecciones
municipales a personas imputadas por la justicia, se filtraba desde el juzgado
que instruye el llamado caso Mercasevilla la noticia de que el candidato de esa
coalición, Antonio Torrijos, estaba imputado.
Naturalmente, eso provocó la polémica pues con esa
filtración se podía poner de manifiesto que Izquierda Unida no cumplía sus
promesas si Torrijos no dejaba de ser candidato, lo que obviamente suponía un
coste electoral muy grande para esa formación de izquierdas de cuyos resultados
en gran parte depende que la derecha no vuelva a gobernar el codiciado
ayuntamiento sevillano.
La filtración simplemente se limitaba a señalar que se
imputaba a Torrijos porque habría tenido una directa responsabilidad y activa
participación como vicepresidente y miembro de la Comisión Ejecutiva de
Mercasevilla en el proceso de adjudicación de la totalidad de sus terrenos a la
constructora Sanma, dándose así a entender que se trataba de un caso más de
corrupción municipal que habría comportado un grave perjuicio a la ciudad.
A nuestro juicio, lo que está ocurriendo es una nueva prueba
de que la administración de justicia no es objetiva a la hora de resolver los
casos que tiene en sus manos y que utiliza una vara de medir muy diferente
según quienes sean los encausados. No podemos pensar otra cosa cuando
constantemente conocemos que los procesos a grandes directivos empresariales o
líderes políticos de la derecha (Alierta, Ana Mato, Fabra...) quedan en nada
porque sorprendentemente prescriben las actuaciones, mientras que en otros
casos, como en el de Baltasar Garzón o ahora en el de Torrijos, los juzgados
incluso fuerzan los márgenes de lo procesalmente permitido para actuar con una
severidad a todas luces injustificada y desmedida.
Eso es lo que nos parece que está ocurriendo cuando después
de un mes de haberse producido la filtración la jueza que lleva el caso no ha
comunicado aún la supuesta imputación al candidato de Izquierda Unida. Una
circunstancia que evidentemente lo deja indefenso y que le provoca un daño
político y personal gravísimo por los que la jueza debiera haber respondido ya.
Además, al permitir la filtración y mantener silencio
durante tanto tiempo desde la propia administración de justicia se esté dando
lugar a que se lleve a cabo un auténtico juicio público, o casi mejor, un
verdadero linchamiento, al no poder quedar evidentes con la necesaria transparencia
algunas cuestiones esenciales.
Cabe recordar, en primer lugar, que lo que al parecer se
imputa a Torrijos no es su enriquecimiento sino que se procediera a la venta de
los terrenos por un procedimiento de concurso en lugar de subasta. Una decisión
permitida por la ley y que Torrijos defendió por mandato de Izquierda Unida que
la ha justificado porque de esa manera se podían tener en cuenta
contraprestaciones no solo monetarios. Algo que puede ser discutible, como toda
propuesta política, pero que en ningún caso tiene por qué implicar un perjuicio
para la ciudad sino que, por el contrario, quizá sea la única forma de
conseguir rendimientos sociales que por su naturaleza no pueden tener una pura
expresión en términos monetarios. Y, en segundo lugar, es igualmente
sorprendente que se impute la decisión a título personal a Antonio Torrijos
cuando en realidad, y tal y como establece la ley que debe ser, lo puesto en
cuestión no puede tratarse sino de la decisión de un órgano colegiado, tomada
después de la correspondiente deliberación y votación entre todos sus miembros.
Y, por cierto, adoptada al parecer por unanimidad de todos los partidos
políticos allí representados.
Es obligado recordar así mismo que la jueza responsable de
la filtración, dado que ella es quien debe custodiar los documentos de su
oficina, y por tanto del daño que se está produciendo al candidato, fue
recusada en su día por ser esposa de una persona hace tiempo despedida de la
empresa en cuestión. No afirmamos que se esté produciendo de esta manera una
venganza pero sí podemos afirmar con rotundidad que la jueza actúa con una
severidad moral frente a Antonio Torrijos que no aplica a su propio
comportamiento.
Finalmente, queremos expresar que afirmamos lo que antecede
no solo porque estimamos que se ha producido un daño personal, y con
independencia de la mayor o menor simpatía que podamos tener hacia el
candidato, sino porque creemos que cuando la justicia funciona de esta manera
tan anómala se produce un perjuicio escandaloso a toda la sociedad y porque
tenemos la convicción de que ya es hora de que la ciudadanía reaccione y
comience a pedir responsabilidades a quienes de una u otra manera lo vienen
provocando.
Fuente: www.tercerainformacion.es
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