Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
19 de febrero de
2015
El
desastre al cual nos han llevado en Europa la aplicación de las políticas
neoliberales impuestas a las distintas naciones y pueblos de los países de la
Eurozona por parte de partidos gobernantes de sensibilidad conservadora como la
democracia cristiana, o por parte de partidos liberales o partidos de tradición
socialdemócrata que hicieron suyo el socioliberalismo imperante (abandonando
cualquier vocación transformadora que hubieran tenido) explica que hayan
surgido movimientos contestatarios de protesta, portadores de visiones y
propuestas distintas, cuando no opuestas, a las dominantes. Algunos de estos
movimientos son claramente de izquierdas que, o bien nuevos o reciclados de
partidos existentes, representan una esperanza de cambio que está canalizando
el gran enfado de las clases populares (que constituyen la mayoría de la
población) en estos países, y que han alcanzado unos niveles de apoyo popular
que los establishments financieros y económicos que instrumentalizan los
poderes políticos y mediáticos de tales países han considerado alarmantes, tal
y como ocurre en España. Y lo que más les ha asustado es que, lejos de la
imagen del revolucionario bolchevique dispuesto a tomar el Palacio de Invierno,
estos movimientos son movimientos pacíficos, no violentos, que exigen
democracias denunciando el régimen llamado democrático surgido en el caso
español de una Transición inmodélica de la dictadura a la democracia, por sus
enormes limitaciones y por el abusivo control que se ha hecho de las
instituciones llamadas representativas por parte de aquellos poderes
financieros, económicos y mediáticos. Tales movimientos han sido exitosos en
desenmascarar el discurso oficial supuestamente democrático, que contrasta tan
claramente con sus prácticas y políticas públicas, de claro corte
antidemocrático. En este contexto, exigir democracia real es una demanda
revolucionaria hoy en estos países, incluyendo España.
Predeciblemente,
tales establishments han respondido con una enorme agresividad (sin precedentes
desde la revuelta militar y la represión que le siguió en el año 1936) que no
tiene límites, en sus manipulaciones, mentiras y falsedades. Ejemplos hay miles
de ellos. El Presidente Rajoy, jefe de un partido profundamente afectado por la
corrupción, continuador de la derecha que controlaban los aparatos del Estado
dictatorial, alarmaba hace unos días a la población, presentando estos
movimientos contestatarios prodemocráticos como portadores de valores
peligrosos subrayando que “no podemos volver a las ideas que fueron liquidadas
cuando cayó el muro de Berlín”, presentándoles como proponentes del régimen
soviético que había existido al este de tal muro. La desvergüenza de tal
personaje no tiene límites, pues seguro que sabe que las demandas de tales
movimientos distan mucho, y en realidad son opuestas, a las que se dieron en
aquella parte del continente europeo.
Lo
que ocurre es que las fuerzas dominantes en Europa, desde la Sra. Merkel al Sr.
Rajoy, han sido responsables de unas políticas que han dañado enormemente el
bienestar de la población, y los movimientos populares que están surgiendo,
desde Syriza en Grecia a Podemos en España, desean interrumpir tales políticas,
realizadas todas ellas sin mandato popular, para, a través de nuevas
instituciones auténticamente democráticas, permitir el desarrollo de propuestas
de orientación socialdemócratas, olvidadas y abandonadas por los partidos que
llevan tal nombre, bajo el argumento de que el desarrollo de tales políticas
era y es imposible de realizar en el mundo actual. Así, el Presidente Zapatero
congeló las pensiones para ahorrar 1.500 millones de euros, cuando podría haber
conseguido ahorrar mucho más eliminando la bajada del impuesto de patrimonio,
con lo cual hubiera conseguido 2.100 millones de euros. Y el Presidente Rajoy
recortó 6.000 millones de euros de la sanidad pública española para pagar la
deuda cuando podría haber conseguido casi la misma cantidad revirtiendo la
bajada de impuestos de las empresas que facturan más de 140 millones de euros
al año (que representan el 0,18% del total de empresas), consiguiendo así una
cantidad semejante. Presentar estas alternativas como bolcheviques habla mucho
del presentador y de su capacidad de falsificar la realidad.
El
argumento que aduce la imposibilidad de estas políticas de corte
socialdemócrata es político y no económico o financiero. Este último discurso
se utiliza para ocultar el primero. En realidad, muchas de las políticas
propuestas se están realizando en varios países.
La
división entre los pueblos como su estrategia
Una
manera de que tales establishments conservadores y liberales se perpetúen y
reproduzcan es intentando dividir a las clases populares, utilizando un
nacionalismo excluyente que sitúa a unos ciudadanos en contra de otros. El
gobierno Rajoy está utilizando una visión nacionalista españolista que excluye
cualquier visión plurinacional del Estado español, presentándose como los
únicos defensores de la “patria”, un mensaje que contrasta con sus
comportamientos de docilidad (antipatriótica) hacia aquellos intereses
extranjeros que, en defensa de sus propios intereses, están dañando
profundamente el bienestar de los españoles. Es vergonzoso que se hayan
convertido en los máximos defensores de las medidas de austeridad impuestas con
gran dureza y mezquindad al pueblo griego (y al español) por presiones del
establishment alemán (ver “El ataque frontal del gobierno alemán y el BCE a
Grecia”, Público, 18.02.15).
Este
comportamiento se ha reproducido en intentar crear un enfrentamiento entre las
clases populares españolas (los pensionistas y los parados, en concreto) y las
griegas. Hemos visto estos días, de nuevo, al Presidente Rajoy, a los Ministros
Montoro, de Guindos y al Sr. Margallo, repitiendo que los pensionistas y los
parados han visto recortar sus beneficios para que España pudiera ayudar a la
población griega en un acto de solidaridad que el gobierno Syriza griego
violaría si el gobierno griego dejara de retornar el dinero que fue prestado
por los pensionistas y por las personas en paro en España al pueblo griego. El
nivel de sinvergonzonería alcanza unos niveles que no se había visto desde
tiempos de la dictadura. Por desgracia, el economista de El País, el Sr.
Díez, asesor del señor Zapatero, añadió su voz a tal
argumentario: “la quita supondría una pérdida de unos 400 euros para cada
ciudadano alemán y unos 300 euros para cada ciudadano español” (“El
avispero griego”, El País 12.01.15).
La
falsedad del argumentario neoliberal
La
impresión de que los pensionistas y los parados tienen reducida su cobertura y
beneficios porque el Estado le ha prestado dinero al pueblo griego, implica
que, en el presupuesto del Estado español, ha habido un ítem de 26.000 millones
de euros (la cantidad supuestamente prestada) que se han utilizado para
prestarlos a los ciudadanos griegos a fin de que puedan atender a sus
necesidades, a costa de no subir las pensiones (que podrían haberse subido un
38% según Margallo, en caso de que no hubiera habido tal transferencia). Esto
no es cierto. Es una falsedad y es imposible que el Sr. Margallo y todos los
otros ministros previamente citados no lo supieran. Es condición para ser
Presidente y Ministro conocer un mínimo las cuentas del Estado. Y aun cuando el
nivel de exigencia para tales Ministros del gobierno popular no es muy alto,
seguro que saben que ello no es cierto.
En
realidad, la gran mayoría de estos fondos son bonos públicos del Estado
español, asignados por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera que
facilitaron que el Estado griego pudiera pagar las deudas, consecuencia, en
parte, del rescate a los bancos tanto griegos como alemanes, franceses y
españoles en su famoso rescate del 2011 y 2012 que, por cierto, aumentó
enormemente la deuda pública griega. También estos y otros fondos fueron
utilizados como avales para que fueran utilizados por empresas, incluyendo
españolas, en su negocio en Grecia. Estos bonos y avales, por cierto, generan
beneficios al Estado español y a sus compradores.
Es
más, el Estado español, bajo el mandato del Sr. Rajoy, de los Ministros Montoro,
de Guindos y el Sr. Margallo, ha apoyado el gasto de millones de euros para
rescatar el sistema bancario español. Según datos del Banco de España de más de
61.000 millones de euros de fondos públicos aportados desde 2009 para la
reestructuración del sistema financiero español, hasta la fecha no se han
recuperado ni 2.000 millones. Y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB), la entidad pública creada exclusivamente para rescatar la banca privada
española, ha admitido haber perdido ya más de 37.000 millones de euros.
Con
este dinero podrían haberse subido las pensiones y aumentado la cobertura del
paro. Las palabras de todos estos personajes no son más que un intento de
manipulación fallida. Y lo más ofensivo de todo esto es la bajeza de intentar
enfrentar a españoles y griegos recurriendo al sufrimiento de tantos hogares en
España que se encuentran en una precariedad sin precedentes por culpa única y
exclusivamente de las políticas austericidas implementadas y promovidas por el
gobierno del que forman parte.
En
base a esta experiencia, que el gobierno popular se presente como salvador de
la población griega, a costa de la población española, es una falsedad como un
templo. Han movido cielo y tierra para apoyar al gobierno alemán en su dureza y
mezquindad, negando el respiro que pedía Syriza para poder atender el desastre
humano que las políticas neoliberales promovidas por Merkel y Rajoy han
impuesto en aquel país. Estas políticas alcanzaron niveles de crueldad, en un
caso de terrorismo financiero, dificultando a la vez que pudieran también
cambiarse las políticas de austeridad en Grecia.
Una
última observación. Sería importante que los dirigentes del gobierno popular
conocieran mejor los sistemas públicos que están destruyendo. Cuando Margallo
indicó que con los 26.000 millones supuestamente prestados a Grecia “se podría
haber aumentado un 38% las pensiones públicas” muestra su grado de ignorancia.
El gasto en pensiones según el presupuesto de 2015 es de 131.658 millones de
euros. Un 38% más de esta cantidad (la sugerida por el ministro) son 50.030
millones más, no 26.000 millones como él indica. ¿Qué no conoce el presupuesto
del gobierno?
Fuente: www.publico.es
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