Más del 50% de las personas que perdieron la vida el año
pasado en sus casas a causa de un incendio eran mayores de 65 años.
nuevatribuna.es |
Antonio Joya | Consultor experto en consumo | 03 Febrero 2015 - 16:49 h.
El pasado 8 de
enero fue el jueves negro de los incendios en nuestros hogares. Según
informó la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), ese
día fallecieron en España 6 personas en distintas localidades. Especialmente
triste, por la edad de las víctimas, fue el incendio ocurrido en el pueblo
sevillano de Lora del Río. Allí murieron dos mellizos de apenas 2 años de edad,
junto a su madre. En alguno de estos casos, como el de Villanueva de Córdoba
donde murió una mujer de 85 años, el suceso ocurrió tras el incendio de un
brasero que se encontraba a su lado.
El hecho de que
España tenga uno de los índices de muertes por incendio más bajo del mundo –
solo alcanzado por Holanda y Suiza- no debe hacernos olvidar tres hechos
preocupantes. El primero de ellos tiene que ver con la dificultad de afrontar
el pago de la energía; el segundo está relacionado con la falta de seguridad
eléctrica en los hogares; y el tercero afecta gravemente a la población de
mayor edad.
Más de 7 millones de personas tienen
dificultades para pagar las facturas de energía doméstica al verse obligados a
destinar más de un 10% de sus ingresos a tal fin
En primer lugar,
los descuidos con aparatos productores de calor –como radiadores, chimeneas y
braseros- siguen siendo una de las principales causas de incendio en el hogar.
Este dato me hace pensar en la relación directa que a mi juicio existe entre la
población afectada por la llamada “pobreza energética” y el riesgo de sufrir un
incendio por el uso de braseros u otros sistemas “alternativos” y poco fiables
para calentar sus casas. Aunque creíamos que era un concepto desterrado, la
pobreza energética es una realidad hoy día en España. Más de 7 millones de
personas tienen dificultades para pagar las facturas de energía doméstica al
verse obligados a destinar más de un 10% de sus ingresos a tal fin (según la Asociación
de Ciencias Ambientales). Esta situación se agrava en los meses de invierno
(en diciembre, enero, febrero y marzo se producen la mitad de los
fallecimientos por incendio y explosión en viviendas). De ahí que en los
últimos dos años haya habido un repunte de víctimas por incendio en estos meses
fríos (de 64 a 83 fallecidos). Las autoridades de consumo deberían perseguir y
prohibir la venta de determinados aparatos de calefacción con resistencias
incandescentes sin ninguna protección; las viviendas deberían contar con un
mejor aislamiento térmico (hemos perdido una gran oportunidad durante la época
en la que se construían más de 500.000 viviendas al año….). Pero, sobre todo,
el Gobierno debería ayudar a las familias más necesitadas, rebajando los
requisitos para acceder al bono social eléctrico (que ahora mismo supone
aplicar las tarifas vigentes en 2009: un ahorro del 23% en la factura
eléctrica). O al menos promoviendo campañas para que la población conozca esta
posibilidad ya que las eléctricas no tienen demasiado interés en comunicarlo a
los potenciales clientes.
La seguridad
eléctrica de los hogares españoles es el segundo motivo de preocupación al ver
los datos de incendios y víctimas mortales. Gran parte de ellos se debe a una
defectuosa instalación. Según los datos publicados por el Ministerio de
Fomento en su estadística Estimación del Parque de Viviendas, el número total
de casas se situó en 2013 en 25.441.306. El dato preocupante es que más de la
mitad de ese parque inmobiliario tiene ya una antigüedad superior a los treinta
años. Y una casa antigua suele ser sinónimo de inseguridad eléctrica.
Más del 50% de las personas que
perdieron la vida el año pasado en sus casas a causa de un incendio eran
mayores de 65 años
En 2000, la Asociación
de Fabricantes de Materiales Eléctricos publicó un estudio (“Libro Azul
de la Electricidad”), aun hoy referente en el sector, según el cual 14
millones de viviendas se encontraban en condiciones deficientes atendiendo al
estado de su instalación eléctrica, con el consiguiente riesgo de accidente y
de posible incendio con origen eléctrico. Es cierto que hoy en día ya pesan
demasiados gastos sobre la vivienda y que la situación económica no es la mejor
para introducir nuevos costes asociados, pero algunos nos preguntamos por qué
no es obligatoria una revisión eléctrica de los hogares como ocurre con el
suministro del gas y si quizá con ella evitaríamos incendios y fallecimientos
como los descritos al inicio de este artículo.
Por último, el
tercer dato que me preocupa y que nos debería preocupar a todos, como sociedad,
es que, según un estudio de FUNDACIÓN MAPFRE, más del 50% de las
personas que perdieron la vida el año pasado en sus casas a causa de un
incendio eran mayores de 65 años. En algunos casos, ancianos con movilidad
reducida fallecieron sin poder hacer nada por salvar su vida. Millones de
ancianos viven solos en sus viviendas y en ocasiones fallecen no solo por causa
directa del inciendio sino tambien por una mala combustion de los gases. Urge
por tanto un “Plan Renove” para las viviendas de nuestros mayores en donde se
incluya una revision de la instalación eléctrica y la adquisición de detectores
de humo y de gases. Es una ayuda de un coste razonable que, directamente,
salvaría vidas.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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