nuevatribuna.es |Antonio
Mora Plaza | Economista| 06 Febrero 2015 - 13:40 h.
La
solución sería aquella en la que el Estado expropiara la patente del fármaco y
que la administración sanitaria correspondiente produjera el fármaco y, a
continuación, el Estado pagara los costes de investigación a la empresa, pero
sólo los costes de investigación
1. El
problema.
El uso del
fármaco contra la hepatitis C por parte de la empresa creadora GILEAD
puede ser considerado sin pelos en la lengua de criminal. El tema ya ha sido
descrito convenientemente por diversos medios escritos, audiovisuales y
digitales, por lo que no entraré más en el detalle del tema, en lo meramente
descriptivo del hecho en sí. Sin embargo no ha sido explicado desde el punto de
vista del análisis convencional que se estudia en las facultades de Economía,
no se han dado soluciones –al menos intelectuales– al mismo; tampoco soluciones
reales –y esto es lo grave– que sirvan a los enfermos en la medida de la
gravedad de su enfermedad. Mejor dicho, no ha sido explicado porque no existe
una explicación plausible con los paradigmas neoclásicos imperantes. Al igual
que de las crisis y de los ciclos, el análisis –antes teoría económica–
económico convencional no puede elucidar ni sospechar de su existencia, tampoco
desde el análisis convencional existe explicación ni solución al encontronazo
de dos derechos: el de la salud y el de libre establecimiento de empresa. A lo
más que llegaba y llega el análisis convencional es de que se trata de uno de
los fallos de mercado, pero entendido como excepción a la bondad de lo
estudiado. El problema es que no son fallos de mercado sino características
de mercado, de ciertos comportamientos económicos que la teoría
convencional es incapaz de interpretar, explicar e incardinar, razón por la
cual es necesario cambiar los planes de estudio. Pero la cosa tiene mucha
trascendencia, porque estamos hablando de que han muerto miles de personas dado
que la farmacéutica ha puesto un precio que resulta inasequible para los países
cuya Sanidad está privatizada o casi; también porque sirve de coartada para los
políticos que, como Rajoy, son capaces de ir a dormir a pesar de que sean
conscientes de que han muerto miles de españoles y que pueden morir más porque
muchos de los directores del Sistema Público de Salud nombrados por los
presidentes autonómicos del PP actúan como comisarios políticos, como
meros lacayos del político gallego. Estos directivos niegan o ponen todo tipos
de obstáculos antes de suministrar el fármaco a tiempo con el fin de cumplir el
mandato de Rajoy de ahorrar costes, tratando al Sistema Público de Salud como
empresa privada. Estamos ciertamente ante una actuación criminal no contemplada
en el Código Penal, actuación que tienen que sopesar y dilucidar los votantes
del PP para elegir entre sus tripas y su supuesta conciencia en las próximas
elecciones. Pero desde el punto de vista del análisis estamos ante una
situación mezcla de dos fallos de mercado: el de los efectos externos y
el de los bienes públicos. Desde el primero está claro que no coinciden
los intereses de los afectados y los de la empresa comercializadora; chocan dos
derechos: el derecho a la salud y el derecho de la empresa a poner el precio
que quiera, y más en este caso porque la hepatitis C es contagiosa. En este
caso –como en tantos– buscando el interés particular no se consigue el general,
es decir, no se cumple el paradigma central smithiano. También desde el
punto de vista de los bienes públicos surge la cuestión de la imposibilidad –o
al menos lo indeseable– de discriminar mediante el precio el consumo del bien.
En este caso, un fármaco del que depende la vida o la muerte del enfermo. Ambas
cosas parecería que llevara a la necesidad de elegir: o mercado o salud. Pero
elegir salud no significa renunciar a la competencia entre farmacéuticas ni a
la posibilidad de que empresas privadas investiguen, creen y desarrollen
fármacos y moléculas curativas. A pesar de las apariencias existe una solución
que luego se verá. En efecto, si se permitiera que las empresas pusieran –en
este caso lo hacen– el precio que estimaran conveniente para la venta de
fármacos, que además discriminaran el precio y que, para rematar, pudieran
venderlo a quienes estimaran conveniente en nombre del supuesto derecho a la
economía de mercado, eso chocaría –y choca porque eso es lo que hace la empresa
comercializadora– contra el derecho a la salud gratuita, universal y no
descriminatoria. Por el contrario, si la solución fuera la mera
expropiación podría acabar con la investigación privada de fármacos y de otros
productos relacionados con la salud y sólo quedaría la investigación desde los
presupuestos del Estado.
2. La
solución.
Sería aquella en
la que el Estado expropiara la patente del fármaco y que la administración
sanitaria correspondiente produjera el fármaco y, a continuación, el Estado
pagara los costes de investigación a la empresa, pero sólo los costes de
investigación. El problema principal para esta solución es que la
productora del fármaco es una empresa internacional donde la legislación de un
solo Estado no le alcanza su poder jurisdiccional. No es casualidad porque las
grandes empresas farmacéuticas se hayan convertido en multinacionales
precisamente como mecanismo de defensa ante posibles expropiaciones y otras
actuaciones no deseable para ellas de los Estados. El segundo problema sería el
de calcular los costes de la investigación y producción del fármaco de forma
que no se pagara un exceso a costa de los contribuyentes y que,
simultáneamente, lo pagado no fuera inferior a su coste porque ello podría ser
disuasoria de futuras investigaciones. Para el tema de la expropiación se
necesitaría crear un organismo internacional, dependiente probablemente de la
Organización Mundial de la Salud, cuya finalidad fuera la expropiación de
patentes de fármacos y productos de la salud –y de lo producido en su caso–
cuando el derecho a la producción y comercialización de las farmacéuticas
resultara incompatible con la distribución del fármaco de forma universal,
gratuita y no descriminatoria para los posibles enfermos. Solución hay, pero no
desde el mero mercado, no desde la economía convencional y no desde la
ideología neoliberal, epítome ideológico de lo neoclásico.
Fuente: www.nuevatribuna.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario