Consumidores reclaman al Gobierno
que elimine las tasas judiciales que impuso Ruiz-Gallardón y aclare el destino
del dinero recaudado.
nuevatribuna.es | 19 Febrero 2015 - 19:09 h.
Ante la respuesta del Ejecutivo en el Parlamento sobre el
desconocimiento del fin de los más de 512 millones de euros que la tasa ha
generado, la asociación recuerda que la norma se aprobó para financiar la
justicia gratuita
Facua-Consumidores en Acción reclama al Gobierno que deje de
anunciar revisiones de la ley y elimine de una vez las tasas judiciales que han establecido en
España desde hace dos años una justicia para ricos y otra para pobres. Mariano
Rajoy ha anunciado que el Ejecutivo trabaja en una modificación del sistema de tasas que se incluirá a través de una enmienda
en el Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita que está tramitándose en
el Congreso.
La asociación recuerda que dicho impuesto, en vigor desde
noviembre de 2012, ha limitado el acceso a un derecho fundamental en función de
los recursos económicos que tienen los ciudadanos. FACUA reclama al Gobierno
que deje de tomar medidas en contra de los intereses de los ciudadanos y
derogue de una vez la ley.
Además, FACUA exige al Ministerio de Justicia que aclare
el destino de los más de 512 millones de euros recaudados a través de la
mencionada tasa, que tendrían que haber servido para financiar la justicia
gratuita, tal y como en su día anunció el ministro impulsor de la ley, Alberto
Ruiz-Gallardón. Sin embargo, el pasado 12 de febrero Justicia indicó que
"el Ministerio no dispone de información al respecto" ante la
pregunta del diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví en la Mesa del
Congreso.
Esta ley vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva, tal y como está recogida en el artículo 24 de la Constitución
española
Mientras tanto, las comunidades autónomas que tienen cedidas
las competencias relativas a la administración de justicia gratuita han
indicado que no han recibido ninguna partida procedente de la tasa.
FACUA considera inaceptable que el Gobierno no aclare para
qué se ha utilizado lo que se ha recaudado a través de una medida que lo que ha
provocado es la imposibilidad de hecho para que muchos ciudadanos puedan acudir
a la administración de justicia. A esto se une la falta de recursos materiales
y personales en los juzgados, que hace que estén desbordados y con importantes
carencias y retrasos, que dejan en evidencia que no han sido el destino de los
fondos recaudados.
La asociación rechaza la respuesta del Ministerio, que
indica que "no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda
la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico" y exige
al ministro Rafael Catalá que explique para qué sirve entonces
la recaudación a partir de una ley que se aprobó con la oposición de jueces,
abogados, procuradores, fiscales y el resto del sector de la Justicia.
Desde finales de 2012 la ley obliga a los ciudadanos que
presentan una denuncia a pagar una tasa fija dependiendo del litigio (y cuya
cantidad aumenta en el caso de presentar un recurso en primera instancia o ante
el Supremo) y otra tasa variable sobre el valor de lo reclamado hasta un máximo
de 10.000 euros, salvo para las personas que tienen derecho a la justicia
gratuita (determinado por un criterio de renta). Son obligatorias en el caso de
demandas civiles y contencioso-administrativas.
FACUA recuerda que esta ley, recurrida en el Tribunal Constitucional por parte de
numerosas comunidades autónomas, vulnera el derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva, tal y como está recogida en el artículo 24 de la
Constitución española. Esto es, impide el acceso de los ciudadanos a la
Administración de Justicia para defender sus legítimos intereses. La Audiencia
Nacional ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad en el mismo
sentido.
La asociación advierte que el acceso a la justicia es un
derecho fundamental y el Estado debe garantizarla en condiciones de igualdad a
toda la ciudadanía.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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