El Gobierno se
ha plegado a la presión, tanto a escala nacional como internacional, para
implementar reformas fiscales con la esperanza de que llenen las arcas públicas
sin apagar la débil luz de la recuperación económica antes de las elecciones de
2015.
Pero el
ejecutivo se enfrenta a una serie de desagradables decisiones políticas al
aumentar los ingresos fiscales, entre los más bajos en Europa, sugiriendo que
repartirá la mayor presión fiscal entre un público exhausto por la recesión,
sin poner en peligro sus posibilidades de mantenerse en el poder.
Los ingresos
públicos se han reducido casi en 50.000 millones de euros desde que comenzara
la crisis hace ya seis años, dejando los ingresos públicos en 2012 en un 36,4
por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), cerca de diez puntos porcentuales
por debajo de la media de la Unión Europea.
“Nuestro
sistema fiscal, sencillamente, no sirve”, dijo el presidente de la organización
de inspectores fiscales IHE, Ramses Pérez Boga. “No proporciona al Estado los
recursos que necesita, especialmente en períodos de crisis económica, cuando
aumentan las prestaciones de subsidio por desempleo”, añadió.
Fuentes
cercanas al Tesoro, expertos contables e inspectores fiscales dijeron que, en
lugar de aumentar los impuestos, el Partido Popular podría centrarse en ampliar
su base fiscal después de que su apoyo electoral se haya reducido a la mitad
desde su llegada al poder a finales de 2011, cuando prometió no subir los
impuestos.
Según los
expertos, es posible que la reforma incluya la eliminación de desgravaciones
fiscales en el impuesto sobre las rentas o sobre los ingresos de sociedades,
incluyendo complejos reglamentos fiscales para pequeños empresarios y
deducciones fiscales para propietarios de inmuebles como las dos áreas en las
que se prevén cambios.
En las reformas
listas para entrar en vigor en 2015, el Gobierno quizá se vea forzado a poner
fin a unos considerables descuentos fiscales en algunos productos básicos, una
decisión que puede afectar duramente a los ciudadanos con menor renta.
La reducción de
los ingresos fiscales es particularmente dolorosa para un país que, incluso
después de recortes en el gasto público, continúa luchando para reducir uno de
los déficit públicos más altos de la zona euro.
Los déficit
estructurales se han hecho evidentes cuando disminuyeron los ingresos fiscales
relacionados con la burbuja inmobiliaria, dificultando cada vez más al gobierno
la tarea de pagar las pensiones y unos subsidios por un desempleo récord.
ELIMINANDO
VACÍOS LEGALES
En los últimos
meses, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea pidieron a
España que acometiera reformas en su sistema de impuestos, centrándose en
ampliar su base fiscal.
“La recaudación
de ingresos no se está haciendo de una manera muy eficiente. El balance entre
el tipo impositivo y la cuantía recaudada no es muy bueno”, dijo en junio James
Daniel, el director del equipo destinado por el FMI para España.
Una fuente
cercana al Tesoro dijo que el Gobierno planea “una revisión muy generalizada”
de todo el sistema fiscal.
El “think tank”
Fedea estima que, en 2012, algunos vacíos legales permitieron a las empresas
esquivar 2.600 millones de euros en pagos de impuestos potenciales, mientras
las deducciones en el impuesto sobre la renta ascendieron a 10.300 millones de
euros.
“Los tipos
impositivos en España son ya relativamente altos, pero los ingresos públicos
son bajos. Esto se produce por un gran número de exenciones fiscales que deben
ser eliminadas”, dijo Ignacio Conde-Ruiz, economista en Fedea.
Pero la teoría
es más fácil que la práctica.
El impuesto de
sociedades es del 30 por ciento, por encima de la mayoría de los países
desarrollados, pero la recaudación es de un 1,9 por ciento del PIB frente al
2,7 por ciento de media en la Unión Europea. Así, la recaudación en España por
este impuesto solo representa el 10 por ciento de los ingresos públicos.
Los ingresos
fiscales corporativos se han reducido un 21,5 por ciento desde la explosión de
la burbuja inmobiliaria en 2008 y la correspondiente caída de los beneficios.
Las grandes
empresas españolas han acelerado su expansión extranjera, seguidas por las
medianas empresas, contabilizando una mayor parte de sus beneficios fuera de
las fronteras españolas.
Un análisis de
Reuters de las 35 mayores compañías españolas muestra que el número de filiales
extranjeras registradas en países con regímenes fiscales favorables se dobló de
273 en 2009 a 517 en 2012, un proceso que los expertos fiscales tildan de
perfectamente legal.
“Hay una
tendencia global en los impuestos corporativos para registrar una proporción
más baja de beneficios”, dijo un experto en Madrid en una empresa de
contabilidad internacional. “No se espera que los ingresos fiscales de las
empresas en España vuelvan a marcar los máximos registrados durante la
burbuja”, añadió.
¿AUMENTO DEL
IVA?
La recaudación
de ingresos fiscales se ha visto afectada por una elevada tasa de paro,
superior al 26 por ciento. Representaba el 7,4 por ciento del PIB en 2011, un
nivel medio dentro de la Unión Europea, según datos de Eurostat.
En este caso,
el Gobierno quizá se decida por reducir el número de tramos fiscales, aunque el
presidente Mariano Rajoy ya prometió volver a bajar en 2015 la subida temporal
del IRPF y rebajar el tipo impositivo para los salarios más bajos.
Una tercera
opción es la de impulsar la recaudación del IVA, la segunda principal fuente de
ingresos después del IRPF, al representar algo menos de una tercera parte de
los ingresos estatales y, en términos de PIB, es la más baja de Europa.
Bruselas se
queja de que el sistema español permita que muchos artículos solo paguen el
impuesto superreducido, con un tipo impositivo del 4 por ciento.
Tres años de
flojas ventas minoristas han golpeado los ingresos por el IVA, además de una
economía sumergida estimada en cerca de 200.000 millones de euros, o lo que es
lo mismo, una quinta parte del PIB.
Aumentar el
número de artículos que paguen el tipo normal del IVA del 21 por ciento podría
ser arriesgado políticamente, especialmente después de una subida de este
impuesto en tres puntos el año pasado, y causaría una situación difícil para
Rajoy, que prometió no tocar el IVA en el futuro.
El Gobierno ya
ha comenzado a poner en marcha algunas medidas para aumentar los ingresos,
incluyendo subidas de impuestos temporales. Además, el ejecutivo español ya
dijo en junio que eliminaría las desgravaciones fiscales corporativas.
La lucha contra
el fraude, como en el caso del futbolista del Barcelona Lionel Messi, que pagó
5 millones de euros al fisco en septiembre, además del cocinero premiado Sergi
Arola, al que le embargaron la bodega, han ocupado titulares en la prensa.
Pero el número
de inspectores fiscales se reducirá por la política de reducción de costes que
no permite sustituir a los inspectores jubilados por nuevos contratados, según
representantes de la unión de inspectores fiscales Gestha.
reuters.com
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