El Gobierno aflojará la fiereza con la que usó la tijera en las cuentas
públicas anteriores, pero aún tendrá que recortar para compensar la inercia por
la que crece parte del gasto público.
La partida de desempleo también se reducirá por el menor número de
personas con derecho a prestación.
Los recortes farmacéuticos, como el copago, o la tasa Wert en las
Universidades serán otros elementos claves de la dieta del Estado
25/09/2013 - 20:06h
El
viernes se presentan los Presupuestos, el día grande de cualquier ministro de
Hacienda
La troika, Bruselas, los
hombres de negro, el Gobierno, los mercados... los responsables o
corresponsables de la estricta dieta de adelgazamiento a la que lleva sometido
el gasto público en España, han levantado el pie del freno. El consenso
internacional ante la necesidad de suavizar los ajustes para empezar a dar paso
a la recuperación se traducirá en los Presupuestos Generales que el Ejecutivo
presentará este viernes en Consejo de Ministros. Los efectos de este alivio se
traducen ya en la mejoría de las previsiones económicas para 2014, que sitúan a
España con un crecimiento de entre el 0,5% y el 1%.
Sin embargo, completados los
grandes recortes, el Gobierno no queda libre de hacer más ajustes para contener
el gasto y cumplir así la senda de déficit comprometida con los socios
europeos. Este ejercicio (2013) las cosas ya van mal para Hacienda, que hasta
agosto tiene un déficit acumulado del 4,62%, lo que hace muy difícil que cumpla
su objetivo con Bruselas. Para 2014, el recorte esbozado en la senda inicial
era de poco menos de 1.000 millones de euros para el Estado, pero terminará
siendo más si no se controla el gasto en lo que queda de año.
El gasto estatal es muy difícil
de domesticar, ya que algunas de las principales partidas crecen
inexorablemente por la inercia de su propia composición. En primer lugar las
pensiones, que crecen a un ritmo superior al 4%, debido al envejecimiento de la
población y a las mejores bases de cotización (sueldos) de los nuevos
jubilados.
Hasta el viernes no se sabrá
qué sucederá con las prestaciones de jubilación para 2014, ya que es esta
semana cuando se decide la revalorización prevista para el próximo ejercicio.
Hasta ahora lo habitual era fijar la subida con la inflación prevista por el
Banco Central Europeo (que se tomaba el 2% que el supervisor tiene como
objetivo), pero la crisis hizo que tanto el Gobierno de Zapatero como el de
Rajoy se hayan saltado esta referencia. De hecho, este mismo viernes podría ser
la puesta de largo del nuevo factor de revalorización propuesto por los sabios,
y que desliga la subida a las pensiones del IPC.
Este factor tiene en cuenta
otros elementos –principalmente el balance de la Seguridad Social– para decidir
si sube las pensiones un mínimo estipulado del 0,25% o se puede abrir más la
mano para conservar el poder adquisitivo de los pensionistas. La ministra de
Empleo, Fátima Báñez, ha dejado abierta la posibilidad de mejorar los ingresos
del sistema, algo que se puede hacer con una transferencia o con un crédito vía
impuestos, para no aplicar de forma estricta este factor.
Será muy difícil, en cualquier
caso, ver subidas por encima del 1%, sobre todo porque el Ejecutivo cuenta con
el colchón de que este mes de noviembre, mes en el que tradicionalmente se toma
como referencia para las pensiones, la inflación estará por debajo de esa
cifra. Tampoco se espera que 2014 sea un año con altas subidas de los precios,
lo que da margen para que el Ejecutivo intente abrocharse el cinturón con esta
partida.
Intereses
de la deuda y paro
Los otros grandes gastos del
Estado también son muy difíciles de embridar, aunque los factores externos se
están aliando con el Estado para contener el gasto. Atender los intereses de la
deuda se llevó casi 40.000 millones de euros el año pasado. Sin embargo, la
bajada de la prima de riesgo y la reducción del tipo de interés español van a
lograr que este servicio de la deuda no crezca con el mismo vigor que en años
anteriores e, incluso, gracias a la amortización de la deuda más cara, se
podría reducir.
Las prestaciones por desempleo
son otra de las partidas que consumen el Tesoro español. La caída de los
beneficiarios de una prestación llevará, con casi toda probabilidad, a que el
Gobierno reduzca la cuantía destinada a esta partida, que ya en 2013 se redujo
en un 6,3%. Aunque los organismos internacionales, coinciden en que la tasa de
paro seguirá aumentando, el número de parados que tengan derecho a cobrar una
prestación se reducirá drástricamente. La cobertura, esto es, los parados que
cobran prestación, ya ha caído a poco más del 60% de este colectivo. Y la
tendencia sigue a la baja.
Otro de los principales
quebraderos de cabeza del ministro de Hacienda de turno al hacer las cuentas es
encajar las nóminas de los casi 600.000 empleados que dependen de la
Administración General del Estado. Aunque Rajoy ya se comprometió esta misma
semana en el Congreso a no quitarles de nuevo una paga extra, todo apunta a que
este viernes se anunciará, un año más, la congelación de sus sueldos.
Con este será el quinto año
consecutivo en el que los empleados públicos perderán poder adquisitivo. Además
de las congelaciones, en 2010 y 2012 registraron dos recortes de sueldo (el
primero del 5% de media y el segundo al quitar la extra que les redujo un 7% la
nómina de aquel año). Así las cosas, con la inflación acumulada en estos años,
el poder adquisitivo de los funcionarios habrá caído alrededor de un 20%.
A pesar de esta congelación, la
masa salarial tiene como auténtico contrapeso la reducción real del número de
funcionarios, consecuencia de la política de tasa de reposición cero, que está
esquilmando la plantilla de la Administración General del Estado ante la avalancha
de jubilaciones. Este ERE silencioso en la
plantilla pública es el auténtico muro de contención del gasto en recursos
humanos del Estado.
Otros
recortes
Los otros grandes gastos del
Gobierno, como la factura farmacéutica o las transferencias o las becas, ya han
sufrido un tajo a lo largo de 2013, con medidas como el copago o la política
restrictiva de becas del ministro José Ignacio Wert. El Ejecutivo también
intentará trasladar a las partidas de contabilidad del Gobierno sus anunciados
ahorros fiscales, en medidas como la supresión de empresas públicas o la fusión
de organismos. "El adelgazamiento de la Administración" tendrá sin
dudar que traducirse de forma tangible en las cuentas públicas.
Lo esperable, en cualquier
caso, es que el Ejecutivo se reserve alguna sorpresa, positiva o negativa,
dentro de las cuentas públicas, habitual chistera de los Gobiernos para
sorprender al electorado. Como las cuentas públicas se diseñan ahora para
contentar más a la troika que a los contribuyentes, aún puede anunciarse algún
recorte de última hora para dar ejemplo del compromiso del Gobierno en su senda
de austeridad. En cualquier caso, en partidas de gasto corriente poco, o nada,
queda por limar. En general, las partidas de gasto serán prácticamente iguales
que en años posteriores. Las primeras que se han conocido, las del Parlamento,
que se recortarán entre un
0,21% un 0,31%. La navaja de Hacienda aún puede rebanar partidas como
Dependencia, Ayuda Oficial al Desarrollo o todo tipo de subvenciones. También
las ayudas asistenciales o a la formación como el plan PREPARA.
Las otras sorpresas podrían
venir por el lado de los ingresos. La eliminación de ciertos privilegios
fiscales a las empresas, sobre todo a las grandes empresas, redundará sin duda
en mejorar la partida de ingresos, que recibirá muy pocas alegrías por su
principal fuente: la renta de los trabajadores. Montoro ya advirtió que este
año no se moverán los márgenes del IRPF, que en su día prometió bajar para
eliminar lo que calificó de "recargo temporal de solidaridad".
También la fiscalidad
medioambiental se dejará percibir en estas nuevas cuentas que, con todo,
necesitarán de algún ingreso extra para poder compensar la inercia del Estado.
El año pasado la sorpresa fue, por ejemplo, el nuevo impuesto de Loterías.
Fuente: http://www.eldiario.es/
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