Artículos de Opinión | Borja Ribera | 27-09-2013 |
El movimiento articulado en torno al secesionismo
lingüístico en el País Valenciano, el llamado blaverismo, es, sin lugar a
dudas, una de las expresiones sociopolíticas más singulares de la España
reciente. Sus orígenes los encontramos en un regionalismo valenciano, el de las
décadas de los cincuenta y sesenta, fuertemente instrumentalizado por la
dictadura franquista y capitalizado por la burguesía. Regionalismo y burguesía
que en la década de los sesenta empezaron a dar las primeras muestras vigorosas
de anticatalanismo, sobre todo a raíz de la publicación de Nosaltres els
valencians (Joan Fuster, 1962), obra que sienta las bases teóricas del
nacionalismo valenciano que se desarrollará a partir de entonces y que irá
calando, en mayor o menor media, en gran parte de la oposición antifranquista.
El eje central del blaverismo es la contraposición de un
supuesto valencianismo de carácter regionalista frente al
"catalanismo", que es como denominan al valencianismo estrictamente
nacionalista. Otro de sus rasgos característicos es la confusión, intencional o
no, de la identidad de los valencianos como pueblo con las señas de identidad propias
de la ciudad de Valencia. Esto explica que apenas haya tenido trascendencia
fuera del área de influencia de la capital, con la posible excepción de las
comarcas del sur de la provincia de Alicante. Allí fue impulsado por Vicente
Ramos, personaje vinculado a la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia que
promovía la artificial región Sureste; una región integrada por las provincias
de Murcia, Almería y Alicante con la que aspiraba a distanciar al máximo
Alicante de Valencia, tanto cultural como económicamente. Un valencianista de
lo más insólito que, por cierto, resultó elegido diputado por Unión
Valenciana-Coalición Popular en las elecciones generales de 1982 y que fue uno
de los miembros más destacados de la secesionista Academia de Cultura
Valenciana hasta su muerte en 2011.
No es posible hablar de blaverismo sin referirse a la fuerza
de choque del movimiento y primera organización genuinamente blavera, el Grup
d’Accio Valencianista (GAV), fundado en 1977 y que sostuvo una intensa
actividad violenta desde 1978, generalmente en colaboración con grupos
fascistas. De hecho, la línea divisoria entre el blaverismo y la ultraderecha
clásica ha sido siempre, sobre todo a efectos prácticos, extremadamente difusa.
Por otra parte, se ha especulado mucho sobre el papel de UCD en la
consolidación del movimiento blavero, y lo cierto es que destacados militantes
anticatalanistas han reconocido que UCD financió al GAV y se vanaglorian de
haber sido un instrumento de éstos. Además, Rafael Orellano, primer presidente
del GAV, fue concejal electo de UCD en el Ayuntamiento de Valencia en 1979.
Las elecciones de 1977 fueron ganadas ampliamente por la
izquierda en el País Valenciano en claro contraste con la tendencia mayoritaria
en el resto de España. En ellas los partidos genuinamente nacionalistas
obtuvieron unos resultados bastante discretos, sin obtener ningún
representante, pero lo cierto es que más allá del apoyo electoral explícito, la
cuestión nacional había calado en un espectro social considerable,
especialmente entre el electorado de izquierdas. Tras la derrota electoral es
cuando UCD empieza seriamente a replantear su estrategia en tierras valencianas
y a tender puentes hacia una maniobra anticatalanista ya iniciada por los
sectores más nítidamente franquistas. Tampoco hay que olvidar lo que podía
suponer para el establishment madrileño tener abiertos y fuera de control
sendos procesos autonómicos en Cataluña y en el País Valenciano, máxime cuando
en el caso valenciano empezaba a tomar fuerza una conciencia tendente a estrechar
vínculos con sus vecinos del norte. Es significativo que en las elecciones de
marzo de 1979, con el proceso de crispación anticatalanista ya plenamente
consolidado, la ventaja de los partidos de izquierda en la ciudad de Valencia
se redujera del 12,93% al 0,44% respecto a junio de 1977, es decir, en un
espacio de tiempo de apenas veinte meses. Este desgaste también es perceptible
en localidades de los alrededores de la capital, especialmente en las zonas sur
y oeste, mientras que en el resto del País Valenciano el apoyo a la izquierda
se mantuvo e incluso aumentó, como en el caso de la provincia de Castellón.
La expansión y consolidación del blaverismo en la segunda
mitad de la década de 1970 no se entiende sin la amplia cobertura
institucional, económica y mediática que recibió. Hoy resulta difícil concebir
la absoluta impunidad con que llevaban a cabo amenazas constantes, boicots
contra autoridades democráticas y todo tipo acciones violentas. Es muy dudoso
que haya habido en la moderna democracia española algún fenómeno de estas
características que no haya derivado en contundentes consecuencias judiciales.
Tampoco hay que dejar de lado la actitud de partidos como UCD o Alianza
Popular, por no mencionar otros como Fuerza Nueva o Unión Regional Valencianista,
que se mostraron reacios a condenar dichas acciones cuando no fueron
directamente cómplices de ellas.
Normalmente se observa una tendencia a desdramatizar, cuando
no a obviar, los acontecimientos ocurridos en Valencia en aquellos años. Pero
si atendemos únicamente a los atentados con bomba dirigidos contra el
nacionalismo y la izquierda nos encontramos con una cifra que ronda la docena;
y esto en un lapso temporal de unos tres años (1978-1981). La conclusión
inevitable es que sólo una inmensa fortuna fue la responsable de que estos
atentados no dejaran víctimas mortales. Es habitual oír que estas acciones
fueron de poca entidad, que los artefactos eran bombas caseras. La prueba más
evidente de que no fue así es el segundo atentado contra Joan Fuster (1981),
que fue de una potencia y sofisticación muy notables y del que salvó la vida de
puro milagro. También la bomba que explotó una semana después en el rectorado
de la Universidad de Valencia fue bastante potente, como también lo fue la que
estalló en el XIX Aplec del País Valencià (1978) dejando los servicios de la
plaza de toros de Valencia completamente destrozados y que sin duda hubiera
provocado daños fatales a cualquiera que pasara allí. Y esto por poner algunos
ejemplos. Formalmente no se puede acusar a nadie de estos atentados, dado que
las investigaciones, suponiendo que las hubiera, no prosperaron en ningún caso.
No obstante, la entidad de los objetivos hace que las sospechas apunten
automáticamente en la dirección de sus adversarios políticos. En todo caso, se
observa una capacidad logística y operativa que hace difícil creer que éstos
los cometieran incontrolados blaveros y/o fascistas de manera autónoma.
Mención especial merecen los hechos que rodearon la muerte
del filólogo Manuel Sanchis Guarner. El lunes 4 de diciembre de 1979 sufre un
intento de atentado con bomba; el artefacto era un paquete con medio kilo de
pólvora prensada con metralla y envuelto en dos papeles de una marca de
turrones que fue entregado a su esposa. El paquete levantó las sospechas del
filólogo quien llamó a la Policía que procedió, según algunas versiones, a
detonarlo de manera controlada. Días después aparecía publicada en el diario
Las Provincias una carta del entonces presidente del GAV, Pascual Martín
Villalba, en la que sugería, ante las sospechas sobre su posible implicación,
que el incidente podía haber sido autoprovocado por el propio Sanchis Guarner.
El 9 de junio de 1980 da comienzo el juicio contra Martín Villalba por
presuntos delitos de injurias y calumnias; la acusación ganó este juicio, pero
en un nuevo hecho insólito el Tribunal Supremo dictó finalmente sentencia, el
23 de noviembre de 1981, a favor de la defensa. Tres semanas después un infarto
acababa con la vida de un Sanchis Guarner profundamente afectado por la
sentencia.
Otra de las fórmulas habituales del activismo blavero fue el
sabotaje de actos institucionales y el acoso a intelectuales y representantes
electos de los partidos de izquierda. Algunos de estos episodios no pasaron de
ser alborotos sin demasiada trascendencia, sin embargo hubo otros
extraordinariamente graves. En no pocas ocasiones grupos de exaltados trataron
de asaltar edificios oficiales armados con palos y cuchillos, también se
consumaron numerosas agresiones físicas. En este sentido destacan los
acontecimientos ocurridos el 9 de octubre de 1979, cuando estuvo a punto de
producirse una verdadera tragedia ante la pasividad de los agentes de la
Policía Nacional. Un episodio particularmente revelador es el que tuvo lugar el
14 de julio de 1980 en la sede de la Diputación Provincial de Valencia;
entonces la Policía detuvo a cuatro personas aparentemente involucradas en una
agresión al presidente de la Diputación que fueron puestas en libertad sin ni
siquiera prestar declaración. Ésta fue la única ocasión en que hubo detenciones
relacionadas con este tipo de hechos. En definitiva, la connivencia entre los
violentos y las instituciones del Estado parece clara en este punto. Si a esto
le sumamos que muchos alborotadores quedaron claramente identificados en un
reportaje de la revista Valencia Semanal de finales de 1979, la conclusión es
todavía más evidente.
Un último aspecto del blaverismo que cabe apuntar es el de
su dimensión cultural. Desde mediados de los setenta fue conformando,
fundamentalmente en Valencia, un denso tejido asociativo. En diciembre de 1976
se funda Promoción de la Cultura Valenciana S.A. (PROCUVASA), entidad de la que
eran fundadores y accionistas figuras destacadas del empresariado valenciano.
La dirección de la sede de PROCUVASA, en el número 9 de la calle Cronista
Carreres de Valencia, pronto se convertiría en un punto de referencia para el
blaverismo. Allí se instalaron el Consell Valencià -una réplica fantasma del
Consell oficial-, la revista blavera Murta, el GAV, y, además, en los bajos de
esta dirección se ubicaba la sede provincial de UCD. Por su parte, la
Federación Coordinadora de Entidades Culturales del Reino de Valencia (FCECRV),
fundada en 1978, sería el paraguas que daría cobijo a organizaciones como GAV,
el carlista Círculo Aparisi Guijarro, Academia de Cultura Valenciana, Lo Rat
Penat y otros grupúsculos del blaverismo más radical.
En un plano más anecdótico, hay un episodio absolutamente
delirante que da buena cuenta la enfermiza obsesión del blaverismo por desvincular
la lengua catalana de su variante valenciana. A principios de los años ochenta
circulaba por los ambientes secesionistas un tal profesor Bernard Weis del
Departamento de Filología Románica de la Universidad de Múnich. Este señor
enviaba ponencias a conferencias, escribía artículos e incluso concedía
entrevistas, siempre sustentando las tesis del secesionismo. Pues bien, en
abril 1985 se reveló que en la Universidad de Múnich no conocían a nadie con
ese nombre, en pocas palabras, que la existencia de la supuesta eminencia era
pura fantasía. Por si esto fuera poco, el profesor Weis asistió, según Las
Provincias, al I Congrés de Llengua Valenciana celebrado en Elche entre los
días 17 y 19 de mayo del mismo año. Después nunca más se volvió a saber de él.
A partir de la década de 1980 el blaverismo, aunque
persistió en sus actividades violentas, se canalizó políticamente a través de
Unión Valenciana, partido fundado en 1982 entre otros por Miguel Ramón
Izquierdo, último alcalde de Valencia durante la dictadura. Este partido se
presentó en las elecciones de 1982 en coalición con Alianza Popular, y sería
quien acabaría entregando al Partido Popular la alcaldía de Valencia (1991) y
la Generalitat Valenciana (1995). En la actualidad, aunque formalmente no está disuelto,
el partido ha terminado virtualmente fagocitado por un PP que acabó por
integrar a muchos de sus dirigentes y asumiendo su discurso en una versión más
ambivalente. El discurso secesionista también ha recibido el apoyo entusiasta
de voceros del establishment madrileño como Federico Jiménez Losantos o César
Vidal; asimismo, la Monarquía se ha empeñado en legitimarlo en contra de la
opinión de la práctica totalidad de la comunidad científica especializada, así
el Rey concedió a la secesionista Academia de Cultura Valenciana el título de
Real en 1991.
En conclusión, es difícil ver en el blaverismo otra cosa que
un instrumento de los sectores tradicionalmente hegemónicos de la burguesía
valenciana que, estrechamente vinculados a Madrid, aspiraban y aspiran a
preservar su hegemonía a cualquier precio.
Extractado y adaptado por el autor de su trabajo más extenso
sobre el mismo tema:
LOS RICOS SON MÁS TRAMPOSOS QUE LOS POBRES
No es extraño escuchar, como justificación para algún delito menor,
que la corrupción y la deshonestidad derivan de necesidades económicas insatisfechas
de determinados segmentos de la población.
Artículos de Opinión | Manuel E. Yepe* | 27-09-2013
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Tal argumento no se sostiene a la luz del comportamiento del
opulento uno por ciento de la población estadounidense que es dueño del 40 % de
la riqueza nacional de los Estados Unidos.
Aunque la estructura financiera de la nación estadounidense
–como la de todos los países capitalistas- está diseñada para favorecer a las
capas privilegiadas de la población dueñas del capital, cada una de las corporaciones
y cada supermillonario por separado dedican ingentes recursos a estudiar las
formas y maneras de sacar beneficios de todo vericueto legal, cada ángulo y
cualquier omisión legislativa que les pueda propiciar privilegios adicionales.
Ello incluye el estudio de métodos aplicables para el soborno de políticos y
otros medios ilegales o pseudo-legales encaminados al incremento de sus
beneficios a costa de los recursos que dejen de ingresar al fisco para ser
dedicados a objetivos de beneficio social.
En los países capitalistas más desarrollados, los dueños de
las mayores fortunas y las grandes corporaciones sufragan equipos de talentosos
expertos, con todos los recursos más modernos de la tecnología y la ciencia,
dedicados exclusivamente a trucar los sistemas impositivos destinados a
recaudar los fondos que financian la salubridad, la educación y los servicios
sociales del grueso de la población.
En cambio, los superricos crean y operan fundaciones “sin
fines de lucro” supuestamente consagradas a financiar proyectos filantrópicos,
ambientales, culturales o caritativos, que en mayor o menor grado encubren
propósitos evasivos de impuestos.
Es impresionante la cantidad de trucos y deshonestidades en
que incurre este acaudalado segmento de la sociedad norteamericana para
expandir sus fortunas solo mediante la evasión de impuestos.
El periodista Dennis Sander, en un trabajo titulado “The
Corporate Tax Dodgers (Los evasores corporativos de impuestos)” que publica la
revista impresa y digital Freedom Socialist en su número de agosto-septiembre
de 2013, define como dos caras de la misma moneda las acciones de evitar y las
destinadas a evadir impuestos que practican estos grandes contribuyentes.
Evitar los impuestos se considera legal porque se ajusta a
mecanismos mediante los cuales las pérdidas y los beneficios financieros pueden
ser relocalizados o reclasificados a fin de no pagar impuestos, en tanto que la
evasión si se califica como delito. “Pero si observamos los hechos por encima
de las etiquetas, veremos que prácticamente no se diferencian”.
Se estima que el 50% del comercio mundial pasa por los
llamados paraísos fiscales que son países, o zonas dentro de países, libres de
impuestos o con impuestos muy reducidos. Suiza, Bahamas, Islas Caimán,
Singapur, Hong Kong y Holanda se citan como los más conocidos, pero hay más de
80 de ellos en el mundo y mueven entre 21 y 32 miles de millones de dólares
cada año. La cifra no es exacta porque los capitales de la elite mundial que
por ellos transita requieren de gran discreción, cuando no de absoluto secreto.
Sanders cita el caso de la corporación Apple que el pasado
año trasladó 100 mil millones de dólares a una subsidiaria en Irlanda para
evadir impuestos sobre utilidades. O el del multimillonario presidente de
Microsoft, Bill Gates, cuya gigantesca Fundación Gates le ahorró, solo el
pasado año, 18 mil millones de dólares mediante operaciones de “ayuda”
filantrópica a África.
Hace notar el periodista-investigador Dennis Sanders que hay
una gran variedad de formas que se utilizan para estimar las pérdidas de
ingresos al fisco que causan los paraísos fiscales. “Por ejemplo, solo en el
año 2011, las finanzas de los estados que forman parte de los Estados Unidos
perdieron en su conjunto $39 mil millones y el Gobierno Federal dejó de
ingresar $150 mil millones, según estimados conservadores basados en tasas de
ganancia bajas.
De hecho, se promueve una “competencia fiscal” entre países,
ciudades e incluso regiones de un mismo país por ver quien ofrece mayores
beneficios fiscales y otras ventajas al capital peregrino. Ello se suma a los
esfuerzos del Fondo Monetario Internacional por hacer que los países subdesarrollados
liberalicen sus sistemas tributarios para hacerse más competitivos y atraer o
mantener nuevos negocios.
A esto, agréguense otras deshonestidades en la contabilidad
tan reprochables como las citadas, imputables a los insaciables dueños del capital,
y compruébese que no son los pueblos –ni los más menesterosos- los que
promueven la corrupción y los delitos económicos.
*Manuel E. Yepe, periodista cubano especializado en política
internacional.
Enviado por el autor a: Martianos-Hermes-Cubainformación
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