La
reforma de la Ley de Costas, que en la actualidad está en trámite en el Senado,
no solo desprotege una parte significativa del litoral y abre la puerta a su
privatización.
España |
Tercera Información | 12-03-2013 |
Supone
además un despilfarro de dinero. Si la reforma entra en vigor, se tirarán por
la borda buena parte los 180 millones de euros empleados para deslindar la
costa, según denuncia Ecologistas en Acción.
A lo largo
de los últimos veinticinco años, las administraciones públicas desarrollaron
largos y complicados trámites para delimitar las franjas de costa que son
públicas. Se establecieron Dominios Públicos Marítimos Terrestres (DPMT) en la
primera línea del litoral, seguidos de zonas de servidumbre de diferente
longitud. Para fijar estas áreas de protección, es decir, para efectuar los
trámites de deslinde, fueron necesarios estudios sobre el terreno, fotografías
aéreas, informes técnicos y, en muchas ocasiones, procesos judiciales y pago de
compensaciones.
Ecologistas
en Acción calcula, en base a datos oficiales de inversión y estimaciones
propias, que esos deslindes costaron cerca de 180 millones. Una cantidad que
será desperdiciada, en buena medida, si la reforma de la Ley de Costas pasa los
trámites de aprobación en el Senado como ya lo hizo en el Congreso de los Diputados.
La reforma
incluye arbitrariedades y vaguedades que abren la puerta a la anulación de
deslindes. Excluye, por ejemplo, determinados núcleos de población del DPMT sin
ninguna argumentación técnica. Una exclusión que es grave en si misma, pero que
además, se reclame la misma excepción en otros puntos del litoral, con los
consiguientes procesos judiciales y administrativos. La reforma presentada
permite además la desafección de zonas que quedan al interior de los paseos
marítimos, poniendo en riesgo la protección actual de las zonas de servidumbre
frente a la especulación urbanística
Estas y
otras ambigüedades, sujetas a interpretación, conducirán a la inseguridad
jurídica con la nueva reforma, en caso de ser aprobada. Y llevarán a anular el
trabajo realizado por profesionales de la administración pública para proteger
el litoral. No se puede establecer cuántos deslindes se verán afectados,
precisamente por el carácter ambiguo de la reforma. Pero, en todo caso,
supondrá un gasto de tiempo y de dinero poco coherente con la supuesta política
de austeridad a toda costa promovida por el Gobierno. P.-S.
Nota: Los
cálculos han sido realizados en base a datos de la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios y de los
Presupuestos Generales del Estado.
La
Disposición adicional tercera de la reforma, que trata sobre el deslinde en
determinados paseos marítimos, reza así: La línea exterior de los paseos
marítimos construidos por la Administración General del Estado o por otras administraciones
públicas con la autorización de aquella, durante el periodo comprendido entre
la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y la entrada
en vigor de la presente ley, se entenderá a todos los efectos como línea
interior de la ribera del mar. La Administración General del Estado podrá
desafectar los terrenos situados al interior de los paseos marítimos, de
conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas.
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