España |
#Acampadasol | 28-03-2013 |
El Grupo de
Trabajo Economía Sol ha realizado un análisis de los planteamientos y acciones
propuestos por la Oficina de Desobediencia Económica, cuyas conclusiones son
las siguientes:
La Oficina
de Desobediencia Económica plantea extender una acción de insumisión fiscal en
la declaración de la renta como herramienta para no pagar la deuda, ni los
gastos militares, ni los gastos de represión social, senado, monarquía e
iglesia. Esta acción se presenta como una forma de hacer efectivo el “No
debemos, No pagamos” en relación a la deuda que no ha revertido en beneficio de
la ciudadanía.
Entendemos
que estos planteamientos contienen errores de base. Por un lado, los impuestos
que pagamos a través del IRPF van a una “caja común” desde la que se financian
tanto la deuda, los gastos militares o de la iglesia como la construcción y el
mantenimiento de hospitales, centros sociales, escuelas o infraestructuras
necesarias. Si a esto añadimos que los recortes en lo público que realizan
estos gobiernos al servicio del capital llevan precisamente a la reducción de
los fondos dedicados a inversiones sociales, podemos deducir que la disminución
de recursos derivada de la insumisión fiscal va a recaer sobre la educación, la
sanidad y las prestaciones sociales y no sobre la deuda o los gastos
policiales, que como hemos visto están aumentando en los últimos presupuestos
generales del estado.
Además, esta
estrategia no sirve para hacer efectivo el “NO DEBEMOS, NO PAGAMOS”, puesto que
el pago de la deuda tiene carácter prioritario frente a cualquier gasto social
tras la reforma del artículo 135 de la Constitución que realizaron con alevosía
PSOE y PP. El no pago de la deuda ilegítima es una posición de firmeza como sociedad
contra los poderes establecidos, y busca precisamente que no sean esquilmadas
las finanzas públicas, lo que es contradictorio con esta propuesta.
Por otro
lado, no creemos que la alternativa a la gestión pública de los impuestos sea
su gestión privada, pues es el pueblo en su conjunto, y no el individuo de
forma aislada, el que debe decidir a qué se dedican estos recursos comunes. En
este sentido, la lucha estriba en recuperar la soberanía popular sobre la
gestión de lo público y lo común. Y estamos en contra de la evasión fiscal,
porque entendemos que todas las personas, en la medida de sus posibilidades,
deben aportar recursos a una caja común que garantice la financiación de
aquellos bienes y servicios que no podemos obtener de manera individual.
Tampoco
estamos de acuerdo con dedicar esta financiación a proyectos de particulares,
por muy loables que sean muchas de las actividades cuya financiación se
propone. Y más cuando también se invita a financiar proyectos privados en los
que no se dan la transparencia ni el control necesarios. Apoyamos de
manera expresa aquellas iniciativas que tienen como objetivos la autogestión,
el apoyo mutuo, la cooperación y la utilidad pública, pero creemos que la
financiación de las mismas no puede llevarse a cabo a costa de reducir los
recursos comunes.
Queremos
poner de manifiesto que esto no implica estar conformes con el actual
sistema tributario, como ya
hemos desarrollado, ni con el destino dado a las cantidades
recaudadas. Defendemos la necesidad de crear mecanismos que eviten la
acumulación de la riqueza y de otros que sirvan para su redistribución. Tampoco
presupone estar o no de acuerdo con el actual modelo de estado. Creemos,
independientemente de la forma de organización social, en la necesidad de
contar con instrumentos que sirvan para obtener los recursos suficientes para
cubrir las necesidades de toda la población por medio de bienes y servicios
comunes cuya gestión sea democrática y participativa.
Invitamos a
las asambleas populares a tener en cuenta estos argumentos a la hora de
analizar la iniciativa de insumisión fiscal propuesta por la Oficina de
Desobediencia Económica.
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